Abogados de Derechos Humanos, junto a familiares y víctimas detenidas en el otrora centro Villa Grimaldi, valoraron la sentencia condenatoria en contra de ex agentes de la DINA.
Recientemente, la Corte Suprema confirmó el dictamen que sancionó a nueve ex agentes por torturas a 37 presos políticos, los que permanecieron detenidos en dicho centro clandestino.
Entre los sentenciados a penas de diez años y un día de cárcel aparecen el brigadier Pedro Espinoza, el coronel Miguel Krassnoff Martchenko y los ex directores de la DINE, Francisco Ferrer Lima y Ricardo Lawrence Mires.
El abogado representante de varias de las víctimas, Hiram Villagra, destacó el fallo como una reivindicación de la justicia: “Esta es la pena más alta obtenida por torturas. Esta querella fue la causa simbólica que iniciaron los afectados de Villa Grimaldi. La manera como se logró establecer la mecánica del terror, el hecho de ser sobrevivientes permitió establecer cuales fueros los modus operandi y finalmente la condena ejemplar”, argumentó.
Alberto Rodríguez, querellante y vicepresidente la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, indicó que la condena marca un hito y sienta jurisprudencia para otras querellas similares que se mantienen en proceso. “Esta sentencia marca jurisprudencia, deja de manifiesto la voluntad y la necesidad de castigar los crímenes cometidos durante la dictadura, establecer que la tortura es un crimen de lesa humanidad. Creemos que es un gran aporte, ya que fueron alrededor de 40 mil chilenos y chilenas afectadas, y esto abre una puerta respecto de los canales de justicia”, detalló.
En tanto, el ministro en visita Mario Carroza emitió una orden de detención en contra de tres agentes de la dictadura que se mantienen prófugos y que fueron condenados por cinco secuestros calificados ocurridos en 1987.
Se trata de los militares en retiro Luis Arturo Sanhueza Ross y Roberto Rodríguez Manquel y el ex efectivo de la PDI Juan Carlos Orellana Morales, condenados a penas de entre cinco a diez años y un día de cárcel.
Los tres debían ingresar a cumplir su pena en el anexo penitenciario Colina I durante la semana pasada, lugar donde están siendo destinados los últimos condenados por violaciones a los Derechos Humanos luego que Punta Peuco llegara a su máxima capacidad.
El jurista defensor de varios de los militares condenados, Raúl Meza, comentó que “hoy estamos en un escenario que es histórico. Por primera vez militares en retiro procesados van a iniciar un cumplimiento de condena en una cárcel común”.
Al respecto, el abogado querellante en casos de Derechos Humanos, Nelson Caucoto, rebatió las palabras de Meza: “La fuga de tres de ellos es un tema previsible. Uno lo entiende desde el punto de vista natural que a nadie le gusta estar preso, pero cuando se cometen delitos de esta envergadura y naturaleza, la gente tiene que asumir las consecuencias, de manera que hoy día surge la tarea y labor de la policía para poder dar con el paradero de estas personas, ya que es bastante incómodo ser un fugitivo de la justicia”, explicó.
Los ex agentes fueron condenados junto a otras 29 personas; de éstas, 13 ya ingresaron a Colina I.
El ministro en visita Mario Carroza notificó de esta nueva condena a los ex militares por su responsabilidad en los secuestros calificados de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, perpetrados a partir de septiembre de 1987.
Abogados de Derechos Humanos, junto a familiares y víctimas detenidas en el otrora centro Villa Grimaldi, valoraron la sentencia condenatoria en contra de ex agentes de la DINA.
Recientemente, la Corte Suprema confirmó el dictamen que sancionó a nueve ex agentes por torturas a 37 presos políticos, los que permanecieron detenidos en dicho centro clandestino.
Entre los sentenciados a penas de diez años y un día de cárcel aparecen el brigadier Pedro Espinoza, el coronel Miguel Krassnoff Martchenko y los ex directores de la DINE, Francisco Ferrer Lima y Ricardo Lawrence Mires.
El abogado representante de varias de las víctimas, Hiram Villagra, destacó el fallo como una reivindicación de la justicia: “Esta es la pena más alta obtenida por torturas. Esta querella fue la causa simbólica que iniciaron los afectados de Villa Grimaldi. La manera como se logró establecer la mecánica del terror, el hecho de ser sobrevivientes permitió establecer cuales fueros los modus operandi y finalmente la condena ejemplar”, argumentó.
Alberto Rodríguez, querellante y vicepresidente la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, indicó que la condena marca un hito y sienta jurisprudencia para otras querellas similares que se mantienen en proceso. “Esta sentencia marca jurisprudencia, deja de manifiesto la voluntad y la necesidad de castigar los crímenes cometidos durante la dictadura, establecer que la tortura es un crimen de lesa humanidad. Creemos que es un gran aporte, ya que fueron alrededor de 40 mil chilenos y chilenas afectadas, y esto abre una puerta respecto de los canales de justicia”, detalló.
En tanto, el ministro en visita Mario Carroza emitió una orden de detención en contra de tres agentes de la dictadura que se mantienen prófugos y que fueron condenados por cinco secuestros calificados ocurridos en 1987.
Se trata de los militares en retiro Luis Arturo Sanhueza Ross y Roberto Rodríguez Manquel y el ex efectivo de la PDI Juan Carlos Orellana Morales, condenados a penas de entre cinco a diez años y un día de cárcel.
Los tres debían ingresar a cumplir su pena en el anexo penitenciario Colina I durante la semana pasada, lugar donde están siendo destinados los últimos condenados por violaciones a los Derechos Humanos luego que Punta Peuco llegara a su máxima capacidad.
El jurista defensor de varios de los militares condenados, Raúl Meza, comentó que “hoy estamos en un escenario que es histórico. Por primera vez militares en retiro procesados van a iniciar un cumplimiento de condena en una cárcel común”.
Al respecto, el abogado querellante en casos de Derechos Humanos, Nelson Caucoto, rebatió las palabras de Meza: “La fuga de tres de ellos es un tema previsible. Uno lo entiende desde el punto de vista natural que a nadie le gusta estar preso, pero cuando se cometen delitos de esta envergadura y naturaleza, la gente tiene que asumir las consecuencias, de manera que hoy día surge la tarea y labor de la policía para poder dar con el paradero de estas personas, ya que es bastante incómodo ser un fugitivo de la justicia”, explicó.
Los ex agentes fueron condenados junto a otras 29 personas; de éstas, 13 ya ingresaron a Colina I.
El ministro en visita Mario Carroza notificó de esta nueva condena a los ex militares por su responsabilidad en los secuestros calificados de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, perpetrados a partir de septiembre de 1987.
Abogados de Derechos Humanos, junto a familiares y víctimas detenidas en el otrora centro Villa Grimaldi, valoraron la sentencia condenatoria en contra de ex agentes de la DINA.
Recientemente, la Corte Suprema confirmó el dictamen que sancionó a nueve ex agentes por torturas a 37 presos políticos, los que permanecieron detenidos en dicho centro clandestino.
Entre los sentenciados a penas de diez años y un día de cárcel aparecen el brigadier Pedro Espinoza, el coronel Miguel Krassnoff Martchenko y los ex directores de la DINE, Francisco Ferrer Lima y Ricardo Lawrence Mires.
El abogado representante de varias de las víctimas, Hiram Villagra, destacó el fallo como una reivindicación de la justicia: “Esta es la pena más alta obtenida por torturas. Esta querella fue la causa simbólica que iniciaron los afectados de Villa Grimaldi. La manera como se logró establecer la mecánica del terror, el hecho de ser sobrevivientes permitió establecer cuales fueros los modus operandi y finalmente la condena ejemplar”, argumentó.
Alberto Rodríguez, querellante y vicepresidente la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, indicó que la condena marca un hito y sienta jurisprudencia para otras querellas similares que se mantienen en proceso. “Esta sentencia marca jurisprudencia, deja de manifiesto la voluntad y la necesidad de castigar los crímenes cometidos durante la dictadura, establecer que la tortura es un crimen de lesa humanidad. Creemos que es un gran aporte, ya que fueron alrededor de 40 mil chilenos y chilenas afectadas, y esto abre una puerta respecto de los canales de justicia”, detalló.
En tanto, el ministro en visita Mario Carroza emitió una orden de detención en contra de tres agentes de la dictadura que se mantienen prófugos y que fueron condenados por cinco secuestros calificados ocurridos en 1987.
Se trata de los militares en retiro Luis Arturo Sanhueza Ross y Roberto Rodríguez Manquel y el ex efectivo de la PDI Juan Carlos Orellana Morales, condenados a penas de entre cinco a diez años y un día de cárcel.
Los tres debían ingresar a cumplir su pena en el anexo penitenciario Colina I durante la semana pasada, lugar donde están siendo destinados los últimos condenados por violaciones a los Derechos Humanos luego que Punta Peuco llegara a su máxima capacidad.
El jurista defensor de varios de los militares condenados, Raúl Meza, comentó que “hoy estamos en un escenario que es histórico. Por primera vez militares en retiro procesados van a iniciar un cumplimiento de condena en una cárcel común”.
Al respecto, el abogado querellante en casos de Derechos Humanos, Nelson Caucoto, rebatió las palabras de Meza: “La fuga de tres de ellos es un tema previsible. Uno lo entiende desde el punto de vista natural que a nadie le gusta estar preso, pero cuando se cometen delitos de esta envergadura y naturaleza, la gente tiene que asumir las consecuencias, de manera que hoy día surge la tarea y labor de la policía para poder dar con el paradero de estas personas, ya que es bastante incómodo ser un fugitivo de la justicia”, explicó.
Los ex agentes fueron condenados junto a otras 29 personas; de éstas, 13 ya ingresaron a Colina I.
El ministro en visita Mario Carroza notificó de esta nueva condena a los ex militares por su responsabilidad en los secuestros calificados de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, perpetrados a partir de septiembre de 1987.
