Investigadores de la Universidad de Chile enviarán al Consejo de Monumentos Nacionales un informe oficial acerca de sus hallazgos detectados en la localidad de El Durazno y Cogotí.
Se trataría de una segunda indagación puesto que el año pasado, a solicitud de la Municipalidad de Combarbalá y las comunidades, se realizó una observación preliminar liderada por el Doctor en Antropología, César Méndez.
A finales del 2016, se detectaron 28 puntos de interés con “abundancia de petroglifos, dispersión de material cerámico, arte rupestre con atributos formales Inka y presencia de restos biantropológicos concentrados que se presume sería un cementerio”.
En dicha observación, los expertos advirtieron que la gran mayoría de los registros arqueológicos podría verse comprometido con la realización de una represa como el embalse La Tranca que se pretende construir con el respaldo del Ministerio de Obras Públicas.
El arqueólogo de la Universidad de Chile, Sebastián Grasset, a cargo del segundo estudio, afirmó que encontraron nueve puntos más con material cultural, alcanzando los 57 en total.“Si nosotros entregamos todos estos informes ellos están en consideración de que esos hallazgos existen. Sea lo que sea que se vaya a hacer en el lugar, tiene que haber un resguardo de esos elementos arqueológicos” indicó.
Además Grasset enfatizó en que es importante entender la información no solamente desde el sector en el que se está trabajando y que sería justo donde quieren construir la represa, sino que inmersa dentro de un contexto más amplio, es decir, “si uno impacta la zona, se afecta cómo se puede entender la arqueología del lugar”.
En tanto, el Doctor en Antropología, César Méndez, destacó que los hallazgos de arte rupestre integren una serie de representaciones de seres humanos. Esta característica los distinguiría del estándar de otras actividades de la zona y los volverían más atractivos para el estudio histórico siempre que estén en su contexto, advirtió el experto.
Méndez valoró la vigencia de Ley de Monumentos Nacionales, pero en la medida que se tomen decisiones que protejan el patrimonio. “Siempre se toman decisiones pensando en la economía y no en la protección del patrimonio. Hasta cuándo vamos a tener casos donde prima la visión economicista. No dudo que la ley protege, significa levantar los datos arqueológicos y es mejor que la de países vecinos, sin embargo, cuestiono que el patrimonio esté en un segundo plano de orden con respecto a otros desarrollos” criticó.
En el marco de su proyecto FONDECYT, patrocinado por la Universidad de Chile, los investigadores planean indagar sistemáticamente la zona. Mientras, se mantiene el conflicto de los habitantes de la comunidad El Durazno que temen por la inundación del poblado a causa del tranque.
El encargado de Patrimonio Arqueológico de la comunidad, Claudio Vergara, confía en que los documentos de los expertos puedan colaborar para proteger la riqueza invaluable del territorio. “De las comunidades nadie ha pedido embalse, solamente la Junta de Vigilancia del Río Cogotí que la componen los dos grandes empresarios, Bauza y Tagle, que tienen la mayor cantidad de acciones de agua y pidieron ese embalse al Gobierno” señaló.
La empresa contratista Typsa tiene pendiente entregar los informes de viabilidad del embalse. No obstante, los habitantes insisten en la defensa de su patrimonio o que al menos se los someta a consulta acerca del proyecto.
Investigadores de la Universidad de Chile enviarán al Consejo de Monumentos Nacionales un informe oficial acerca de sus hallazgos detectados en la localidad de El Durazno y Cogotí.
Se trataría de una segunda indagación puesto que el año pasado, a solicitud de la Municipalidad de Combarbalá y las comunidades, se realizó una observación preliminar liderada por el Doctor en Antropología, César Méndez.
A finales del 2016, se detectaron 28 puntos de interés con “abundancia de petroglifos, dispersión de material cerámico, arte rupestre con atributos formales Inka y presencia de restos biantropológicos concentrados que se presume sería un cementerio”.
En dicha observación, los expertos advirtieron que la gran mayoría de los registros arqueológicos podría verse comprometido con la realización de una represa como el embalse La Tranca que se pretende construir con el respaldo del Ministerio de Obras Públicas.
El arqueólogo de la Universidad de Chile, Sebastián Grasset, a cargo del segundo estudio, afirmó que encontraron nueve puntos más con material cultural, alcanzando los 57 en total.“Si nosotros entregamos todos estos informes ellos están en consideración de que esos hallazgos existen. Sea lo que sea que se vaya a hacer en el lugar, tiene que haber un resguardo de esos elementos arqueológicos” indicó.
Además Grasset enfatizó en que es importante entender la información no solamente desde el sector en el que se está trabajando y que sería justo donde quieren construir la represa, sino que inmersa dentro de un contexto más amplio, es decir, “si uno impacta la zona, se afecta cómo se puede entender la arqueología del lugar”.
En tanto, el Doctor en Antropología, César Méndez, destacó que los hallazgos de arte rupestre integren una serie de representaciones de seres humanos. Esta característica los distinguiría del estándar de otras actividades de la zona y los volverían más atractivos para el estudio histórico siempre que estén en su contexto, advirtió el experto.
Méndez valoró la vigencia de Ley de Monumentos Nacionales, pero en la medida que se tomen decisiones que protejan el patrimonio. “Siempre se toman decisiones pensando en la economía y no en la protección del patrimonio. Hasta cuándo vamos a tener casos donde prima la visión economicista. No dudo que la ley protege, significa levantar los datos arqueológicos y es mejor que la de países vecinos, sin embargo, cuestiono que el patrimonio esté en un segundo plano de orden con respecto a otros desarrollos” criticó.
En el marco de su proyecto FONDECYT, patrocinado por la Universidad de Chile, los investigadores planean indagar sistemáticamente la zona. Mientras, se mantiene el conflicto de los habitantes de la comunidad El Durazno que temen por la inundación del poblado a causa del tranque.
El encargado de Patrimonio Arqueológico de la comunidad, Claudio Vergara, confía en que los documentos de los expertos puedan colaborar para proteger la riqueza invaluable del territorio. “De las comunidades nadie ha pedido embalse, solamente la Junta de Vigilancia del Río Cogotí que la componen los dos grandes empresarios, Bauza y Tagle, que tienen la mayor cantidad de acciones de agua y pidieron ese embalse al Gobierno” señaló.
La empresa contratista Typsa tiene pendiente entregar los informes de viabilidad del embalse. No obstante, los habitantes insisten en la defensa de su patrimonio o que al menos se los someta a consulta acerca del proyecto.
Investigadores de la Universidad de Chile enviarán al Consejo de Monumentos Nacionales un informe oficial acerca de sus hallazgos detectados en la localidad de El Durazno y Cogotí.
Se trataría de una segunda indagación puesto que el año pasado, a solicitud de la Municipalidad de Combarbalá y las comunidades, se realizó una observación preliminar liderada por el Doctor en Antropología, César Méndez.
A finales del 2016, se detectaron 28 puntos de interés con “abundancia de petroglifos, dispersión de material cerámico, arte rupestre con atributos formales Inka y presencia de restos biantropológicos concentrados que se presume sería un cementerio”.
En dicha observación, los expertos advirtieron que la gran mayoría de los registros arqueológicos podría verse comprometido con la realización de una represa como el embalse La Tranca que se pretende construir con el respaldo del Ministerio de Obras Públicas.
El arqueólogo de la Universidad de Chile, Sebastián Grasset, a cargo del segundo estudio, afirmó que encontraron nueve puntos más con material cultural, alcanzando los 57 en total.“Si nosotros entregamos todos estos informes ellos están en consideración de que esos hallazgos existen. Sea lo que sea que se vaya a hacer en el lugar, tiene que haber un resguardo de esos elementos arqueológicos” indicó.
Además Grasset enfatizó en que es importante entender la información no solamente desde el sector en el que se está trabajando y que sería justo donde quieren construir la represa, sino que inmersa dentro de un contexto más amplio, es decir, “si uno impacta la zona, se afecta cómo se puede entender la arqueología del lugar”.
En tanto, el Doctor en Antropología, César Méndez, destacó que los hallazgos de arte rupestre integren una serie de representaciones de seres humanos. Esta característica los distinguiría del estándar de otras actividades de la zona y los volverían más atractivos para el estudio histórico siempre que estén en su contexto, advirtió el experto.
Méndez valoró la vigencia de Ley de Monumentos Nacionales, pero en la medida que se tomen decisiones que protejan el patrimonio. “Siempre se toman decisiones pensando en la economía y no en la protección del patrimonio. Hasta cuándo vamos a tener casos donde prima la visión economicista. No dudo que la ley protege, significa levantar los datos arqueológicos y es mejor que la de países vecinos, sin embargo, cuestiono que el patrimonio esté en un segundo plano de orden con respecto a otros desarrollos” criticó.
En el marco de su proyecto FONDECYT, patrocinado por la Universidad de Chile, los investigadores planean indagar sistemáticamente la zona. Mientras, se mantiene el conflicto de los habitantes de la comunidad El Durazno que temen por la inundación del poblado a causa del tranque.
El encargado de Patrimonio Arqueológico de la comunidad, Claudio Vergara, confía en que los documentos de los expertos puedan colaborar para proteger la riqueza invaluable del territorio. “De las comunidades nadie ha pedido embalse, solamente la Junta de Vigilancia del Río Cogotí que la componen los dos grandes empresarios, Bauza y Tagle, que tienen la mayor cantidad de acciones de agua y pidieron ese embalse al Gobierno” señaló.
La empresa contratista Typsa tiene pendiente entregar los informes de viabilidad del embalse. No obstante, los habitantes insisten en la defensa de su patrimonio o que al menos se los someta a consulta acerca del proyecto.
