A fines de marzo, la Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió un fallo en el cual se declaró competente para llevar adelante el juicio por la demanda presentada por un grupo de accionistas de SQM, a raíz de los pagos irregulares hechos por la empresa a personeros políticos en Chile, lo que es visto como un duro revés para la minera no metálica.

Pero no sólo por las implicancias patrimoniales que pudiese significar para la empresa -en caso que un fallo adverso la obligara a pagar las indemnizaciones que exigen los accionistas-, sino por las consecuencias indirectas para la compañía que esto pudiera tener, a partir del análisis del fallo al que tuvo acceso Radio y Diario Universidad de Chile.

En marzo de 2015 un grupo de accionistas de SQM presentó una demanda colectiva (Class Action) en la Corte de Nueva York en contra de la compañía: “La demanda colectiva es presentada a nombre de todas las personas que compraron acciones de SQM transadas en la NYSE entre el 30 de junio de 2010 y el 18 de junio de 2015 (Class Period)”, señala el escrito.

El libelo fue presentado tiempo después de conocerse las denuncias por financiamiento irregular de políticos a través de boletas ideológicamente falsas, ya que consideran que estas revelaciones produjeron una caída en el valor de las acciones de SQM que se transan en la bolsa de New York (NYSE), conocidas como American Depositary Shares (ADS), en un 15 por ciento.

A esto, se suma la pérdida de otro 15 por ciento en el valor accionario luego de la renuncia a la directiva de SQM de los representantes de la canadiense Potash Corporation of Saskatchewan (PCS), razón por la cual este grupo representado por la británica Tyne and Wear Pension Fund, presentaron la demanda por pérdidas que alcanzan los 4,4 millones de dólares.

De hecho, ya en enero de este año la empresa pagó 30 millones de dólares en total al Departamento de Justicia -que la acusaba de falsificar sus libros de cuenta y de no imponer controles internos- como a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos como infracción a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

En su presentación, los demandantes aseguran que en la empresa, durante al menos seis años, hubo corrupción, soborno y evasión de impuestos con personeros políticos de manera transversal: “Los actos perpetrados por los máximos ejecutivos de SQM a nombre de la compañía, extendieron su influencia a través del sistema político de Chile”, se lee en el fallo.

Si bien este juicio es de carácter civil, es decir persigue compensar perjuicios económicos, abogados conocedores de estos procedimientos, coinciden en que este tipo de procesos “puede levantar mucha polvareda”, dado que, por ejemplo, pueden surgir nuevos antecedentes a partir de la declaración de testigos y actores relevantes en el proceso, que incluso puedan incidir en la arista penal que en Chile se lleva contra la compañía.

El factor PCS

Potash Corporation of Saskatchewan (PCS) es el nombre de la firma de origen canadiense que hasta marzo de 2015 tenía a tres miembros en el directorio de la compañía, gracias al 32 por ciento que posee de la propiedad de la minera no metálica.

Sin embargo, el martes 17 de marzo de 2015, los directores representantes de PCS: José María Eyzaguirre, Alejandro Monteroy y Wayne Brownlee presentaron su renuncia al directorio de SQM argumentando diferencias al interior de la junta por la forma en que la empresa estaba encarando la investigación que la Fiscalía llevaba adelante por el financiamiento irregular a políticos.

Los directores de PCS habían propuesto “entregar voluntariamente y a la brevedad” toda la información requerida por el entonces fiscal nacional, Sabas Chahuán –quien pedía la información contable correspondiente a los años comerciales 2009 a 2014-, sin embargo el directorio que encabezaba Julio Ponce Lerou, en votación dividida, decidió encargar un informe independiente que determinara si se entregaba la información requerida, en tiempo y forma, por el Ministerio Público o no.

Ahora que la justicia norteamericana ha manifestado su competencia para ver la demanda de un grupo de accionistas, juristas que han seguido la causa plantean que nunca se ha interrogado a los miembros de PCS los detalles de su renuncia al cargo, considerando que PCS se planteaban como rivales de Ponce Lerou por el control de la minera no metálica, y quienes tendrían “una capacidad de hacer daño muy grande”.

Por otra parte, la justicia norteamericana pedirá, eventualmente, a través de cartas rogatorias el testimonio de otros implicados, como el caso del ex gerente Patricio Contesse, frente a la imposibilidad de que se apersonen en la Corte de Nueva York, así como al estudio de abogados de EEUU Shearman & Sterling que realizó un informe de auditoría consignando los riesgos de soborno en los que habría incurrido la empresa.

A raíz de estas proyecciones es que abogados consultados por Radio y Diario Universidad de Chile recordaron que este juicio que es de carácter civil, no obstante puede generar una serie de repercusiones a todo nivel en con contra de la empresa, por lo mismo hicieron la analogía con el caso del legendario líder de la mafia de Chicago Alphonse “Al” Capone, quien fue a parar a la cárcel por un proceso de evasión tributaria.

Es decir, un proceso judicial que, a primera vista, parece ser intrascendente y por el cual en el peor de los casos podría generarles el pago de una millonaria compensación económica a los demandantes, sin embargo podría acarrear una serie de insospechadas consecuencias de otro tipo, ya que, eventualmente, podrían surgir antecedentes inéditos a partir del interrogatorio de ciertos testigos.

Mismos testimonios que, eventualmente, podrían ser requeridos por la Fiscalía en Chile para agregarlos a la carpeta investigativa que posee sobre el caso SQM.

El abogado de Ciudadano Inteligente y querellante en el caso SQM, Mauricio Daza señala que este proceso puede determinar, a partir de las normas más duras que existen en EEUU respecto de casos de corrupción, la responsabilidad tanto de la empresa como de su principal figura, el ex yerno de Pinochet Julio Ponce Lerou.

“Nosotros creemos que esa es la posibilidad, es el escenario donde se puede realmente poder perseguir la responsabilidad de esta empresa y de su controlador, Julio Ponce Lerou, respecto de actos de corrupción en los que ha estado involucrado durante décadas”.

El abogado Daza sostuvo que las autoridades judiciales de EEUU sí tienen “voluntad” para perseguir y condenar este tipo de delitos, no sólo como una manera de castigar a los responsables, sino también para enviar una señal hacia el resto de los participantes del mercado para evitar que este tipo de acciones no se vuelvan, en lo posible, a repetir.

“La autoridad norteamericana, en ese sentido, no va a tener mayor empacho en perseguir a una empresa aunque sea SQM (…) pero lo más importante es que allá existen autoridades de verdad que tienen una voluntad y una claridad en el sentido de perseguir estas conductas, no solamente para castigar a las personas que las cometen, sino también para enviar una señal importante al mercado, en el sentido de que el burlar las reglas del juego, el coimear a políticos, financiar sectores importantes de la política para obtener determinados beneficios no va con la transparencia debida con la que cualquier mercado tiene que operar”

“Es una derrota para Soquimich, en lo formal, porque puede tener implicancias penales ya que todos los temas que se van a discutir pueden ser delito en EEUU y pueden ser delito y están siendo investigados penalmente en Chile, y eso puede ser no sólo delitos tributarios sino delitos de Ley de Mercado de Valores en EEUU y en Chile”, concluye otro de los abogados consultados.

El proceso judicial contra SQM en Estados Unidos comenzó el pasado jueves 13 de abril con la citación de las partes a una conferencia inicial prejudicial, lo que marca el comienzo de un camino que puede tomar varios meses antes que se emita la resolución final con el monto total con el que deberá indemnizar SQM a sus accionistas.