En votación dividida, la Comisión de Recursos Hídricos del Senado votó a favor la indicación del Gobierno que determina la extinción de derechos de aprovechamiento de agua por su no utilización.
El artículo sexto bis de la reforma al código estipula que aquellos derechos que no se hayan utilizado por 5 años en el caso de agricultura u otros fines domésticos, o 10 años por derechos para proyectos energéticos, hidroeléctricos, por ejemplo, se extinguen y para eso se crea un procedimiento en el que el Estado dirime por la propiedad de dicha patentes.
A favor votaron los senadores Jorge Pizarro, Isabel allende y Adriana Muñoz; en contra se manifestaron los parlamentarios de oposición Iván Moreira y Francisco Chahuán.
Para la senadora del PPD Adriana Muñoz, este artículo pretende terminar con la especulación por parte de aquellos propietarios que ostentan los derechos de agua, pero no los usan y los acumulan para arrendarlos o venderlos a terceros, lo que impide que comunidades indígenas y agricultores puedan tener acceso y hacer uso de los caudales. Así aseguró que es una norma fundamental combatir la especulación.
La directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, valoró la aprobación de la iniciativa, pese a las adecuaciones que realizó el Ejecutivo para aminorar el impacto de la norma en la gran empresa.
“Nosotros creemos que -hasta el momento- no se ha perdido nada sustancial, al contrario vemos la posibilidad de generar una discriminación positiva para las comunidades y los pueblos indígenas. Es un paso adelante. La próxima sesión es clave en la medida que finalmente se van a aprobar derechos temporales y no se va a continuar entregando derechos de agua a perpetuidad”.
Al comienzo del encuentro se apersonó el alcalde de la comuna de Alto Biobío, Nivaldo Piñaleo, quien solicitó a la instancia legislativa una indicación que permita a las comunidades indígenas regularizar los derechos de agua para su utilización dentro de sus territorios.
El jefe comunal denunció que proyectos hidroeléctricos y energéticos se han apoderado de los recursos, además no los utilizan, lo que igualmente impide que los habitantes de la zona tengan acceso a ellos.
“Lo que yo solicito es que la riqueza natural como pueblo Pehuenche sea considerada para que no se cierre el proceso de inscripción, se establezca una moción para seguir regularizando los derechos de agua. No queremos que más particulares se apropien de un bien que es parte de nosotros, ahora mismo Colbún solicita derechos de agua del río Queuco, donde está la comunidad indígena Callaqui y no existe oposición alguna, por lo que nosotros tendremos que presentar acciones para oponerlos y eso es lo que nos preocupa”, subrayó.
Cabe destacar que las actuales reglas del Código de Aguas datan de 1981, las que han generado serios conflictos en torno al acceso y la gestión de los recursos hídricos en el país, por sobreotorgamiento de aguas y degradación de cuencas.
Ejemplo es que hasta el día de hoy, la penalización por no utilización de derechos de agua contempla solamente el pago de patentes, lo que ha provocado que los propietarios pagan eternamente las multas y no los devuelven a las comunidades indígenas y agricultores que no tienen acceso a su utilización.
Finalmente, la comisión de Recursos Hídricos del Senado postergó la discusión del artículo que termina con los derechos a perpetuidad, estableciendo propiedad temporal a 30 años. Además de la discusión sobre las denominadas “aguas del minero”, donde no existe legislación, y que en la realidad las compañías extractivistas se apoderan de caudales y napas subterráneas dejando a la ciudadanía totalmente imposibilitado el acceso al vital elemento.
En votación dividida, la Comisión de Recursos Hídricos del Senado votó a favor la indicación del Gobierno que determina la extinción de derechos de aprovechamiento de agua por su no utilización.
El artículo sexto bis de la reforma al código estipula que aquellos derechos que no se hayan utilizado por 5 años en el caso de agricultura u otros fines domésticos, o 10 años por derechos para proyectos energéticos, hidroeléctricos, por ejemplo, se extinguen y para eso se crea un procedimiento en el que el Estado dirime por la propiedad de dicha patentes.
A favor votaron los senadores Jorge Pizarro, Isabel allende y Adriana Muñoz; en contra se manifestaron los parlamentarios de oposición Iván Moreira y Francisco Chahuán.
Para la senadora del PPD Adriana Muñoz, este artículo pretende terminar con la especulación por parte de aquellos propietarios que ostentan los derechos de agua, pero no los usan y los acumulan para arrendarlos o venderlos a terceros, lo que impide que comunidades indígenas y agricultores puedan tener acceso y hacer uso de los caudales. Así aseguró que es una norma fundamental combatir la especulación.
La directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, valoró la aprobación de la iniciativa, pese a las adecuaciones que realizó el Ejecutivo para aminorar el impacto de la norma en la gran empresa.
“Nosotros creemos que -hasta el momento- no se ha perdido nada sustancial, al contrario vemos la posibilidad de generar una discriminación positiva para las comunidades y los pueblos indígenas. Es un paso adelante. La próxima sesión es clave en la medida que finalmente se van a aprobar derechos temporales y no se va a continuar entregando derechos de agua a perpetuidad”.
Al comienzo del encuentro se apersonó el alcalde de la comuna de Alto Biobío, Nivaldo Piñaleo, quien solicitó a la instancia legislativa una indicación que permita a las comunidades indígenas regularizar los derechos de agua para su utilización dentro de sus territorios.
El jefe comunal denunció que proyectos hidroeléctricos y energéticos se han apoderado de los recursos, además no los utilizan, lo que igualmente impide que los habitantes de la zona tengan acceso a ellos.
“Lo que yo solicito es que la riqueza natural como pueblo Pehuenche sea considerada para que no se cierre el proceso de inscripción, se establezca una moción para seguir regularizando los derechos de agua. No queremos que más particulares se apropien de un bien que es parte de nosotros, ahora mismo Colbún solicita derechos de agua del río Queuco, donde está la comunidad indígena Callaqui y no existe oposición alguna, por lo que nosotros tendremos que presentar acciones para oponerlos y eso es lo que nos preocupa”, subrayó.
Cabe destacar que las actuales reglas del Código de Aguas datan de 1981, las que han generado serios conflictos en torno al acceso y la gestión de los recursos hídricos en el país, por sobreotorgamiento de aguas y degradación de cuencas.
Ejemplo es que hasta el día de hoy, la penalización por no utilización de derechos de agua contempla solamente el pago de patentes, lo que ha provocado que los propietarios pagan eternamente las multas y no los devuelven a las comunidades indígenas y agricultores que no tienen acceso a su utilización.
Finalmente, la comisión de Recursos Hídricos del Senado postergó la discusión del artículo que termina con los derechos a perpetuidad, estableciendo propiedad temporal a 30 años. Además de la discusión sobre las denominadas “aguas del minero”, donde no existe legislación, y que en la realidad las compañías extractivistas se apoderan de caudales y napas subterráneas dejando a la ciudadanía totalmente imposibilitado el acceso al vital elemento.
En votación dividida, la Comisión de Recursos Hídricos del Senado votó a favor la indicación del Gobierno que determina la extinción de derechos de aprovechamiento de agua por su no utilización.
El artículo sexto bis de la reforma al código estipula que aquellos derechos que no se hayan utilizado por 5 años en el caso de agricultura u otros fines domésticos, o 10 años por derechos para proyectos energéticos, hidroeléctricos, por ejemplo, se extinguen y para eso se crea un procedimiento en el que el Estado dirime por la propiedad de dicha patentes.
A favor votaron los senadores Jorge Pizarro, Isabel allende y Adriana Muñoz; en contra se manifestaron los parlamentarios de oposición Iván Moreira y Francisco Chahuán.
Para la senadora del PPD Adriana Muñoz, este artículo pretende terminar con la especulación por parte de aquellos propietarios que ostentan los derechos de agua, pero no los usan y los acumulan para arrendarlos o venderlos a terceros, lo que impide que comunidades indígenas y agricultores puedan tener acceso y hacer uso de los caudales. Así aseguró que es una norma fundamental combatir la especulación.
La directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, valoró la aprobación de la iniciativa, pese a las adecuaciones que realizó el Ejecutivo para aminorar el impacto de la norma en la gran empresa.
“Nosotros creemos que -hasta el momento- no se ha perdido nada sustancial, al contrario vemos la posibilidad de generar una discriminación positiva para las comunidades y los pueblos indígenas. Es un paso adelante. La próxima sesión es clave en la medida que finalmente se van a aprobar derechos temporales y no se va a continuar entregando derechos de agua a perpetuidad”.
Al comienzo del encuentro se apersonó el alcalde de la comuna de Alto Biobío, Nivaldo Piñaleo, quien solicitó a la instancia legislativa una indicación que permita a las comunidades indígenas regularizar los derechos de agua para su utilización dentro de sus territorios.
El jefe comunal denunció que proyectos hidroeléctricos y energéticos se han apoderado de los recursos, además no los utilizan, lo que igualmente impide que los habitantes de la zona tengan acceso a ellos.
“Lo que yo solicito es que la riqueza natural como pueblo Pehuenche sea considerada para que no se cierre el proceso de inscripción, se establezca una moción para seguir regularizando los derechos de agua. No queremos que más particulares se apropien de un bien que es parte de nosotros, ahora mismo Colbún solicita derechos de agua del río Queuco, donde está la comunidad indígena Callaqui y no existe oposición alguna, por lo que nosotros tendremos que presentar acciones para oponerlos y eso es lo que nos preocupa”, subrayó.
Cabe destacar que las actuales reglas del Código de Aguas datan de 1981, las que han generado serios conflictos en torno al acceso y la gestión de los recursos hídricos en el país, por sobreotorgamiento de aguas y degradación de cuencas.
Ejemplo es que hasta el día de hoy, la penalización por no utilización de derechos de agua contempla solamente el pago de patentes, lo que ha provocado que los propietarios pagan eternamente las multas y no los devuelven a las comunidades indígenas y agricultores que no tienen acceso a su utilización.
Finalmente, la comisión de Recursos Hídricos del Senado postergó la discusión del artículo que termina con los derechos a perpetuidad, estableciendo propiedad temporal a 30 años. Además de la discusión sobre las denominadas “aguas del minero”, donde no existe legislación, y que en la realidad las compañías extractivistas se apoderan de caudales y napas subterráneas dejando a la ciudadanía totalmente imposibilitado el acceso al vital elemento.
