Cerca de las 9:30 horas de la mañana del pasado miércoles, fuerzas especiales de Carabineros ingresaron a la comunidad de Temucuicui, allanando viviendas con carros lanza gases y bombas lacrimógenas.

Hecho que fue denunciado mediante un comunicado público y vídeos en redes sociales que dan cuenta de las consecuencias que tuvo la acción en los estudiantes de la escuela y del jardín infantil de la localidad.

Esto se suma a un supuesto secuestro de Valeria Millanao, joven mapuche de la comunidad, quien se encontraba en la Municipalidad de Ercilla Haciendo su práctica profesional.

De acuerdo a lo denunciado en el comunicado, varios policías de civil ingresaron a la oficina del Administrador Municipal de dónde sacaron a Valeria para llevarla a una bodega, lugar donde la interrogaron y amenazaron con quitarle a su hija de un año si no entregaba información respecto de su hermana Karina Millanao y los voceros de la comunidad Vania Queipul y Jorge Huenchullán.

Debido a lo anterior, en el escrito la comunidad responsabilizó de la retención al alcalde José Vilugron Martínez, al director de desarrollo comunitario Fredy Avello Pérez y a la secretaria municipal Ana Huenchulaf, por “facilitar y generar las condiciones” de lo ocurrido.

Sobre esto, Vania Queipul, werkén de la comunidad de Temucuicui, indicó: “A ella le dijeron ‘entréganos a esas personas o sino nosotros te vamos a quitar a tu hija’. Nosotros pensamos que la policía está actuando de una forma desmedida”.

Según la vocera de la comunidad, es probable que a ellos se les busque por su actuar en tribunales el pasado 17 de mayo, cuando cerraron la investigación sobre el secuestro de su padre en 2016, el lonko Víctor Queipul. Ese día varios comuneros traspasaron las medidas de seguridad del Juzgado de Collipulli y causaron desórdenes al interior de la sala en rechazo a la determinación del juez.

“Más que nada yo creo que ellos quieren tener gente de Temucuicui por algún u otro motivo dentro de la cárcel. Ahora quieren a mujeres porque estamos levantando la voz. Todo esto es producto de la lucha que la comunidad ha dado desde siempre, desde que nosotros éramos niños. Ellos nos enseñaron que nosotros teníamos que resistir”, sostuvo.

Violencia contra infancia mapuche

Además, en el comunicado se señala que el allanamiento del pasado miércoles “produjo su mayor tensión en la escuela de la comunidad donde los niños permanecían en sus salas de clases y se realizaba una ronda médica en la posta”.

De acuerdo al texto, producto de la irrupción de fuerzas especiales y el uso de bombas lacrimógenas y carros lanza gases, varios niños se desmayaron y sufrieron principio de asfixia, de la misma forma fueron afectadas las personas que se encontraban en la posta de la comunidad,  siendo atendidos en este recinto.

Vania Queipul explicó que cuando entraron los carabineros, no presentaban ninguna orden de allanamiento, por lo que desconocen el motivo. Sobre este tema anunció que presentarán acciones legales contra quienes resulten responsables durante los próximos días.

“Ellos entran a la comunidad pero no llegan con ningún tipo de papel.  Destrozan las casas y después cuando se van, nosotros recién podemos empezar a buscar cual fue el motivo por el cual llegaron. Cuando allanaron las casas pasaron por al lado de la escuela y ahí mismo empezaron a tirar bombas lacrimógenas. Los niños quedaron intoxicados, llorando”, contó.

Por su parte, el jefe regional del Instituto de Derechos Humanos (INDH) de La Araucanía, Federico Aguirre, lamentó lo ocurrido, asegurando que no se trata de hechos aislados. “En los establecimientos de la comunidad hay protocolos para momentos de violencia policial, es decir, los niños han naturalizado la violencia del Estado. Desde que existe el Instituto en la Región (2011) han interpuesto, al menos, diez acciones judiciales en relación a estos mismo procesos en Temucuicui”.

El jefe regional del INDH manifestó que no hay argumentos que justifiquen el allanamiento del miércoles, por lo que hizo un llamado al Ministerio del Interior para que se haga responsable de los procedimientos policiales que se están desarrollando en zona.

“No hay ninguna autorización u orden de la que nosotros tengamos conocimiento. Arrojar gases lacrimógenos en establecimientos educacionales y amedrentar de esa manera a niños e infantes, nos preocupa. Nosotros creemos que el Ministerio del Interior porque este no es solo un problema de Carabineros”, enfatizó.

Desde el INDH afirmaron que están investigando los hechos, recogiendo antecedentes y levantando testimonios de las personas que se han visto afectadas, entre los que se encuentran profesionales de la salud, niños, niñas, padres, apoderados y dirigentes de la comunidad.

El jefe del organismo agregó que próximamente interpondrán una acción de amparo constitucional en favor de los estudiantes de la escuela y del jardín infantil. Además, mencionó que no descartan acciones penales en caso que la investigación así lo establezca.

“Probablemente nos encontremos con evidencia de lesiones psicológicas o efectos traumáticos, lo cual permite establecer algún tipo de acción penal dentro del ámbito de la responsabilidad, por ejemplo, por tortura en contra de niños y niñas que presentan secuelas de daños psicológicos graves.  Esto puede presentarse siempre y cuando los procedimientos judiciales estén orientados en determinar a algún responsable”, concluyó.