Carabineros de Chile atraviesa la mayor crisis institucional de su historia. El fraude cometido por múltiples representantes de la institución, alcanza un perjuicio cercano a los 17 mil millones de pesos y mantiene a 51 formalizados, 14 de estos en prisión preventiva.
En medio del escándalo, el Gobierno no ha dado su brazo a torcer y ha respaldado en reiteradas ocasiones al general director de la institución, Bruno Villalobos. El pasado lunes en La Moneda, el ministro del Interior, Mario Fernández, nuevamente blindó al carabinero, argumentando la importancia de este en la labor de reestructuración del organismo. Por su parte, el uniformado se sostiene en que no quiere “arrancar” sin antes haber solucionado el problema.
La actitud del Ejecutivo no sorprende. Durante la actual gestión de Michelle Bachelet ha sido una tónica que en medio de las crisis no se concrete la baja a las autoridades responsables de las instituciones, o al menos, estas se dilatan por largos períodos en lugar de tomar medidas de forma expedita. Un emblema de esto fue el caso de Javiera Blanco, quien fue designada por la Mandataria para integrar el Consejo de Defensa del Estado, pese a su deplorable manejo en las crisis del Sename y Gendarmería.
Aunque desde el Ejecutivo señalaron a Radio Universidad de Chile que en el caso de Carabineros el criterio es totalmente distinto. Según fuentes de Interior, la evaluación que hacen desde el gobierno es que este fraude es quizás el más grave que ha experimentado el Estado chileno, mucho más grande que los escándalos políticos como el caso SQM, debido a la cantidad de dinero que hasta ahora se ha visto en la situación de los uniformados.
Pero además, resulta complicado porque se trata de un organismo público, uno del que se acostumbraba a señalar como la policía menos corrupta de América Latina, por lo que la situación le quita “credibilidad a Chile”.
Pero no todos han estado de acuerdo en el ámbito político. Desde Chile Vamos, Manuel José Ossandón señaló el pasado 22 de mayo que Villalobos debe ser destituido: “Acá hay una descomposición moral absoluta para delinquir y resulta que los que indagan internamente en Carabineros son los mismos que están siendo acusados”, dijo el senador independiente en conferencia pública.
En tanto, al interior de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados el apoyo ha sido generalizado. Aunque el diputado demócrata cristiano, Sergio Espejo, fue contrario a la actitud de sus colegas y emplazó a Villalobos a dejar su cargo. Esta declaración tuvo durante la sesión de la instancia en que se interrogó al general director por las responsabilidades que le corresponden como alto mando durante los años en que se realizó el fraude.
Fuentes de Interior dicen que debido a la gravedad de los hechos, es simplista el solicitar la renuncia de Villalobos. Lo que interesa en este momento en La Moneda es que se avance en la reestructuración de Carabineros y consideran que el actual general director ha colaborado con esto.
De hecho, fuentes de Palacio aseguraron a Diario y Radio Universidad de Chile que la relación del gobierno respecto d
el mando de la institución, es que se avance en las modificaciones orgánicas a la fuerza de orden, en donde uno de los puntos que interesan es que Carabineros cuente con un Estado Mayor, y que no se concentre el poder en un general director.
En este escenario, La Moneda ha defendido la tesis de exculpar a Villalobos. “El general Villalobos, como jefe de inteligencia, debió saber sobre el desfalco al interior de Carabineros, pero ha dicho que no sabía y yo le creo”, aseguró en abril pasado Mario Fernández, en una frase contradictoria, tomando en cuenta lo inverosímil que resulta que Villalobos como encargado de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) entre 2008 y 2012, organismo que debe adelantarse a los delitos, no haya siquiera detectado el fraude.
Aunque también hay otro factor que influye en la actitud del Ejecutivo. La medición que hacen desde La Moneda es que el fraude en Carabineros no daña en particular al gobierno, por lo que pueden enfocarse en el problema de otra manera con una urgencia distinta a las crisis políticas más habituales.
Carabineros de Chile atraviesa la mayor crisis institucional de su historia. El fraude cometido por múltiples representantes de la institución, alcanza un perjuicio cercano a los 17 mil millones de pesos y mantiene a 51 formalizados, 14 de estos en prisión preventiva.
En medio del escándalo, el Gobierno no ha dado su brazo a torcer y ha respaldado en reiteradas ocasiones al general director de la institución, Bruno Villalobos. El pasado lunes en La Moneda, el ministro del Interior, Mario Fernández, nuevamente blindó al carabinero, argumentando la importancia de este en la labor de reestructuración del organismo. Por su parte, el uniformado se sostiene en que no quiere “arrancar” sin antes haber solucionado el problema.
La actitud del Ejecutivo no sorprende. Durante la actual gestión de Michelle Bachelet ha sido una tónica que en medio de las crisis no se concrete la baja a las autoridades responsables de las instituciones, o al menos, estas se dilatan por largos períodos en lugar de tomar medidas de forma expedita. Un emblema de esto fue el caso de Javiera Blanco, quien fue designada por la Mandataria para integrar el Consejo de Defensa del Estado, pese a su deplorable manejo en las crisis del Sename y Gendarmería.
Aunque desde el Ejecutivo señalaron a Radio Universidad de Chile que en el caso de Carabineros el criterio es totalmente distinto. Según fuentes de Interior, la evaluación que hacen desde el gobierno es que este fraude es quizás el más grave que ha experimentado el Estado chileno, mucho más grande que los escándalos políticos como el caso SQM, debido a la cantidad de dinero que hasta ahora se ha visto en la situación de los uniformados.
Pero además, resulta complicado porque se trata de un organismo público, uno del que se acostumbraba a señalar como la policía menos corrupta de América Latina, por lo que la situación le quita “credibilidad a Chile”.
Pero no todos han estado de acuerdo en el ámbito político. Desde Chile Vamos, Manuel José Ossandón señaló el pasado 22 de mayo que Villalobos debe ser destituido: “Acá hay una descomposición moral absoluta para delinquir y resulta que los que indagan internamente en Carabineros son los mismos que están siendo acusados”, dijo el senador independiente en conferencia pública.
En tanto, al interior de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados el apoyo ha sido generalizado. Aunque el diputado demócrata cristiano, Sergio Espejo, fue contrario a la actitud de sus colegas y emplazó a Villalobos a dejar su cargo. Esta declaración tuvo durante la sesión de la instancia en que se interrogó al general director por las responsabilidades que le corresponden como alto mando durante los años en que se realizó el fraude.
Fuentes de Interior dicen que debido a la gravedad de los hechos, es simplista el solicitar la renuncia de Villalobos. Lo que interesa en este momento en La Moneda es que se avance en la reestructuración de Carabineros y consideran que el actual general director ha colaborado con esto.
De hecho, fuentes de Palacio aseguraron a Diario y Radio Universidad de Chile que la relación del gobierno respecto d
el mando de la institución, es que se avance en las modificaciones orgánicas a la fuerza de orden, en donde uno de los puntos que interesan es que Carabineros cuente con un Estado Mayor, y que no se concentre el poder en un general director.
En este escenario, La Moneda ha defendido la tesis de exculpar a Villalobos. “El general Villalobos, como jefe de inteligencia, debió saber sobre el desfalco al interior de Carabineros, pero ha dicho que no sabía y yo le creo”, aseguró en abril pasado Mario Fernández, en una frase contradictoria, tomando en cuenta lo inverosímil que resulta que Villalobos como encargado de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) entre 2008 y 2012, organismo que debe adelantarse a los delitos, no haya siquiera detectado el fraude.
Aunque también hay otro factor que influye en la actitud del Ejecutivo. La medición que hacen desde La Moneda es que el fraude en Carabineros no daña en particular al gobierno, por lo que pueden enfocarse en el problema de otra manera con una urgencia distinta a las crisis políticas más habituales.
Carabineros de Chile atraviesa la mayor crisis institucional de su historia. El fraude cometido por múltiples representantes de la institución, alcanza un perjuicio cercano a los 17 mil millones de pesos y mantiene a 51 formalizados, 14 de estos en prisión preventiva.
En medio del escándalo, el Gobierno no ha dado su brazo a torcer y ha respaldado en reiteradas ocasiones al general director de la institución, Bruno Villalobos. El pasado lunes en La Moneda, el ministro del Interior, Mario Fernández, nuevamente blindó al carabinero, argumentando la importancia de este en la labor de reestructuración del organismo. Por su parte, el uniformado se sostiene en que no quiere “arrancar” sin antes haber solucionado el problema.
La actitud del Ejecutivo no sorprende. Durante la actual gestión de Michelle Bachelet ha sido una tónica que en medio de las crisis no se concrete la baja a las autoridades responsables de las instituciones, o al menos, estas se dilatan por largos períodos en lugar de tomar medidas de forma expedita. Un emblema de esto fue el caso de Javiera Blanco, quien fue designada por la Mandataria para integrar el Consejo de Defensa del Estado, pese a su deplorable manejo en las crisis del Sename y Gendarmería.
Aunque desde el Ejecutivo señalaron a Radio Universidad de Chile que en el caso de Carabineros el criterio es totalmente distinto. Según fuentes de Interior, la evaluación que hacen desde el gobierno es que este fraude es quizás el más grave que ha experimentado el Estado chileno, mucho más grande que los escándalos políticos como el caso SQM, debido a la cantidad de dinero que hasta ahora se ha visto en la situación de los uniformados.
Pero además, resulta complicado porque se trata de un organismo público, uno del que se acostumbraba a señalar como la policía menos corrupta de América Latina, por lo que la situación le quita “credibilidad a Chile”.
Pero no todos han estado de acuerdo en el ámbito político. Desde Chile Vamos, Manuel José Ossandón señaló el pasado 22 de mayo que Villalobos debe ser destituido: “Acá hay una descomposición moral absoluta para delinquir y resulta que los que indagan internamente en Carabineros son los mismos que están siendo acusados”, dijo el senador independiente en conferencia pública.
En tanto, al interior de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados el apoyo ha sido generalizado. Aunque el diputado demócrata cristiano, Sergio Espejo, fue contrario a la actitud de sus colegas y emplazó a Villalobos a dejar su cargo. Esta declaración tuvo durante la sesión de la instancia en que se interrogó al general director por las responsabilidades que le corresponden como alto mando durante los años en que se realizó el fraude.
Fuentes de Interior dicen que debido a la gravedad de los hechos, es simplista el solicitar la renuncia de Villalobos. Lo que interesa en este momento en La Moneda es que se avance en la reestructuración de Carabineros y consideran que el actual general director ha colaborado con esto.
De hecho, fuentes de Palacio aseguraron a Diario y Radio Universidad de Chile que la relación del gobierno respecto d
el mando de la institución, es que se avance en las modificaciones orgánicas a la fuerza de orden, en donde uno de los puntos que interesan es que Carabineros cuente con un Estado Mayor, y que no se concentre el poder en un general director.
En este escenario, La Moneda ha defendido la tesis de exculpar a Villalobos. “El general Villalobos, como jefe de inteligencia, debió saber sobre el desfalco al interior de Carabineros, pero ha dicho que no sabía y yo le creo”, aseguró en abril pasado Mario Fernández, en una frase contradictoria, tomando en cuenta lo inverosímil que resulta que Villalobos como encargado de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) entre 2008 y 2012, organismo que debe adelantarse a los delitos, no haya siquiera detectado el fraude.
Aunque también hay otro factor que influye en la actitud del Ejecutivo. La medición que hacen desde La Moneda es que el fraude en Carabineros no daña en particular al gobierno, por lo que pueden enfocarse en el problema de otra manera con una urgencia distinta a las crisis políticas más habituales.
