Diario y Radio Uchile

Año IX, 22 de octubre de 2017

Escritorio
Enrique Villanueva

Criminales de Punta Peuco: ejecutores de políticas de exterminio

Enrique Villanueva | Domingo 30 de abril 2017 11:01 hrs.

Las recientes decisiones de la justicia, que favorecen a los victimarios, olvidan la historia y quienes son las víctimas, olvidan el por qué esas personas fueron torturadas o asesinadas. Tanto se ha tergiversado la verdad y tanto se ha acomodado la historia a los que conspiraron y derrocaron a un gobierno democráticamente elegido por el pueblo, que hoy, el golpe de estado aparece como una reacción natural de las FAAA, porque “el gobierno de Allende fue malo” y “llevaba al país al comunismo”, por lo tanto, a los comunistas, miristas, socialistas y simpatizantes de la UP, había que reprimirlos.

Desde el nefasto legado de Aylwin, de “hacer justicia en la medida de lo posible”, la justicia transicional, con jueces que aplican sentencias tardías, que no dicen relación con la calificación de los delitos, crímenes de lesa humanidad, es relegada a un nivel discursivo. Les quitan el piso a los mecanismos que esta -la justicia transicional- reconoce para combatir la impunidad, es decir, procurar procesos para encontrar la verdad, conceder reparación a las víctimas, pero, sobre todo, para prevenir futuras violaciones de los derechos humanos, fortalecer la democracia y promover la convivencia nacional.

La explicación a esta situación y a estas alturas, es casi obvia, basta analizar la trayectoria de las políticas públicas de verdad, justicia y reparaciones aplicadas por las violaciones masivas a los derechos humanos, cometidas en los 17 años de dictadura, para sacar una conclusión. Es casi innegable que tales políticas están marcadas por las características de la transición pactada, la que resulto al final ser un cambio de régimen mucho más impuesto que negociado, en el cual, y tal como lo vaticinó el propio dictador antes de su muerte, que “dejo al país atado, y bien atado”, con leyes de amarre aún vigentes.

Por eso es importante recordar, una y otra vez, que el golpe cívico militar de 1973 fue para derrocar a un gobierno socialista, conspiración en la cual participaron la derecha, sectores de la DC, financiados por el gobierno norteamericano de la época y empresarios, amparados por el mercurio. Todas estas fuerzas crearon una comunidad de intereses para impedir la continuidad de los cambios económicos y sociales profundos que estaban en el programa socialista de Salvador Allende.

Por tanto, la represión no fue un acto aislado, ni fueron “excesos”, fue el producto de políticas, diseñadas para eliminar todo vestigio de organización política y social de carácter socialista y revolucionaria, eliminar la organización de los trabajadores y trabajadoras, para evitar la repetición de la experiencia socialista. Esto quiere decir que los torturadores, hoy viejos y enfermos, decrépitos algunos, fueron los ejecutores de políticas de exterminio planificadas, para asesinar a dirigentes de izquierda, a dirigentes obreros, sociales y estudiantiles, a intelectuales y profesionales, quienes para estos dementes eran los “enemigos del país”.

Esa es la historia y eso es lo que hicieron oficiales y suboficiales de las FFAA, los tenientes, capitanes, comandantes y coroneles de la época, quienes hoy son juzgados, por jueces que no vivieron esa realidad, o por jueces influenciados por quienes en el poder judicial estuvieron de acuerdo con estas políticas de exterminio, como lo manifestó el Juez Retamal, miembro de la corte suprema de la época a Patricio Aylwin, “dejemos que los militares hagan el trabajo sucio”.

Es cierto que es difícil imaginar o explicarse que la tortura, oficialmente descartada y en general condenada por todos, haya podido practicarse en nuestro país a tan gran escala. Pero el no respetar el derecho ciudadano a conocer toda la verdad y aplicar justicia a partir de ello, no ayuda a evitar su repetición, porque no se educa y las sanciones a los criminales no incluyen la idea fundamental de educar a las nuevas generaciones, para evitar un nuevo 11 de septiembre en el futuro.

Los criminales que están presos en Punta Peuco, incluido el recién liberado por “demencia”, todos asumieron de manera doctrinaria que la tortura era el medio para ganar la guerra contra el comunismo y el marxismo. Para ellos y los civiles que la apoyaban y financiaban, esta era una guerra no tradicional, en la que no se hace frente al enemigo en un campo de batalla conocido de antemano, sino que el campo de batalla es el país y el enemigo los ciudadanos y ciudadanas.

Hoy está comprobado que los mandos militares superiores y subalternos, involucraron a las Fuerzas Armadas en una guerra inexistente, en un enfrentamiento desigual y unilateral, en el cual el ejército asumió que el enemigo eran los propios chilenos, quien pensaba distinto, al que había que descubrir y eliminar. La misión fundamental fue neutralizar al obrero sindicalizado, al campesino, al estudiante, al profesional, al militar patriota, al hombre y mujer que se opuso o no estaba de acuerdo con la refundación que chile estaba viviendo e impuesta por la fuerza de las armas.

En medio de esa guerra inventada, para los jefes militares y políticos del golpe, el obtener información, arrancarla a toda costa, fuera esta verdadera o falsa, se transformó en la misión fundamental, la que obtenían por medio de la tortura, sin escrúpulos, haciendo que sus víctimas amordazadas y golpeadas firmaran papeles en blanco, para luego construir sus historias, como el plan Z[1], o para usarlos como antecedentes para los consejos de guerra y ejecuciones sumarias. Eso hacía Edgard Ceballos, liberado por demencia, uno de los más crueles torturadores de la Academia de Guerra Aérea de la Fach, junto a quienes están condenados en Punta Peuco, unos ejecutando estas brutalidades y otros, ordenando y supervisándolas, enseñando a los subalternos a torturar, adormeciendo sus conciencias por un “bien superior”, “salvar a la patria del comunismo”.

Estos personajes actuaron de manera organizada y consiente, ellos ejecutaron los lineamientos de la doctrina militar, la Doctrina de la Seguridad Nacional, la cual clasificaba como los enemigos de Chile, a la población que se opone al régimen. Esos eran los criminales que debían ser eliminados cuanto antes. Quienes una vez en sus manos no disponían de ningún medio para comunicarse con el mundo exterior, quedando expuestos a sus demenciales métodos de torturas.

Como dije antes, simplemente hoy es difícil imaginarse estas situaciones, hasta cuesta explicarlas, pero fueron realidad, como está registrado en estudios y antecedentes recopilados en las investigaciones realizadas durante la comisión Valech y Retigg, además de, antecedentes disponibles en distintos organismos nacionales e internacionales. En todos ellos está documentado el cómo estos militares legitimaban el tratamiento inhumano que daban a sus enemigos, a quienes se les calificaba de traidores, que ya no eran chilenos o chilenas, sino que, un enemigo que merecía, por esta razón, un destino cruel.

Ese enemigo, son las victimas que hoy claman justicia y que se les niega, son quienes sufrieron largos periodos de encarcelamiento, que fueron sometidas a distintos tipos de vejaciones y torturas, son las mujeres indefensas que en manos de torturadores depravados fueron repetidamente violadas y sometidas a brutalidades, hoy inimaginables, como que se les introdujeran ratones por su vagina, o que, a muchos presos, se les golpeara tanto, hasta hacer reventar sus órganos.

Los responsables de estos comportamientos inhumanos, son esos viejos a quienes se les pretende liberar, los que en esa época transformaron esa realidad miserable en algo que ellos podían aceptar, atravesando la frontera entre lo real y lo imaginable, actuando y cometiendo estas aberraciones en la más absoluta impunidad.

Ellos reducían al otro, a su enemigo o enemiga, a un estado de impotencia completa, sintiéndose poseedores del poder absoluto y haciéndoles sentir a sus victimas que tenían un poder infinito. Se hacían de un sentimiento morboso que emana de la tortura más que por el asesinato, el muerto se convierte en un objeto inerte y no permite ese júbilo que ellos buscaban, que proviene del “triunfo total sobre la voluntad ajena”.

De esta manera estos depravados, al violar a una mujer delante de su marido, de sus padres o sus hijos, o torturar a un niño en presencia de su padre, eso les provocaba un sentimiento de omnipotencia, la sensación de haber alcanzado la soberanía absoluta, lo que se lo hacían ver a sus víctimas.

Es muy difícil traspasar al papel el sentimiento de soledad, de abandono, que un detenido o detenida en algún centro de torturas, secreto, pudo sentir, sabiendo que un grupo de seres despiadados tenían todo el poder sobre sus vidas. Quienes pasamos por eso y sobrevivimos, sabemos de esos momentos de incertidumbre, miedo y de soledad, de abandono, que contrastaba con una realidad cruel, que la vida del país seguía su curso, ignorando lo que allí, en los centros de detención y tortura, estaba sucediendo.

Hoy la vida continua, para los interesados en extender la impunidad, las víctimas de crímenes y tortura son cosa del pasado. Pero esas víctimas, que exigen justicia, lo fueron porque forjaron sueños compartidos por un país mejor y más justo. Fueron asesinados y torturados por defender las ideas más avanzadas de justicia social, las que hoy son vigentes, como lo es, la imagen de nuestro presidente asesinado, Salvador Allende.

 

[1] Plan Z,