Por supuesto que las acciones de terrorismo no pueden acotarse solo a los crímenes que cometan los estados. También en el mundo existen organizaciones francamente terroristas como las que atentaron, por ejemplo, contra las torres gemelas o detonan bombas en calles, estadios o estaciones del Metro.

El terrorismo de Estado es el que comúnmente acometen los policías y los militares al abrigo de las instituciones públicas o de quienes nos gobiernan. De allí que el bombardeo a La Moneda de septiembre del 1973 inauguró una secuela de crímenes de lesa humanidad que sistemáticamente se propusieron exterminar a los opositores pero, sobre todo, provocar “terror” en nuestra población. La Dina, primero, como la CNI, después, tuvieron por misión ejercer estos deleznables crímenes ante la pasividad o el aliento del mundo civil que apoyó a la Dictadura. Entre ellos, de seguro, las bandas de empresarios forestales y latifundistas de La Araucanía que salieron con los policías a cazar mapuches y opositores, a fin de consolidar sus propiedades y extender sus territorios mal habidos desde los tiempos de la Colonia. Por obra y gracia de los gobiernos “republicanos” que practicaron, entre otros horrores,  la llamada “Pacificación de la Araucanía”, durante una de las épocas más oscuras y siniestras de toda nuestra trayectoria institucional.

Terrorismo de Estado es el que se sigue practicando en el sur del país con las redadas policiales nocturnas a las poblaciones mapuches, con el crimen aleve a los dirigentes y comuneros de esta etnia y, presumiblemente, con algunos autoatentados cometidos por camioneros y latifundistas a objeto de conseguir que las autoridades de Gobierno velen por su enseñoramiento en una zona que, a los inicios de nuestra Independencia,  se reconoció como territorio mapuche, como una franja soberana autónoma que cortaba en dos, incluso,  nuestra geografía.

Desde luego que podrían reconocerse como actos terroristas algunos atentados cometidos en nuestra historia y que no se vinculan a nuestros gobiernos y fuerzas represivas. Sin embargo, emblemáticos homicidios como el del senador Jaime Guzmán o, incluso, los ataques perpetrados a empresarios y transportistas de la Araucanía, cuanto a algunos criminales o torturadores de la Dictadura, solo tienen la condición de crímenes políticos. Así como se reconocen algunos magnicidios como el de Portales y algunos tiranos a lo largo de la historia universal.

Lo sucedido en Manchester, hace una semana, o en Paris algunos meses antes,  son típicos actos terroristas, también,  que matan  agreden indiscriminadamente  y no tienen un objetivo específico más allá de causar pánico en toda la población y afectar el sistema institucional mediante el terror.  En este sentido, la quema de ocho camiones en la Araucanía, sin que resultase alguna víctima fatal,  resulta absurdo considerarlo un acto terrorista. En todo caso, sería un atentado violento que tiene móviles políticos y que, incluso,  tienen explicación en  las sistemáticas agresiones de nuestro Estado y fuerzas policiales contra los comuneros del sur, “los más pobres entre los más pobres”, como los consideraran los obispos católicos hace algunas décadas.

En este afán de estigmatizar a los luchadores mapuches como terroristas solo existe la idea de desacreditar sus derechos y demandas. Tal como los españoles los tildaran de viciosos y borrachos y, posteriormente, fueran  considerados “flojos y zánganos” por quienes tomaban posesión de sus propiedades y los erradicaban de sus ancestrales dominios.

Hay muchos países en la Tierra que no tienen leyes antiterroristas ni procedimientos judiciales marcados por la privación de la justa defensa de los imputados. Con o sin legislación especial, son los jueces y los tribunales propios de un verdadero estado de derecho los que deben calificar los diferentes delitos y condenar a sus ejecutores. De esta forma, es que parece vergonzoso el empeño de algunos candidatos, partidos y autoridades que están cediendo a las presiones de quienes se han demostrado como los más peligrosos terroristas,  al alentar y justificar por tantos años la dictadura pinochetista a través de esa prensa que hasta se involucró en algunos de los más deleznables crímenes. Y que hoy, como sabemos, tilda de terroristas a los estudiantes, a los pensionados, a los mapuches y a otros que se manifiestan en contra del orden establecido por la Constitución de Pinochet que todavía nos rige gracias a los gobiernos que siguieron al régimen cívico militar. Que acusan de extremistas a los que se ponen pasamontañas y cascos en las protestas, mientras consideran héroes a los que lucen estas mismas indumentarias y más sofisticadas, todavía, en Venezuela y otros países.

No descartamos, en todo caso, que los micrófonos descubiertos en la patronal SOFOFA puedan haber sido instalados, también, en las sedes de las organizaciones sociales por quienes aseguran el carácter terrorista de las organizaciones mapuches, si es que mediante éstos pudieron registrar sus conspiraciones y acciones de rebeldía.

Parece claro que en el balance de la violencia en Chile son los dueños del país, los más poderosos empresarios, los codiciosos inversionistas extranjeros, los de extrema derecha,  con la complacencia siempre de la clase política corrupta, los principales responsables de la inseguridad en que vive Chile. Cuando se sabe que la inequidad social y la discriminación étnica y social solo logran mantenerse con el recurso de la fuerza y represión y se constituyen en los principales detonantes de la violencia.