La Araucanía se ha convertido en debate político obligado. Los ataques incendiarios de los que se responsabiliza a comunidades mapuche generan división en los discursos: hay quienes piden más fuerza en la persecución de estos delitos; mientras otros sostienen que sin la mirada histórica es imposible solucionar un problema que data de siglos.
En esa espera, la relación entre el Estado y pueblo mapuche se vuelve más tensa; más cuando las autoridades insisten en aplicar la Ley Antiterrorista para investigar a los responsables.
De todo ello conversó Aucán Huilcaman. El líder mapuche y vocero del Consejo de Todas las Tierras se refirió a la presidencialización del debate. A su juicio, las palabras de los candidatos solo demuestran el desconocimiento que hay sobre el conflicto:
“Yo entiendo a muchos candidatos a presidente que lo hagan por mediante esas definiciones a priori que toman, están ocultando o están omitiendo la responsabilidad que tienen el Estado de Chile en lo que fue la Pacificación de La Araucanía, en los crímenes de lesa humanidad y en el despojo de la tierra y sus recurso, que son el tema de fondo de los hechos y controversias que hay en la Región”.
El vocero mapuche se refería, por ejemplo, a los dichos del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien prometió fortalecer la Ley Antiterrorista en caso de ser electo presidente, pero también a las intervenciones de Beatriz Sánchez: la candidata del Frente Amplio declaró que los ataques incendiarios del sur no califican como “delito terrorista”, empatando en sus palabras por lo planteado con Alejandro Guillier.
En la conversación, el también werkén acusó a la autoridad de generar las condiciones para que se realicen atentados en la región para cobrar los dineros prometidos. Esto por las compensaciones económicas a las que pueden acceder los afectados de ataques incendiarios, lo que permitiría–incluso- que se llegue a los autoatentados.
“La ley Araucanía que se quiere anunciar en el discurso de la presidenta en los próximos días, verdaderamente va a generar un escenario perverso que lo único que va a conseguir es dilatar el conflicto, disponer de un recurso económico, paliar la violencia y no tratar la cuestión de fondo. En eso va a concluir el Gobierno de la señora Michelle Bachelet”.
Desde la otra vereda, los representes de organizaciones sociales como Paz para La Araucanía o la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, el gremio de camioneros representados por Sergio Pérez, llamaron al Gobierno a endurecer su postura y sancionar los delitos.
En ese contexto, este lunes el ministro del Interior Mario Fernández los recibió en La Moneda cerca de las 17:00 horas para concretar una reunión que se extendió por casi dos horas.
Al finalizar el encuentro, Sergio Pérez se mostró decepcionado y señaló que “el Gobierno no tiene voluntad de resolver el grave problema de los actos terroristas de la Región de La Araucanía, salvo algunas medidas menores que nos informó el ministro Fernández: Instalarán un retén en los lugares donde no funcionen las cámaras, además de otras medidas paliativas que no van en la dirección de resolver este problema gravísimo”.
El dirigente empresarial indicó que esperaban que el Gobierno decretara Estado de Emergencia y que modificaran la Ley Antiterrorista. Respecto a esto último, comentó que el Ministro del Interior reconoció que esta legislación era laxa.
Pérez, agregó que comunicaran el resultado de la reunión a las bases para tomar alguna determinación futura.
Por otro lado, ocho imputados por el caso Luchsinger – Mackay anunciaron este lunes que iniciarán una huelga de hambre líquida exigiendo el fin de la Ley Antiterrorista, terminar con las prisiones preventivas y el derecho a ser juzgados en un plazo razonable.
Con estos antecedentes de fondo, se cruzan tres debates: el primero, sobre la definición y solución al conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche en la zona; también el que se origina por la definición del concepto de terrorismo; un último (más contextual) tiene que ver con los nombres y propuestas que se tomarán no solo la presidencia del país, sino también la representación en el Congreso.
La Araucanía se ha convertido en debate político obligado. Los ataques incendiarios de los que se responsabiliza a comunidades mapuche generan división en los discursos: hay quienes piden más fuerza en la persecución de estos delitos; mientras otros sostienen que sin la mirada histórica es imposible solucionar un problema que data de siglos.
En esa espera, la relación entre el Estado y pueblo mapuche se vuelve más tensa; más cuando las autoridades insisten en aplicar la Ley Antiterrorista para investigar a los responsables.
De todo ello conversó Aucán Huilcaman. El líder mapuche y vocero del Consejo de Todas las Tierras se refirió a la presidencialización del debate. A su juicio, las palabras de los candidatos solo demuestran el desconocimiento que hay sobre el conflicto:
“Yo entiendo a muchos candidatos a presidente que lo hagan por mediante esas definiciones a priori que toman, están ocultando o están omitiendo la responsabilidad que tienen el Estado de Chile en lo que fue la Pacificación de La Araucanía, en los crímenes de lesa humanidad y en el despojo de la tierra y sus recurso, que son el tema de fondo de los hechos y controversias que hay en la Región”.
El vocero mapuche se refería, por ejemplo, a los dichos del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien prometió fortalecer la Ley Antiterrorista en caso de ser electo presidente, pero también a las intervenciones de Beatriz Sánchez: la candidata del Frente Amplio declaró que los ataques incendiarios del sur no califican como “delito terrorista”, empatando en sus palabras por lo planteado con Alejandro Guillier.
En la conversación, el también werkén acusó a la autoridad de generar las condiciones para que se realicen atentados en la región para cobrar los dineros prometidos. Esto por las compensaciones económicas a las que pueden acceder los afectados de ataques incendiarios, lo que permitiría–incluso- que se llegue a los autoatentados.
“La ley Araucanía que se quiere anunciar en el discurso de la presidenta en los próximos días, verdaderamente va a generar un escenario perverso que lo único que va a conseguir es dilatar el conflicto, disponer de un recurso económico, paliar la violencia y no tratar la cuestión de fondo. En eso va a concluir el Gobierno de la señora Michelle Bachelet”.
Desde la otra vereda, los representes de organizaciones sociales como Paz para La Araucanía o la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, el gremio de camioneros representados por Sergio Pérez, llamaron al Gobierno a endurecer su postura y sancionar los delitos.
En ese contexto, este lunes el ministro del Interior Mario Fernández los recibió en La Moneda cerca de las 17:00 horas para concretar una reunión que se extendió por casi dos horas.
Al finalizar el encuentro, Sergio Pérez se mostró decepcionado y señaló que “el Gobierno no tiene voluntad de resolver el grave problema de los actos terroristas de la Región de La Araucanía, salvo algunas medidas menores que nos informó el ministro Fernández: Instalarán un retén en los lugares donde no funcionen las cámaras, además de otras medidas paliativas que no van en la dirección de resolver este problema gravísimo”.
El dirigente empresarial indicó que esperaban que el Gobierno decretara Estado de Emergencia y que modificaran la Ley Antiterrorista. Respecto a esto último, comentó que el Ministro del Interior reconoció que esta legislación era laxa.
Pérez, agregó que comunicaran el resultado de la reunión a las bases para tomar alguna determinación futura.
Por otro lado, ocho imputados por el caso Luchsinger – Mackay anunciaron este lunes que iniciarán una huelga de hambre líquida exigiendo el fin de la Ley Antiterrorista, terminar con las prisiones preventivas y el derecho a ser juzgados en un plazo razonable.
Con estos antecedentes de fondo, se cruzan tres debates: el primero, sobre la definición y solución al conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche en la zona; también el que se origina por la definición del concepto de terrorismo; un último (más contextual) tiene que ver con los nombres y propuestas que se tomarán no solo la presidencia del país, sino también la representación en el Congreso.
La Araucanía se ha convertido en debate político obligado. Los ataques incendiarios de los que se responsabiliza a comunidades mapuche generan división en los discursos: hay quienes piden más fuerza en la persecución de estos delitos; mientras otros sostienen que sin la mirada histórica es imposible solucionar un problema que data de siglos.
En esa espera, la relación entre el Estado y pueblo mapuche se vuelve más tensa; más cuando las autoridades insisten en aplicar la Ley Antiterrorista para investigar a los responsables.
De todo ello conversó Aucán Huilcaman. El líder mapuche y vocero del Consejo de Todas las Tierras se refirió a la presidencialización del debate. A su juicio, las palabras de los candidatos solo demuestran el desconocimiento que hay sobre el conflicto:
“Yo entiendo a muchos candidatos a presidente que lo hagan por mediante esas definiciones a priori que toman, están ocultando o están omitiendo la responsabilidad que tienen el Estado de Chile en lo que fue la Pacificación de La Araucanía, en los crímenes de lesa humanidad y en el despojo de la tierra y sus recurso, que son el tema de fondo de los hechos y controversias que hay en la Región”.
El vocero mapuche se refería, por ejemplo, a los dichos del candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, quien prometió fortalecer la Ley Antiterrorista en caso de ser electo presidente, pero también a las intervenciones de Beatriz Sánchez: la candidata del Frente Amplio declaró que los ataques incendiarios del sur no califican como “delito terrorista”, empatando en sus palabras por lo planteado con Alejandro Guillier.
En la conversación, el también werkén acusó a la autoridad de generar las condiciones para que se realicen atentados en la región para cobrar los dineros prometidos. Esto por las compensaciones económicas a las que pueden acceder los afectados de ataques incendiarios, lo que permitiría–incluso- que se llegue a los autoatentados.
“La ley Araucanía que se quiere anunciar en el discurso de la presidenta en los próximos días, verdaderamente va a generar un escenario perverso que lo único que va a conseguir es dilatar el conflicto, disponer de un recurso económico, paliar la violencia y no tratar la cuestión de fondo. En eso va a concluir el Gobierno de la señora Michelle Bachelet”.
Desde la otra vereda, los representes de organizaciones sociales como Paz para La Araucanía o la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, el gremio de camioneros representados por Sergio Pérez, llamaron al Gobierno a endurecer su postura y sancionar los delitos.
En ese contexto, este lunes el ministro del Interior Mario Fernández los recibió en La Moneda cerca de las 17:00 horas para concretar una reunión que se extendió por casi dos horas.
Al finalizar el encuentro, Sergio Pérez se mostró decepcionado y señaló que “el Gobierno no tiene voluntad de resolver el grave problema de los actos terroristas de la Región de La Araucanía, salvo algunas medidas menores que nos informó el ministro Fernández: Instalarán un retén en los lugares donde no funcionen las cámaras, además de otras medidas paliativas que no van en la dirección de resolver este problema gravísimo”.
El dirigente empresarial indicó que esperaban que el Gobierno decretara Estado de Emergencia y que modificaran la Ley Antiterrorista. Respecto a esto último, comentó que el Ministro del Interior reconoció que esta legislación era laxa.
Pérez, agregó que comunicaran el resultado de la reunión a las bases para tomar alguna determinación futura.
Por otro lado, ocho imputados por el caso Luchsinger – Mackay anunciaron este lunes que iniciarán una huelga de hambre líquida exigiendo el fin de la Ley Antiterrorista, terminar con las prisiones preventivas y el derecho a ser juzgados en un plazo razonable.
Con estos antecedentes de fondo, se cruzan tres debates: el primero, sobre la definición y solución al conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche en la zona; también el que se origina por la definición del concepto de terrorismo; un último (más contextual) tiene que ver con los nombres y propuestas que se tomarán no solo la presidencia del país, sino también la representación en el Congreso.
