Zonas de sacrificio: una cultura de vulneración de los derechos ciudadanos
Son zonas sin derecho ambiental. Las justamente denominadas “Zonas de sacrificio” son lugares que padecen depredación, dejadas por el Estado a los estragos de la devastación industrial, con efectos perjudiciales graves al Medio Ambiente y a la Salud de las comunidades locales. Este abánico de prácticas van del bloqueo institucional a la no aplicación de la legislación vigente, lo que resulta ser nada más que un menoscabo del Estado de Derecho.
Martes 2 de mayo 2017 12:10 hrs.
“Se trata básicamente de un abandono” plantea con firmeza Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, al caracterizar las denominadas “zonas de sacrificio ambiental”. Se aceptan comúnmente cuatro, catalogadas en el país en contextos portuarios, en los territorios de Tocopilla/Mejillones (Región de Antofagasta), Huasco (Región de Atacama), Puchuncaví-Quintero (Región de Valparaíso) y Coronel (Región del Bío Bío), estos espacios expuestos a grados extremos de contaminación y de degradación de la calidad de elementos imprescindibles a la vida humana tales como el agua o el aire, generados por el tema de una concentración industrial y de plantas termoeléctricas inédita. A esto se suma la localidad de Til Til (Región Metropolitana), con más de 30 puntos contaminantes. No faltan ni los ininterrumpidos escándalos, ni los estudios realizados por organizaciones internacionales y no gubernamentales, ni las protestas recurrentes de las comunidades afectadas, para evidenciar lo que sí puede ser considerado un crimen que se está perpetrando desde ya varias décadas en estas zonas… en el medio de la indiferencia generalizada del Estado, en su expresión local como central.
Si bien el no cumplimiento del Derecho a vivir en un Medio Ambiente libre de contaminación – garantizado por la Constitución – es un asunto sumamente grave, lo es aún más que el Estado lo asume en su discurso al retomar la denominación de “zonas de sacrificio”, como lo denuncia Cristina Girardi, diputada PPD, al puntualizar que más encima de que las normas vigentes de control de la contaminación sean mínimas e insuficientes, ni siquiera se las cumple en la práctica. “El Estado no tiene derecho a sacrificar a nadie: es muy problemático que en el discurso oficial (no legal) ocupen esa expresión. El Estado tiene justamente que cautelar que no existan zonas de sacrificio, sino significaría autoelimininarse como Estado democrático. Y lo asume como si fuera lo más normal del mundo.” Agrega que
hace falta ampliar el concepto de zonas de sacrificio a todos los territorios devastados por la actividad industrial para lograr fomentar un panorama que verdaderamente cuente de la amplitud del fenómeno: la indiferencia del Estado sería entonces relevante de apuntar en muchos ámbitos, como “para los casos de las forestales y del agua en la región de la Araucania” recalca Girardi, entre muchos otros ejemplos.
La necesidad de una nueva ética
A la hora de considerar lo que resultan ser “agresiones ambientales”, una pregunta oportuna parece ser “¿para quién se gobierna?” Desde el enfoque de director del OLCA, el marco legal, por ser muy insuficiente, señala que la finalidad de las leyes no es la protección del Medio Ambiente o de la Salud Humana. Las normas vigentes, muy flexibles, no están sancionadas por un control serio por parte de la Superintendencia, lo que permite entender por qué plantas que ni siquiera respetan las limitaciones de contaminación actuales siguen funcionando sin rendir cuentas. Es aún más notoria la invisibilización que se hace del problema cuando se detalla la ausencia de monitoreo de los niveles de contaminación, lo que imposibilita la formación de pruebas que permitirían acudir a tribunales con el fin de enjuiciar y condenar los responsables correspondientes.
Puesta en la mesa esta vulneración de los derechos humanos, “Crónica de una muerte anunciada”, apela para el reconocimiento y el respeto del derecho de las comunidades en participar en los procesos decisorios que les afectan directamente. El principio de Justicia Ambiental implica un reparto igualitario de las cargas y de los beneficios ambientales del crecimiento económico, y pone el consentimiento de la gente afecta en el centro de la legitimación de esta distribución. Asimismo, en ningún caso puede justificar la hipoteca de las oportunidades de desarrollo de las generaciones futuras, para fines individuales y cortoplacistas. Aboga por una “nueva ética” cívica e institucional, que intuye una evolución sustancial en nuestra forma de concebir el relacionar con la naturaleza, como parte de la cadena de la vida humana, y detentora de un valor en sí mismo.
Las zonas de sacrificio evidencian claramente el “apartheid chileno”
Estos territorios que concentran en espacios reducidos unas de las actividades con mayor generación de contaminación nacional, evidencian según él una tendencia nacional que hace coincidir destrucción del Medio Ambiente con pobreza, según “una filosofía clasista” que desprecia los sectores más desfavorecidos de la población.
El activista – cuya organización suministra apoyo a las comunidades que luchan por su derecho a gozar de sus recursos ambientales – identifica “una lógica de chantaje” que toma de rehén a una minoría vulnerable y la sacrifica en el altar de una idea de crecimiento. Esta justificación por la búsqueda del “bien común” es “indigna de una sociedad que pretende haber alcanzado la democracia”, destacando que el modelo constitucional que propicia el lucro por la extracción de recursos en desmedro de los derechos básicos de los ciudadanos es una herencia del periodo dictatorial. Asimismo, apunta al actual gobierno por el incumplimiento de sus promesas electorales, entre las cuales figuraba que se encauce la sociedad hacia una reforma de la Constitución de 1980.
Según Girardi, antropóloga de formación, “este sacrificio ni siquiera cumple con su función de realizar el bien común”, dado el nivel de desigualdad y la escasez de los mecanismos redistributivos que caracterizan el modelo de “Democracia Capitalista”* que adoptó Chile al salir del periodo dictatorial, y que confirmó la arquitectura económico-política heredada de este, en los dominios de la Salud, de la Educación, del sistema pensional, y del manejo de recursos naturales, y que en Chile siguen aprisionados en las manos de actores privados (*de acuerdo con la teoría desarrollada por el profesor en ciencia política de la Universidad Católica, Alfredo Rehren).
El Estado está totalmente coludido con una clase del sector económico
Testigo privilegiada del manejo del poder en el Congreso, la diputada del PPD no solo identifica la fuente del problema en una despreocupación de nuestros dirigentes sino en una colusión obvia y sinvergüenza pactada entre los que asumen los cargos estatales y los sectores empresariales en Chile. Y son abundantes los casos que ejemplifican su planteamiento. El establecimiento de las últimas normas de emisión de monóxido azufre es uno conspicuo de ellos: “Se supone que actualmente es de 250 (mg/m3 por 24 horas). Salud había propuesto disminuirla a 150, y el Consejo de ministro lo subió a 200. Cuando la norma de la OMS es 20”. En una confesión sincera, denuncia un sistema de presión subyacente en el cual la mediación del Ejecutivo favorece sistemáticamente a la demanda apenas disimulada de las poderosas empresas. Comprometida en la promoción de un nuevo Código de Aguas desde hace una década, comprobó en carne propia su eficacia. Este Código preveía entre otras medidas amparar el agua como recurso no privatizable ante la posibilidad inicua de las mineras de apropiarse de las napas en su cercanía, haciéndola inutilizable para todo uso de interés común. El Código, al punto de ser aprobado después de una labor ciclópea, se eliminó cuando Bachelet asumió, haciendo caer el artículo votado sobre las “aguas del minero” al olvido. Otro triste ejemplo es el del caso de la protección de los glaciares, esenciales en su ecosistema y parte del patrimonio natural nacional, se trató de protegerlos todos -sin excepción- bajo la égida de un nuevo estatus. Sin embargo, después de presiones por parte de empresas mineras, como la Pascua Lama en la Región de Atacama, se decretó que serían sujetos de protección los que se notifican arbitrariamente como “reserva estratégica”. Entonces, ya no es de discutir el tema de la colusión de la clase política con el sector económico-empresarial. “Hasta en nuestras propias filas”, reconoce, apuntando a un expresidente del Consejo Minero, del cual se supo que tenía intereses con grupos extranjeros.
Sin embargo, la diputada va aún más allá, y destaca un arraigo y apego de índole cultural en priorizar siempre al sector privado, que se fue implementando en la tradición y práctica estatal, particularmente bajo la dictadura: “Culturalmente, hay una permisividad, hay una falta de límite sumamente grave respecto de cómo el Estado vulnera la propia legislación que tiene que cautelar, y aparte hay claramente esa no preocupación, este no cumplimiento está para favorecer el sector económico”.
Una falta flagrante de conciencia política y ciudadana, y de visibilización mediática
La ausencia del tema en la agenda de políticas públicas conlleva, necesariamente, a una invisibilización mediática del problema. En este caso particular, los medios de comunicación tradicionales han incumplido con su tarea democrática esencial de alertar la ciudadanía y de participar en el impulso colectivo hacia una toma general de conciencia que sí hace correr las fronteras del poder.
Lucio Cuenca lamenta que el tema no sea ya implementado como evidencia en el panorama de las prioridades de los movimientos políticos, sobre todo en este periodo preelectoral. Deplora que el Frente Amplio, que parece retomar el afán por mayor modernidad política proveniente de la Sociedad Civil, solo lo integre en términos genéricos.
Cristina Girardi comparte su análisis. Según ella, “La ciudadanía y la política lo ve como un tema marginal”. A su juicio, el trabajo de sensibilización tendría que girar en torno
a dos pilares: “Por un cambio del ideario y el verdadero empoderamiento de la ciudadanía gracias a un profundo proceso de información, en un Chile que sigue siendo bipolar, con un núcleo que persiste en ser reacio a la democracia. Nos hace falta una gran masa empoderada desde el punto de vista de poder hacerse cargo por sí misma de los problemas y sus soluciones, no solo de alegar y expresar su descontento de forma vana.” Citando al filósofo francés Edgard Morin, continúa: “Tenemos que reeducar nuestra forma de pensar. Y comprometernos por un cambio de la estructura del pensamiento, porque ahora todavía estamos en el respirar, dormir y cagar”.
“Se trata básicamente de un abandono” plantea con firmeza Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, al caracterizar las denominadas “zonas de sacrificio ambiental”. Se aceptan comúnmente cuatro, catalogadas en el país en contextos portuarios, en los territorios de Tocopilla/Mejillones (Región de Antofagasta), Huasco (Región de Atacama), Puchuncaví-Quintero (Región de Valparaíso) y Coronel (Región del Bío Bío), estos espacios expuestos a grados extremos de contaminación y de degradación de la calidad de elementos imprescindibles a la vida humana tales como el agua o el aire, generados por el tema de una concentración industrial y de plantas termoeléctricas inédita. A esto se suma la localidad de Til Til (Región Metropolitana), con más de 30 puntos contaminantes. No faltan ni los ininterrumpidos escándalos, ni los estudios realizados por organizaciones internacionales y no gubernamentales, ni las protestas recurrentes de las comunidades afectadas, para evidenciar lo que sí puede ser considerado un crimen que se está perpetrando desde ya varias décadas en estas zonas… en el medio de la indiferencia generalizada del Estado, en su expresión local como central.
Si bien el no cumplimiento del Derecho a vivir en un Medio Ambiente libre de contaminación – garantizado por la Constitución – es un asunto sumamente grave, lo es aún más que el Estado lo asume en su discurso al retomar la denominación de “zonas de sacrificio”, como lo denuncia Cristina Girardi, diputada PPD, al puntualizar que más encima de que las normas vigentes de control de la contaminación sean mínimas e insuficientes, ni siquiera se las cumple en la práctica. “El Estado no tiene derecho a sacrificar a nadie: es muy problemático que en el discurso oficial (no legal) ocupen esa expresión. El Estado tiene justamente que cautelar que no existan zonas de sacrificio, sino significaría autoelimininarse como Estado democrático. Y lo asume como si fuera lo más normal del mundo.” Agrega que
hace falta ampliar el concepto de zonas de sacrificio a todos los territorios devastados por la actividad industrial para lograr fomentar un panorama que verdaderamente cuente de la amplitud del fenómeno: la indiferencia del Estado sería entonces relevante de apuntar en muchos ámbitos, como “para los casos de las forestales y del agua en la región de la Araucania” recalca Girardi, entre muchos otros ejemplos.
La necesidad de una nueva ética
A la hora de considerar lo que resultan ser “agresiones ambientales”, una pregunta oportuna parece ser “¿para quién se gobierna?” Desde el enfoque de director del OLCA, el marco legal, por ser muy insuficiente, señala que la finalidad de las leyes no es la protección del Medio Ambiente o de la Salud Humana. Las normas vigentes, muy flexibles, no están sancionadas por un control serio por parte de la Superintendencia, lo que permite entender por qué plantas que ni siquiera respetan las limitaciones de contaminación actuales siguen funcionando sin rendir cuentas. Es aún más notoria la invisibilización que se hace del problema cuando se detalla la ausencia de monitoreo de los niveles de contaminación, lo que imposibilita la formación de pruebas que permitirían acudir a tribunales con el fin de enjuiciar y condenar los responsables correspondientes.
Puesta en la mesa esta vulneración de los derechos humanos, “Crónica de una muerte anunciada”, apela para el reconocimiento y el respeto del derecho de las comunidades en participar en los procesos decisorios que les afectan directamente. El principio de Justicia Ambiental implica un reparto igualitario de las cargas y de los beneficios ambientales del crecimiento económico, y pone el consentimiento de la gente afecta en el centro de la legitimación de esta distribución. Asimismo, en ningún caso puede justificar la hipoteca de las oportunidades de desarrollo de las generaciones futuras, para fines individuales y cortoplacistas. Aboga por una “nueva ética” cívica e institucional, que intuye una evolución sustancial en nuestra forma de concebir el relacionar con la naturaleza, como parte de la cadena de la vida humana, y detentora de un valor en sí mismo.
Las zonas de sacrificio evidencian claramente el “apartheid chileno”
Estos territorios que concentran en espacios reducidos unas de las actividades con mayor generación de contaminación nacional, evidencian según él una tendencia nacional que hace coincidir destrucción del Medio Ambiente con pobreza, según “una filosofía clasista” que desprecia los sectores más desfavorecidos de la población.
El activista – cuya organización suministra apoyo a las comunidades que luchan por su derecho a gozar de sus recursos ambientales – identifica “una lógica de chantaje” que toma de rehén a una minoría vulnerable y la sacrifica en el altar de una idea de crecimiento. Esta justificación por la búsqueda del “bien común” es “indigna de una sociedad que pretende haber alcanzado la democracia”, destacando que el modelo constitucional que propicia el lucro por la extracción de recursos en desmedro de los derechos básicos de los ciudadanos es una herencia del periodo dictatorial. Asimismo, apunta al actual gobierno por el incumplimiento de sus promesas electorales, entre las cuales figuraba que se encauce la sociedad hacia una reforma de la Constitución de 1980.
Según Girardi, antropóloga de formación, “este sacrificio ni siquiera cumple con su función de realizar el bien común”, dado el nivel de desigualdad y la escasez de los mecanismos redistributivos que caracterizan el modelo de “Democracia Capitalista”* que adoptó Chile al salir del periodo dictatorial, y que confirmó la arquitectura económico-política heredada de este, en los dominios de la Salud, de la Educación, del sistema pensional, y del manejo de recursos naturales, y que en Chile siguen aprisionados en las manos de actores privados (*de acuerdo con la teoría desarrollada por el profesor en ciencia política de la Universidad Católica, Alfredo Rehren).
El Estado está totalmente coludido con una clase del sector económico
Testigo privilegiada del manejo del poder en el Congreso, la diputada del PPD no solo identifica la fuente del problema en una despreocupación de nuestros dirigentes sino en una colusión obvia y sinvergüenza pactada entre los que asumen los cargos estatales y los sectores empresariales en Chile. Y son abundantes los casos que ejemplifican su planteamiento. El establecimiento de las últimas normas de emisión de monóxido azufre es uno conspicuo de ellos: “Se supone que actualmente es de 250 (mg/m3 por 24 horas). Salud había propuesto disminuirla a 150, y el Consejo de ministro lo subió a 200. Cuando la norma de la OMS es 20”. En una confesión sincera, denuncia un sistema de presión subyacente en el cual la mediación del Ejecutivo favorece sistemáticamente a la demanda apenas disimulada de las poderosas empresas. Comprometida en la promoción de un nuevo Código de Aguas desde hace una década, comprobó en carne propia su eficacia. Este Código preveía entre otras medidas amparar el agua como recurso no privatizable ante la posibilidad inicua de las mineras de apropiarse de las napas en su cercanía, haciéndola inutilizable para todo uso de interés común. El Código, al punto de ser aprobado después de una labor ciclópea, se eliminó cuando Bachelet asumió, haciendo caer el artículo votado sobre las “aguas del minero” al olvido. Otro triste ejemplo es el del caso de la protección de los glaciares, esenciales en su ecosistema y parte del patrimonio natural nacional, se trató de protegerlos todos -sin excepción- bajo la égida de un nuevo estatus. Sin embargo, después de presiones por parte de empresas mineras, como la Pascua Lama en la Región de Atacama, se decretó que serían sujetos de protección los que se notifican arbitrariamente como “reserva estratégica”. Entonces, ya no es de discutir el tema de la colusión de la clase política con el sector económico-empresarial. “Hasta en nuestras propias filas”, reconoce, apuntando a un expresidente del Consejo Minero, del cual se supo que tenía intereses con grupos extranjeros.
Sin embargo, la diputada va aún más allá, y destaca un arraigo y apego de índole cultural en priorizar siempre al sector privado, que se fue implementando en la tradición y práctica estatal, particularmente bajo la dictadura: “Culturalmente, hay una permisividad, hay una falta de límite sumamente grave respecto de cómo el Estado vulnera la propia legislación que tiene que cautelar, y aparte hay claramente esa no preocupación, este no cumplimiento está para favorecer el sector económico”.
Una falta flagrante de conciencia política y ciudadana, y de visibilización mediática
La ausencia del tema en la agenda de políticas públicas conlleva, necesariamente, a una invisibilización mediática del problema. En este caso particular, los medios de comunicación tradicionales han incumplido con su tarea democrática esencial de alertar la ciudadanía y de participar en el impulso colectivo hacia una toma general de conciencia que sí hace correr las fronteras del poder.
Lucio Cuenca lamenta que el tema no sea ya implementado como evidencia en el panorama de las prioridades de los movimientos políticos, sobre todo en este periodo preelectoral. Deplora que el Frente Amplio, que parece retomar el afán por mayor modernidad política proveniente de la Sociedad Civil, solo lo integre en términos genéricos.
Cristina Girardi comparte su análisis. Según ella, “La ciudadanía y la política lo ve como un tema marginal”. A su juicio, el trabajo de sensibilización tendría que girar en torno
a dos pilares: “Por un cambio del ideario y el verdadero empoderamiento de la ciudadanía gracias a un profundo proceso de información, en un Chile que sigue siendo bipolar, con un núcleo que persiste en ser reacio a la democracia. Nos hace falta una gran masa empoderada desde el punto de vista de poder hacerse cargo por sí misma de los problemas y sus soluciones, no solo de alegar y expresar su descontento de forma vana.” Citando al filósofo francés Edgard Morin, continúa: “Tenemos que reeducar nuestra forma de pensar. Y comprometernos por un cambio de la estructura del pensamiento, porque ahora todavía estamos en el respirar, dormir y cagar”.
“Se trata básicamente de un abandono” plantea con firmeza Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, al caracterizar las denominadas “zonas de sacrificio ambiental”. Se aceptan comúnmente cuatro, catalogadas en el país en contextos portuarios, en los territorios de Tocopilla/Mejillones (Región de Antofagasta), Huasco (Región de Atacama), Puchuncaví-Quintero (Región de Valparaíso) y Coronel (Región del Bío Bío), estos espacios expuestos a grados extremos de contaminación y de degradación de la calidad de elementos imprescindibles a la vida humana tales como el agua o el aire, generados por el tema de una concentración industrial y de plantas termoeléctricas inédita. A esto se suma la localidad de Til Til (Región Metropolitana), con más de 30 puntos contaminantes. No faltan ni los ininterrumpidos escándalos, ni los estudios realizados por organizaciones internacionales y no gubernamentales, ni las protestas recurrentes de las comunidades afectadas, para evidenciar lo que sí puede ser considerado un crimen que se está perpetrando desde ya varias décadas en estas zonas… en el medio de la indiferencia generalizada del Estado, en su expresión local como central.
Si bien el no cumplimiento del Derecho a vivir en un Medio Ambiente libre de contaminación – garantizado por la Constitución – es un asunto sumamente grave, lo es aún más que el Estado lo asume en su discurso al retomar la denominación de “zonas de sacrificio”, como lo denuncia Cristina Girardi, diputada PPD, al puntualizar que más encima de que las normas vigentes de control de la contaminación sean mínimas e insuficientes, ni siquiera se las cumple en la práctica. “El Estado no tiene derecho a sacrificar a nadie: es muy problemático que en el discurso oficial (no legal) ocupen esa expresión. El Estado tiene justamente que cautelar que no existan zonas de sacrificio, sino significaría autoelimininarse como Estado democrático. Y lo asume como si fuera lo más normal del mundo.” Agrega que
hace falta ampliar el concepto de zonas de sacrificio a todos los territorios devastados por la actividad industrial para lograr fomentar un panorama que verdaderamente cuente de la amplitud del fenómeno: la indiferencia del Estado sería entonces relevante de apuntar en muchos ámbitos, como “para los casos de las forestales y del agua en la región de la Araucania” recalca Girardi, entre muchos otros ejemplos.
La necesidad de una nueva ética
A la hora de considerar lo que resultan ser “agresiones ambientales”, una pregunta oportuna parece ser “¿para quién se gobierna?” Desde el enfoque de director del OLCA, el marco legal, por ser muy insuficiente, señala que la finalidad de las leyes no es la protección del Medio Ambiente o de la Salud Humana. Las normas vigentes, muy flexibles, no están sancionadas por un control serio por parte de la Superintendencia, lo que permite entender por qué plantas que ni siquiera respetan las limitaciones de contaminación actuales siguen funcionando sin rendir cuentas. Es aún más notoria la invisibilización que se hace del problema cuando se detalla la ausencia de monitoreo de los niveles de contaminación, lo que imposibilita la formación de pruebas que permitirían acudir a tribunales con el fin de enjuiciar y condenar los responsables correspondientes.
Puesta en la mesa esta vulneración de los derechos humanos, “Crónica de una muerte anunciada”, apela para el reconocimiento y el respeto del derecho de las comunidades en participar en los procesos decisorios que les afectan directamente. El principio de Justicia Ambiental implica un reparto igualitario de las cargas y de los beneficios ambientales del crecimiento económico, y pone el consentimiento de la gente afecta en el centro de la legitimación de esta distribución. Asimismo, en ningún caso puede justificar la hipoteca de las oportunidades de desarrollo de las generaciones futuras, para fines individuales y cortoplacistas. Aboga por una “nueva ética” cívica e institucional, que intuye una evolución sustancial en nuestra forma de concebir el relacionar con la naturaleza, como parte de la cadena de la vida humana, y detentora de un valor en sí mismo.
Las zonas de sacrificio evidencian claramente el “apartheid chileno”
Estos territorios que concentran en espacios reducidos unas de las actividades con mayor generación de contaminación nacional, evidencian según él una tendencia nacional que hace coincidir destrucción del Medio Ambiente con pobreza, según “una filosofía clasista” que desprecia los sectores más desfavorecidos de la población.
El activista – cuya organización suministra apoyo a las comunidades que luchan por su derecho a gozar de sus recursos ambientales – identifica “una lógica de chantaje” que toma de rehén a una minoría vulnerable y la sacrifica en el altar de una idea de crecimiento. Esta justificación por la búsqueda del “bien común” es “indigna de una sociedad que pretende haber alcanzado la democracia”, destacando que el modelo constitucional que propicia el lucro por la extracción de recursos en desmedro de los derechos básicos de los ciudadanos es una herencia del periodo dictatorial. Asimismo, apunta al actual gobierno por el incumplimiento de sus promesas electorales, entre las cuales figuraba que se encauce la sociedad hacia una reforma de la Constitución de 1980.
Según Girardi, antropóloga de formación, “este sacrificio ni siquiera cumple con su función de realizar el bien común”, dado el nivel de desigualdad y la escasez de los mecanismos redistributivos que caracterizan el modelo de “Democracia Capitalista”* que adoptó Chile al salir del periodo dictatorial, y que confirmó la arquitectura económico-política heredada de este, en los dominios de la Salud, de la Educación, del sistema pensional, y del manejo de recursos naturales, y que en Chile siguen aprisionados en las manos de actores privados (*de acuerdo con la teoría desarrollada por el profesor en ciencia política de la Universidad Católica, Alfredo Rehren).
El Estado está totalmente coludido con una clase del sector económico
Testigo privilegiada del manejo del poder en el Congreso, la diputada del PPD no solo identifica la fuente del problema en una despreocupación de nuestros dirigentes sino en una colusión obvia y sinvergüenza pactada entre los que asumen los cargos estatales y los sectores empresariales en Chile. Y son abundantes los casos que ejemplifican su planteamiento. El establecimiento de las últimas normas de emisión de monóxido azufre es uno conspicuo de ellos: “Se supone que actualmente es de 250 (mg/m3 por 24 horas). Salud había propuesto disminuirla a 150, y el Consejo de ministro lo subió a 200. Cuando la norma de la OMS es 20”. En una confesión sincera, denuncia un sistema de presión subyacente en el cual la mediación del Ejecutivo favorece sistemáticamente a la demanda apenas disimulada de las poderosas empresas. Comprometida en la promoción de un nuevo Código de Aguas desde hace una década, comprobó en carne propia su eficacia. Este Código preveía entre otras medidas amparar el agua como recurso no privatizable ante la posibilidad inicua de las mineras de apropiarse de las napas en su cercanía, haciéndola inutilizable para todo uso de interés común. El Código, al punto de ser aprobado después de una labor ciclópea, se eliminó cuando Bachelet asumió, haciendo caer el artículo votado sobre las “aguas del minero” al olvido. Otro triste ejemplo es el del caso de la protección de los glaciares, esenciales en su ecosistema y parte del patrimonio natural nacional, se trató de protegerlos todos -sin excepción- bajo la égida de un nuevo estatus. Sin embargo, después de presiones por parte de empresas mineras, como la Pascua Lama en la Región de Atacama, se decretó que serían sujetos de protección los que se notifican arbitrariamente como “reserva estratégica”. Entonces, ya no es de discutir el tema de la colusión de la clase política con el sector económico-empresarial. “Hasta en nuestras propias filas”, reconoce, apuntando a un expresidente del Consejo Minero, del cual se supo que tenía intereses con grupos extranjeros.
Sin embargo, la diputada va aún más allá, y destaca un arraigo y apego de índole cultural en priorizar siempre al sector privado, que se fue implementando en la tradición y práctica estatal, particularmente bajo la dictadura: “Culturalmente, hay una permisividad, hay una falta de límite sumamente grave respecto de cómo el Estado vulnera la propia legislación que tiene que cautelar, y aparte hay claramente esa no preocupación, este no cumplimiento está para favorecer el sector económico”.
Una falta flagrante de conciencia política y ciudadana, y de visibilización mediática
La ausencia del tema en la agenda de políticas públicas conlleva, necesariamente, a una invisibilización mediática del problema. En este caso particular, los medios de comunicación tradicionales han incumplido con su tarea democrática esencial de alertar la ciudadanía y de participar en el impulso colectivo hacia una toma general de conciencia que sí hace correr las fronteras del poder.
Lucio Cuenca lamenta que el tema no sea ya implementado como evidencia en el panorama de las prioridades de los movimientos políticos, sobre todo en este periodo preelectoral. Deplora que el Frente Amplio, que parece retomar el afán por mayor modernidad política proveniente de la Sociedad Civil, solo lo integre en términos genéricos.
Cristina Girardi comparte su análisis. Según ella, “La ciudadanía y la política lo ve como un tema marginal”. A su juicio, el trabajo de sensibilización tendría que girar en torno
a dos pilares: “Por un cambio del ideario y el verdadero empoderamiento de la ciudadanía gracias a un profundo proceso de información, en un Chile que sigue siendo bipolar, con un núcleo que persiste en ser reacio a la democracia. Nos hace falta una gran masa empoderada desde el punto de vista de poder hacerse cargo por sí misma de los problemas y sus soluciones, no solo de alegar y expresar su descontento de forma vana.” Citando al filósofo francés Edgard Morin, continúa: “Tenemos que reeducar nuestra forma de pensar. Y comprometernos por un cambio de la estructura del pensamiento, porque ahora todavía estamos en el respirar, dormir y cagar”.
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