Datos de CASEN 2015 informan que la mitad de los trabajadores en Chile percibe menos de 300 mil pesos líquidos ( Estudio de Fundación SOL).  La imposición del neoliberalismo extremo en nuestra economía y política, manifestada en un Estado carente tanto en su aspecto benefactor como regulador, ha devenido, sin duda alguna, en la precarización del empleo.

A nivel Internacional, el Estado de Chile ha firmado y ratificado una serie de tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se compromete a respetar. No todos los convenios que emanan de esta organización han sido ratificados, como el Convenio 177 sobre el trabajo a domicilio de 1996.

La OIT es una agencia de la ONU que reúne a gobiernos, trabajadores y empleadores para fijar normas de trabajo, formular políticas y generar programas, promoviendo el trabajo en condiciones justas y dignas para todos, sin discriminación. O al menos esto es lo que, en teoría, formula.

Al igual que Naciones Unidas, la OIT realiza su labor mediante órganos: la Conferencia Internacional del Trabajo  , que instituye las normas internacionales del trabajo y precisa las políticas generales de la Organización; el Consejo de Administración,   órgano ejecutivo que se congrega tres veces al año en Ginebra para la toma decisiones sobre la política de la OIT,  estableciendo el programa y presupuesto que después son sometidos a la Conferencia para su adopción, y, por último, la Oficina internacional del trabajo , secretaría permanente de la Organización y responsable por el conjunto de actividades que esta lleva a cabo.

La OIT examina regularmente la efectiva aplicación de los Convenios ratificados por los Estados miembros, señalando las áreas donde hay falencias de cumplimiento. Existen dos tipos fundamentales de control: exámenes periódicos de los documentos que presentan los Estados miembros, donde se abordan las medidas adoptadas para poner en marcha de manera integral los convenios adheridos, y una serie de procedimientos especiales que constan de reclamaciones y quejas de aplicación general, así como un proceso especial en materia de libertad sindical (OIT).

A las condiciones de trabajo precario debemos sumar la alta concentración de la riqueza en Chile, demostrada en cifras hace tiempo. Y esta concentración de los bienes entraña la desigualdad y discriminación en su seno, pues beneficia, y no es de extrañar, a aquellos que descienden de las familias más poderosas de Chile; a aquellos que optan por una educación elitista, no precisamente al alcance de cualquier bolsillo. Discriminación económica a las que podemos añadir doble y triple discriminación: por ascendencia indígena, por identidad de género y opción sexual, por edad o por discapacidad física y/o cognitiva.

Si este es el escenario laboral actual en nuestro país, a nivel general, sin duda la situación de las mujeres trabajadoras es aún más alarmante. Investigadores de Fundación Sol han indagado en profundidad este tema ¿Qué confirman y concluyen estos informes? Que existe brecha salarial en desmedro de las mujeres, que la participación femenina en el trabajo, pese a que se ha incrementado, sigue estando lejos de la tendencia en Latinoamérica. “La principal razón por la que las mujeres permanecen inactivas es la dedicación a los quehaceres de su hogar” (Fuente Estudio Fundación SOL).  Este dato nos conduce a una reflexión mayor, referente a la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas del hogar.

La discriminación hacia la mujer en el trabajo se evidencia en estadísticas y datos: la tasa de desempleo es levemente más alta en la fuerza de trabajo femenina que en la masculina; en materia de ocupación según sexo, los hombres tienden a ocupar los puestos de empleadores y trabajadores por cuenta propia, mientras que la gran mayoría del trabajo doméstico está en manos de mujeres, manifestación de que los roles conservadores de trabajo asignados a cada género son perturbadoramente actuales.

Los puestos de poder en los cuerpos legislativos, ejecutivos y directivos se encuentran mayoritariamente ocupados por hombres (casi en un 70%), “reflejo de lo que se conoce como discriminación vertical, en tanto las mujeres suelen ocupar en mucha menos medida que los hombres puestos de poder”.  Un 74% de las mujeres trabajadoras gana menos de $350.000 pesos líquidos. Igualmente, la brecha salarial el 2015 se cifró en una diferencia de aproximadamente un 20%.

Por si esto fuera poco, las desigualdades durante la vida laboral impactan la calidad de vida en la vejez.  Según estadísticas de Fundación Sol un 94% de las mujeres jubiladas en la modalidad de retiro programado^[1] recibe una pensión menor a $154.304.  Para los hombres jubilados esta cifra es de un 87,5%.

¿Cuál es el valor de ratificar tratados que no se cumplirán? Los avances en materia de Estado y políticas públicas resultan insuficientes, aunque no innecesarios, ¿no será imprescindible avanzar con mayor decisión en estos aspectos? Lo más importante es seguir avanzando en un cambio de mentalidad, pues todavía estamos inmersos en una cultura machista, donde la mujer es  subvalorada en el mundo laboral y sobrevalorada en lo que a crianza y mantenimiento del hogar concierne, siendo usual que la responsabilidad en dichos ámbitos recaiga exclusivamente sobre ella, trabaje o no.

[1] La Superintendencia de pensiones define el retiro programado como la jubilación que paga la AFP en la que el monto que se calcula y actualiza cada año en base a índices como la rentabilidad del fondo, la expectativa de vida del afiliado y el saldo de la cuenta. Lo anterior implica que el monto de la pensión varía cada año y disminuye con el tiempo.