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Mariana Zegers

La educación de cara al futuro

Mariana Zegers | Jueves 4 de mayo 2017 8:23 hrs.

Las políticas en educación exigen una mirada extensa, que se reflejen en la implementación de proyectos a largo plazo. A su vez, estos proyectos deben surgir de acuerdos de los que las organizaciones civiles y las comunidades ciudadanas sean parte.  En Chile, la calidad de la educación sigue siendo precaria, aunque, tal como señalan los investigadores de Educación 2020, se haya avanzado en cobertura e inversión (el presupuesto en educación se ha triplicado en los últimos diez años).

Nuestro sistema educacional se estructura sobre la base a la segregación social; la libertad de enseñanza queda sujeta al poder adquisitivo de las familias. En un Chile repleto de trabajadores que deben endeudarse para costear necesidades básicas, como salud, educación, vivienda y alimentación.

Educación 2020 plantea verdades inconvenientes, entre las que queremos destacar una que nos redirige a los derechos de los niños, quiénes, a pesar de constituir literalmente el futuro de Chile, han sido postergados. “Según Unicef, la proporción de niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar severa es del 25,9%”, ¿cómo puede hacerse cargo de esta realidad la educación pública si no se destinan recursos masivos, humanos y financieros, suficientes para dar un giro radical en la protección de la infancia?

En lo que a educación parvularia respecta, se ha privilegiado la cobertura, pero en desmedro de la calidad. Y cuando se habla de calidad, antes que nada es preciso atender a la formación de los educadores y sus condiciones laborales. El cuidado directo de los más pequeños recae principalmente en el personal técnico, que carece de la formación indispensable. Asimismo, la educación inicial se ve obstruida por una “rigidez de las modalidades de atención, horarios y marcada tendencia a la escolarización prematura”.

En casos como este se hace visible que los derechos son integrales y se encuentran en relación de interdependencia.

A esta verdad inconveniente, enunciamos otras que Educación 2020 despliega en su Plan Nacional de Educación: la crisis de los aprendizajes y de los modelos educativos, que exige una innovación pedagógica en las formas de enseñar y de aprender; la “burocracia que ahoga a las escuelas” y la excesiva presión por los resultados en evaluaciones estandarizadas.

Reconociendo los avances, la Ley SEP y la Ley de Inclusión aportan a la disminución de la segregación en la educación. Este marco normativo prohíbe el copago, la selección y el lucro en aquellos establecimientos que reciben fondos públicos. Pese a ello, la brecha socioeconómica en la enseñanza persiste vigorosamente.

Mantenemos una educación pública descuidada, cuya matrícula ha descendido de manera sostenida, alcanzando un 35% en la actualidad, mientras que en los países con buenos resultados en educación esta alcanza el 85%.

Si bien los gobiernos han trabajado en el fortalecimiento de la educación  pública, los esfuerzos han sido insuficientes. Al lento avance del proyecto de desmunicipalización habría que añadir el sistema voucher, que entrega recursos según la asistencia, “olvidando que las escuelas mantienen costos fijos y que la asistencia a clases no siempre responde a la gestión escolar”.

Necesitamos que la educación se conciba y se practique como un derecho; una educación integral, ensalzada hace ya décadas como un derecho humano esencial, pero que en Chile es más un bien de consumo. Una educación que se proclama en la ley como derecho; palabras que se distancian de la realidad haciendo eco de la extensa brecha social que caracteriza nuestro sistema educativo y nuestra realidad de país.

Es preciso innovar en los métodos de enseñanza y aprendizaje, flexibilizar las trayectorias arbitrarias, recordar que “el techo de un sistema educativo está dado por la calidad de sus docentes y directivos, que responde a  su formación y condiciones de ejercicio”, saber que no toda mejora pasa por cambios legislativos y que, tal como señala Educación 2020, la realidad prueba lo contrario.

Hoy hablamos de construir acuerdos en miras de un país más justo, en asuntos que competen a toda la sociedad. Y preguntamos, ¿qué pasa con las reformas, que no captan el sentir y la aprobación de la ciudadanía?

Nos quedamos con una cita del Plan Nacional de Educación impulsado por Educación 2020: “La educación de calidad en Chile debe responder a nuestros dolores como sociedad. Si nuestro país tiene un poco honroso record en segregación y desigualdad, la escuela debe ser un espacio para transformar estas dinámicas sociales y permitir que convivamos con quienes tienen diferente género, talento, capacidades cognitivas, recursos económicos, nacionalidades y culturas”. Sin duda, tenemos un largo trecho por delante.

Nuestra democracia chilena, enmarcada en el neoliberalismo occidental, proclama como derechos una serie de servicios básicos  que, en la práctica, funcionan ante todo como bienes de consumo. Esta es la gran inconsecuencia del sistema, un orden que a estas alturas resulta urgente subvertir.