El miedo que infunde el crimen organizado y el narcoterrorismo en México, exige un cambio de paradigma en la política criminal de los países que padecen de tal flagelo.

La lucha contra esta malvada máquina de muerte, no se resolverá mediante el diálogo, porque no hay nada que tranzar con ellos, no hay acuerdos por hacer, ni siquiera se necesitan discusiones político-jurídicas cómo aumentar las penas, porque todo esto sería inútil sin un cambio de paradigma.

Sé que esto sonará como una aberración para los puristas, academicistas, tecnicistas y en general, toda esa gente que es incapaz de bajar el conocimiento a la vida cotidiana. Pero insisto, es necesario cambiar el paradigma.

Clásicamente, cuando hablamos de DD.HH nos referimos a la protección de los ciudadanos frente al poder del Estado el cual, en teoría, tiene el monopolio legítimo de la fuerza en un Estado de Derecho.

Vista esa definición, lo que debería ser y que además puede sonar muy bonito, bajemos ahora a la realidad, bajemos a los suburbios de nuestras ciudades, recorramos Sinaloa y veamos la cotidianidad por favor. En la práctica sí existen otros poderes que hacen uso de la fuerza para preservar sus operaciones y asegurar sus objetivos. Y estos no solamente pugnan con el Estado, también pugnan con los intereses de los ciudadanos: vivir en paz, seguros y tranquilos.

En este contexto, las victimas del narcoterrorismo en México ven vulnerados constante y sistemáticamente sus derechos humanos, sin que exista una verdadera protección de la integridad personal de cada uno de ellos, siendo de esa forma doblemente victimizadas. El crimen organizado y el narcoterrorismo, son violadores de los DD.HH per se y los ciudadanos que son víctimas de sus fechorías no deben ser considerados víctimas de crímenes o simples delitos, sino de crímenes de lesa humanidad. Esto, porque insisto, se trata de un poder independiente que, organizado y armado, se impone a la ciudadanía.

Ese paradigma nos permitiría poner de relieve la protección al ciudadano, como un fin que el Estado debe perseguir a toda costa.

Me parece frívolo que los Estados le den más importancia a la cantidad de droga que mueven los narcotraficantes, dejando en segundo plano la cantidad de delitos violentos que se cometen en su nombre y que, insisto, deben ser considerados crímenes que atentan contra los DD.HH.

No, en la práctica, el Estado nunca tendrá el monopolio de la fuerza. Su fuerza es legítima, sí, pero mientras él se cuida de ejercer su potestad conforme a Derecho, hay otro poder que no tiene ningún tipo de consideración a la hora de aplicar la suya, contra estudiantes, contra periodistas y contra cualquier civil que quedó literalmente atrapado en ese campo de batalla.