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Año IX, 24 de septiembre de 2017

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Fiscales, jueces y parlamentarios piden que el Ministerio Público investigue delitos tributarios y electorales

Maximiliano Alarcón |Miércoles 26 de abril 2017 20:04 hrs.

SII

Luego de que el SII decidiera no presentar querellas contra políticos investigados por financiamiento irregular, más voces se suman a la petición de entregar atribuciones a la Fiscalía para poder perseguir penalmente los delitos de "cuello y corbata", sin tener que esperar el accionar del cuestionado servicio.

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La decisión tomada por el Servicio de Impuestos Internos de no perseverar en las querellas contra políticos involucrados en financiamiento irregular a sus campañas electorales, sigue generando polémica.

En la cuenta pública de la Fiscalía, el máximo persecutor nacional, Jorge Abbott, demandó mayores herramientas para dejar de depender de las acciones de terceros en la persecución de delitos tributarios y electorales.

El jefe del Ministerio Público criticó la potestad exclusiva del SII para presentar en primer caso estas acciones, y emplazó de cierta forma a la presidenta Michelle Bachelet, quien asistió como invitada a la cuenta pública, a modificar la actual normativa.

El fiscal nacional señaló que las multas, opción que ha tomado el SII para castigar a las empresas involucradas, no pueden ser el “fin último del Estado”, por lo que agregó (dirigiéndose a la Mandataria) que es esencial que el Ministerio Público pueda perseguir penalmente tales delitos, porque la señal que el país espera es que no sean tolerados”.

Abbott ya había encontrado respaldo en el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, quien dijo que el Ministerio Público no debería tener obstáculos para investigar este tipo de delitos, por eso pidió al Congreso que modifique la ley para  permitir que Fiscalía pueda iniciar dicho tipo de indagatorias.

En tanto, Sabas Chahuán, ex fiscal nacional invitado a la cuenta pública y que lideró y persiguió los casos Penta y SQM en sus inicios, fue en la misma línea: “Es necesario que se expliciten los criterios por los cuales se puede optar por una vía administrativa o por una vía penal, es una modificación necesaria y tal vez evaluar la ubicación institucional del Servicio de Impuestos Internos, para despejar cualquier duda. No estoy dudando de las personas que han desempeñado el cargo de director general, pero tal vez sería bueno que no hubiera una dependencia tan acentuada del Ejecutivo”, dijo la ex autoridad.

También desde el Congreso, el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto instó al gobierno a involucrarse en este debate, destacando que el próximo martes la Sala de la Cámara de Diputados vota el proyecto de ley que faculta al Ministerio Público a querellarse, texto previamente rechazado en la Comisión de Hacienda. 

Durante la cuenta pública Abbott pareció dejar en claro que no existe una relación amistosa entre la institución que dirige y el Servicio de Impuestos Internos. Incluso, mientras nombraba a los organismos con que la Fiscalía tiene una colaboración exitosa, no mencionó a la cuestionada repartición.

Pero la decisión de la entidad dirigida por Fernando Barraza de no presentar querellas en casos  tales como, Aguas Andinas, BCI, Eccsa (Ripley), entre otras, pese a ser idénticos a los de Penta y SQM, no es el único motivo que tiene cansada a la Fiscalía.

Desde que el Servicio era dirigido por Michel Jorratt los roces ya existían. Todo empezó cuando el 8° Juzgado de Garantía de Santiago anuló la formalización de Claudio Eguiluz, ex vicepresidente de RN y actual candidato a diputado de dicho partido en la Región del Bío Bío, debido a que no existía querella del SII en su contra y sólo se encontraba en un largo listado de nombres que entregó SQM respecto de presuntas boletas ideológicamente falsas. La reacción del organismo que entonces encabezaba Jorratt fue de no presentar la acción penal, la que abría la puerta a una serie de formalizaciones que pretendía la Fiscalía. Finalmente, fue la Corte Suprema la que le dio la razón al Ministerio Público, permitiendo la formalización de Eguiluz y otros involucrados.

El otro hito es la demora del Servicio en presentar una querella en contra del ex senador Carlos Ominami, la demora favoreció al ex congresista, toda vez que cuando fue formalizado, el delito ya se encontraba prescrito. Contraloría recientemente ordenó un sumario al interior del SII para investigar las razones de la tardanza.

La acción del órgano contralor nace a partir de una presentación hecha por las abogadas Paulina Carrasco y Marisa Navarrete, ambas ex funcionarias del SII. Navarrete se refirió al requerimiento que presentó a Contraloría por los cambios de criterio del SII que fue “ablandando” su mano, retrocediendo en las querellas para no perjudicar a políticos de todos los partidos: “Parece que se quiere proteger a todos los grupos económicos. El SII empieza a retroceder, esto parte con el llamado de Michel Jorrat a las empresas, cuando piden únicamente arreglar las declaraciones de impuestos”. 

La abogada agregó otras situaciones irregulares, como limitar los periodos de las contabilidades investigadas; posteriormente sacar de las querellas la expresión que penaliza a todos los responsables de los ilícitos investigados, omitiendo sin fundamento técnico; finalmente denuncian la advertencia que el Servicio le hace al Ministerio Público restringiendo a las personas contra las que se querella, dejando en una complicada posición a los persecutores al obstaculizar los procesos de indagación.