Reconocimiento Constitucional y Participación Política Indígena, fueron las dos únicas promesas que involucran a los pueblos originarios en el proyecto de nueva constitución que Michelle Bachelet mencionó en su último discurso presidencial el pasado jueves primero de junio.

En tanto, los precandidatos presidenciales todavía no han presentado una propuesta concreta sobre este tema. Más allá de la discusión sobre terrorismo en La Araucanía y alguno que otro planteamiento poco claro sobre autodeterminación, esbozado principalmente apropósito de las demandas del pueblo mapuche, aún no existe la promesa que garantice derechos políticos, al menos, a los nueve pueblos originarios reconocidos legalmente.

Entre los meses de agosto de 2016 y enero de 2017, un poco más de 17 mil personas se reunieron para llevar a cabo el Proceso Constituyente Indígena, cuyo informe fue entregado a principio de mayo a la Presidenta Michelle Bachelet.

Dicho documento, que concentra parte de las demandas históricas de los pueblos originarios no ha sido recogido por ninguno de los aspirantes a presidencia, pasando inadvertido entre discusiones sobre una política para el mundo indígena, sin el mundo indígena.

Los planteamientos ausentes

Mediante un cuestionario de participación individual y encuentros convocados y autoconvocados, personas de los nueve pueblos originarios se reunieron para establecer una hoja de ruta que sea incluida en el proyecto de una nueva Constitución, la cual contiene entre sus principales puntos: reconocimiento constitucional, estado plurinacional, autonomía y autodeterminación, territorialidad y derechos políticos, culturales, lingüísticos y sociales.

Luis Ojeda Taucare, secretario de la Asociación Aymara Inti Marka, fue parte de uno de los encuentros autoconvocados, respecto de lo cual se mostró conforme con la forma, valorando que es primera vez que se realiza una consulta de este tipo. No obstante, advirtió que el proceso contó con muy poca participación.

Además, comentó que las expectativas están pendientes porque no se ha discutido el contenido final de la nueva Constitución. En ese sentido, mencionó los aspectos mínimos que se deberían integrar: “Antes que todo un reconocimiento constitucional en un estado plurinacional, que reconozca todas las naciones que existen en este país. También una participación política, o de lo contrario sería algo meramente simbólico. Nosotros participamos políticamente en algunas municipalidades, tenemos alcaldes y concejales, pero lo que queremos es presencia en el Congreso”.

Ariel León, dirigente aimara-quechua y asesor jurídico de comunidades, tiene una posición crítica respecto del proceso, ya que desde su perspectiva no existen garantías que aseguren que los resultados de los encuentros serán vinculantes.

“No se dio ninguna seguridad de parte de la institucionalidad para que este diálogo tenga influencia en el desarrollo de las conversaciones. Además, el Proceso Constituyente Indígena quedó fuera del grupo de observadores ciudadanos. Ellos no llegaron a acuerdo con el Gobierno por la falta de presupuesto y garantías”, manifestó.

León explicó que la observación de esta iniciativa quedó finalmente a cargo del Ministerio de Desarrollo Social con la colaboración de algunos organismos internacionales, lo que para el dirigente es cuestionable porque es el mismo Gobierno el que está fiscalizando.

Por su parte, Salvador Millaleo, académico de la Universidad de Chile y miembro del Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente General, señaló que la incidencia de este informe dependerá de la voluntad política de la Presidenta de la República, quien deberá generar una propuesta y posteriormente una consulta para su aprobación.

A pesar de las críticas metodológicas que existen sobre esta medida, Millaleo destaca la claridad de los resultados, los cuales sugieren cambios profundos. “Mucho más claro que el Proceso Constituyente General, los resultados en materia indígena indican que la gente que participó quiere un cambio en el Estado de Chile. Hay una crítica bastante fuerte sobre las relaciones y las políticas actuales. Creo que la Presidenta tendrá poco margen de definir otra cosa, sin defraudar a quienes participaron”.

Es importante mencionar que de los encuentros se restaron reconocidos líderes indígenas como el werken del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcaman, quien mencionó en septiembre del año pasado que “este proceso constituyente no es más que un acto aparente para mantener la situación tal como ha sido”.

“Esa es la razón por la que nosotros no hemos participado ni muchas organizaciones que tienen trayectoria en la defensa y promoción de derechos indígenas. Sí concurrió el grupo de los clientes de los partidos políticos”, agregó.

De este modo, aunque aparentemente participó el sector más moderado del mundo indígena, las reivindicaciones y demandas parecen coincidir, en ciertos puntos, con las de aquellos que se restaron, principalmente por el énfasis en derechos políticos y ya no solamente culturales, lo cual hace indispensable la constitución de un Estado plurinacional que incluya el derecho a la autodeterminación.

Queda esperar si estos planteamientos serán considerados en la propuesta constituyente que Bachelet prometió ingresar durante el segundo semestre o en los programas de los precandidatos presidenciales.