En la discusión de las leyes de Reforma de la Educación Superior debe rechazarse sin ambigüedades el infame artículo de intervención de las Universidades Estatales, que deja en interdicción a las comunidades de estas instituciones. Nada justifica este retroceso autoritario cuando lo que se demanda es mayor democracia.

El 1997, la Comunidad de la Universidad de Chile se movilizó con ėxito y seriedad, preocupada porque el estatuto interventor de la dictadura estaba produciendo cierto deterioro de la calidad, esa que se relaciona con su esencia más que con indicadores de gestión y con su autonomía para las tareas profundas de la dedicación al estudio. Se tardó, —por la acción de fuerzas conservadoras siempre temerosas de los cambios y siempre acomodadas en el poder— 10 años en ser promulgado y recién el 2007 comenzó a regir el nuevo Estatuto democrático, decidido y redactado por la comunidad, luego de que fuera aprobado por el parlamento, que borra la dañina, inculta y oscura intervención militar. Este año 2017 celebramos los primeros 10 años de su ejercicio: separación de ejecutivo, normativo y evaluador en los respectivos Consejo Universitario, Senado Universitario triestamental y Consejo de Evaluación que han contribuido a aumentar la calidad de la Universidad organizada en torno al conocimiento. Las otras Universidades Estatales no lograron hacerlo a pesar de que en casi todas se dieron procesos reflexivos y en algunas se llegó a redactar estatutos nuevos, que contemplan elección triestamental de autoridades (en proceso de discusión también en la Universidad de Chile), pero estos han quedado siempre traspapelados en algún misterioso recoveco de la transición política.

Calidad, autonomía, comunidad, democracia universitaria y democracia nacional están relacionadas y requieren de la atención y cuidado permanente de todos. Están siempre amenazados por diversas tensiones especialmente en nuestro país donde campean los conflictos de interés y la captura por las supuestas leyes de un mercado nada de libre.

El conocimiento —su generación, conservación y transmisión—, es la materia a que la universidad se aboca y para hacerlo requiere autonomía, un asunto que no es meramente retórico sino vital. La cúlmine se encuentra en las universidades estatales, que no toleran injerencias de dueños ni credos y tienen autonomía incluso frente al propio Estado. Es justamente ahí donde radica la enorme potencia de las universidades estatales. Pero una universidad que no es autónoma es impotente, un fraude social que no servirá al desarrollo de los habitantes del territorio que la acoge, un triste espejismo de lo que debiera ser. Tal como la mera apariencia de participación no basta para conformar una sociedad que se pretende democrática. Si la democracia precisa su permanente profundización y requiere ciudadanos cada vez más libres, informados y educados, entonces, el corazón de la democracia es la universidad: pública y con autonomía. Los estatutos deben resguardar a la institución universitaria cuidando su autonomía de toda intervención. Si hoy perdemos la autonomía, la universidad será una institución más, indistinguible y coludida con intereses particulares o privados.

Ahora, cuando el gobierno de la presidenta Bachelet se enfrenta por fin a la necesaria y urgente reforma de la educación superior, —cuyos elementos más agudos son el financiamiento, el fin del CAE y del lucro, el fortalecimiento de la educación pública y la regulación de la Educación Superior como un sistema único e integrado—, es muy sorprendente que se intente intervenir en las universidades estatales proponiendo en las leyes de reforma una forma de gobierno que ni la dictadura aventuró: una suerte de junta o consejo directivo que esté por sobre toda otra estructura y que considere una composición de sus integrantes que otorga su control al gobierno de turno del país. Quien haya ideado tamaño disparate comprende mal el rol de las universidades estatales, el concepto y ejercicio de la autonomía, de la comunidad universitaria y de su participación. Más bien parece un nuevo intento, (de esos que ya conocemos motivaciones y consecuencias) por transformar la universidad en empresa, igualando a su órgano directivo superior con una suerte de “board”. Los peligros de este embate son evidentes, sin ir más lejos, se abre la puerta para una ingerencia directa de la política contingente en las instituciones de mayor trascendencia para el desarrollo del país.

La versión final de la ley solo puede adoptar una de estas tres opciones:

1. Dejar este artículo tal como viene, generando un conflicto de proporciones, desvirtuando el estatuto de la Universidad de Chile y asestando un golpe a la autonomía y calidad de las universidades estatales;
2. Dejar el artículo para todas las estatales con excepción de la Universidad de Chile, que sería como decir que es esta la única verdadera universidad estatal mientras las otras, en su mayoría regionales, son interdictas, necesitan intervención y sus comunidades no son confiables;
3. Eliminar este artículo y permitir que las universidades estatales determinen su forma de gobierno sin intervenciones políticas autoritarias y profundicen su autonomía para contribuir mejor al desarrollo de Chile.

Es evidente que las comunidades de las universidades estatales estarán alertas por este elemento y no dudamos que sus rectores sabrán elevar la voz de rechazo frente a este embate, pues a nadie se le podría ocurrir que con una medida de este tenor se puedan resolver o aplacar las crecientes demandas por participación y democracia institucionales. La democracia es beneficiosa para la buscada calidad, como queda demostrado por estos diez años de funcionamiento triestamental del Senado de la Universidad de Chile.

Hacemos un llamado a los parlamentarios a rechazar tajantemente el artículo en cuestión por dañino para la autonomía y buen funcionamiento de las universidades estatales y a los Rectores a liderar con decisión y sin temores a sus respectivas comunidades en este rechazo así como en la discusión y elaboración inmediata de nuevos estatutos. Los avances de la sociedad chilena en la última década, que demanda más democracia y menos maniobras para frenarla, permiten considerar la participación y la elección triestamental de autoridades, en las universidades estatales, en la Universidad de Chile.