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El secuestro del lonko Víctor Queipul no debe quedar impune

Alfonsina Peña y Alfonso Leyton |Cartas al Director |Miércoles 17 de mayo 2017 12:31 hrs.

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Señor Director:

Víctor Queipul Hueiquil, es lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui. Durante años junto a su comunidad, ha trabajado por la autodeterminación de su pueblo, la defensa del Wallmapu y el respeto a su cultura. Su lucha no ha sido fácil, pues lamentablemente él y su familia han sido víctimas de violencia por parte de agentes del Estado de Chile.

El 14 de junio del 2016, un violento operativo policial irrumpió en el territorio de la comunidad. Atacaron a hombres, mujeres, ancianos y niños con bombas lacrimógenas, carros lanzagases y otras armas antidisturbios. En este contexto, el lonko fue secuestrado por tres personas, quienes lo retuvieron por más de 8 horas en un lugar desconocido, lo torturaron reiteradas veces haciéndole diversas exigencias relativas a abandonar su trabajo con las comunidades mapuche y amenazándolo de muerte para que cesara su lucha por los derechos indígenas, finalmente lo abandonaron al costado de un camino cercano a Traiguén, donde denunció el hecho.

El lonko Queipul interpuso una querella formal contra Carabineros de Chile a fin de que se esclarecieran los hechos, se identificara a los responsables y se determinaran sanciones. Sin perjuicio de ello, con gran sorpresa nos enteramos de que el fiscal a cargo de la investigación ha decidido “no perseverar en la investigación”. No perseverar en una investigación que ni siquiera ha sido formalizada. Lo que implica no mantener la actitud de perseguir al imputado, persecución que precisamente no se ha dado en los hechos.

Su abogada, Karina Riquelme, indica que buscarán revertir esta decisión hoy miércoles 17 de mayo, pues según la información contenida en la carpeta de la causa sólo se han tomado las declaraciones a algunos carabineros que participaron del operativo, sin declaraciones claves, como las de las personas afectadas de la comunidad, ni de los que ayudaron en la búsqueda, tampoco se realizó una reconstitución de la escena, por lo que los peritajes realizados son insuficientes para esclarecer los hechos

Nos parece muy relevante destacar que el lonko Víctor Queipul es una víctima, y como tal tiene un derecho fundamental, que es requerir la tutela efectiva del derecho que reclama, sobre la cual debe pronunciarse el tribunal competente. Por lo tanto, de cerrarse la investigación en esta oportunidad, se vería afectado el derecho que tiene la víctima a obtener una reparación del mal causado. Asimismo, el Ministerio Público, como ente encargado de la investigación, debe observar estrictamente el principio de objetividad de la investigación, el que implica investigar con igual celo tanto los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, como los hechos que lo eximan de esta responsabilidad, la extingan o la atenúen.

El principio de la no discriminación es uno de los pilares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el que se ha establecido como una obligación general del Estado a no discriminar a las personas en el goce y ejercicio de sus derechos. El Comité de Derechos Humanos (CDH) ha definido la discriminación como “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”[1]. En ese sentido, estimamos que el actuar desproporcionado de carabineros, el secuestro y torturas sufridos con posterioridad, además del eventual término anticipado de la investigación penal, conllevan un trato discriminatorio hacia el lonko y su comunidad, toda vez que implican un detrimento a los derechos de que son titulares.

Por lo demás, el Estado de Chile tiene el deber de investigar los hechos acaecidos el 14 de junio de 2016, deber que emana de la obligación del Estado de actuar como garante de derechos de las personas. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “el deber de investigar que recae sobre el Estado es una obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por éste como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”.

Nos parece grave la situación vivida por el lonko y su comunidad, así como la negativa del Estado a seguir investigando los hechos constitutivos de delito, toda vez que ello conlleva una afectación directa de los derechos de la víctima y su comunidad. Por lo demás, estos hechos podrían haber sido perpetrados por agentes del Estado, lo que vuelve aún más complejo el escenario haciendo más imperativa y urgente una investigación, seria, racional y justa.

En un Estado democrático y de derecho, como es el que impera en nuestro país, creemos alarmante que este tipo de situaciones sigan ocurriendo. Como Amnistía Internacional seguimos de cerca este caso, el lonko Víctor Queipul representa la voz de su comunidad, la lucha del pueblo mapuche violentado constantemente durante siglos, y la fortaleza de su cultura ante una historia que la reniega. Alzamos la voz por el lonko, por el respeto de los derechos humanos y en este caso en particular, los derechos de los pueblos indígenas. No queremos más impunidad.

 

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