Este jueves en la Central Unitaria de Trabajadores, dirigentes sindicales de empresas públicas como Codelco, Correos de Chile, Metro, Enap, Enami, entre otras, analizaron y delinearon futuras acciones para hacer frente al último dictamen de la Contraloría General de la República que –según advirtieron-pone en jaque las negociaciones colectivas.

A partir de una reciente decisión de la instancia fiscalizadora, los representantes sindicales conformaron el Frente de trabajadores de Empresas del Estado.

Todo comenzó el pasado dos de mayo cuando el contralor general Jorge Bermúdez firmó un dictamen que aborda las “prestaciones pagadas a un ex director de Codelco”.

El documento señala que “la causal de cese del director -renuncia del trabajador, dando aviso a su empleador con treinta días de anticipación, a lo menos- no es de aquellas que dan derecho a la indemnización por años de servicio que regula el artículo 163″ del Código del Trabajo.

Esto generó preocupación entre los dirigentes sindicales de empresas públicas, ya que el dictamen podría influir, por ejemplo, en restringir beneficios laborales como el pago de los dineros por retiros anticipados.

El presidente de la Federación de Supervisores del Cobre, FESUC, Ricardo Calderón, informó sobre las posibles implicancias de estos documentos que aluden al correcto uso de los recursos públicos y, al mismo tiempo, cuestionan los derechos adquiridos por los trabajadores en el marco de negociaciones colectivas legales: “La administración de Codelco sobre reaccionó en relación a un punto específico de un dictamen que tiene que ver con una materia que en realidad, de aplicarse tal cual, implicaría que se pondría en juego dos derechos importantes: primero, el derecho a negociar colectivamente y a suscribir contratos colectivos de parte de los sindicatos de las empresas del Estado; segundo, la facultad y los derechos que requieren los administradores de las empresas públicas para poder desarrollar sus funciones en un contexto de una economía de libre competencia, en el cual las empresas estatales deben competir con empresas privadas. Entonces, genera limitaciones en ambos sentidos”.

El presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro de Santiago, Erick Campos, criticó la decisión de la entidad fiscalizadora y además cuestionó la designación de directivos. Según el dirigente, están tratando de modificar la estructura de estas compañías y asimilarlas a empresas privadas.

Campos no dejó pasar la oportunidad para cuestionar la reciente decisión de los máximos ejecutivos de Metro, quienes pidieron al sindicato un 91 por ciento de trabajadores activos como servicios mínimos ante una posible huelga, en un proceso de negociación colectiva que parte en agosto.

“Le pone una camisa de fuerza a las propias compañías para desarrollarse y llegar a acuerdo con sus trabajadores. Nos parece importante esta nueva articulación, pero también para enfrentar otros temas como inversiones y representación de los trabajadores en los directorios, además de los tipos de liderazgos de ejecutivos que se están construyendo y que están llevando a una situación límite, más bien ligada al mundo privado y no a lo que debiese ser una empresa pública. Ejemplo es lo que acaba de suceder en Metro, donde sus ejecutivos solicitaron el 91% de servicios mínimos, es decir, una medida administrativa que atenta contra el espíritu de la ley del mismo Gobierno que nombra a estos directivos”.

Nolberto Díaz, actual Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), precisó que como organización sindical coordinarán una serie de reuniones con los ministerios de Hacienda y Trabajo, entre otras instancias implicadas, además con el mismo contralor general Jorge Bermúdez para que explique los alcances de su dictamen.

Díaz indicó que existe un potencial riesgo a partir del pronunciamiento que ha hecho la entidad fiscalizadora sobre el alcance de las negociaciones colectivas.

“Nos reunimos para declararnos en estado de alerta e iniciar acciones contra el contralor y sus dictamen. Porque el contralor se ha puesto al margen de la ley, se ha arrojado facultades que no tiene, con su dictamen ha afectado derechos fundamentales de los trabajadores, derechos fundamentales de las organizaciones sindicales para negociar, concordar retribuciones y además, ha afectado la libre competencia, porque pone en un estándar inferior a las empresas del Estado, limitando su acción, su administración”.

Abogados representantes de los distintos sindicatos de empresas públicas no descartaron presentar un  recurso de protección ante el fallo de Contraloría.

El nuevo frente de trabajadores de empresas del Estado anunció que se reunirá periódicamente para analizar los pasos que se están dando en este sentido, aunar criterios y emitir una opinión después de las reuniones que sostendrán con autoridades para discutir el tema.