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Año IX, 17 de octubre de 2017

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Reforma a la Educación Superior enfrenta semanas claves

Natalia Figueroa |Jueves 15 de junio 2017 20:14 hrs.

educación superior

Según han manifestado los parlamentarios que se encuentran revisando y votando en particular las indicaciones ingresadas en esta iniciativa, los plazos para despachar el proyecto son cada vez más estrechos.

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La discusión parlamentaria sobre la reforma a la Educación Superior sigue avanzando en la Cámara, aunque no al ritmo que quisieran varios de los parlamentarios de la comisión.

El presidente de la comisión de Educación, el diputado PPD, Rodrigo González, señaló que el plazo límite para despachar el proyecto sería a fines de junio, respondiendo a la suma urgencia con la que cuenta la iniciativa.

En la sesión de este jueves, algunas voces de la oposición manifestaron que el objetivo planteado por González era más bien ambicioso, porque era necesario considerar que varios de ellos estaban apoyando el proceso de primarias en su sector.

Este último punto fue advertido por los estudiantes cuando el proyecto se mantuvo suspendido durante varias semanas en la comisión a fines de 2016 y se proyectaba que en 2017 el debate sería complejo por ser un año de elecciones donde podía pasar a un “segundo plano”.

Por lo mismo, Rodrigo González instó a los parlamentarios a apegarse al cronograma, porque de lo contrario tendrían que fijarse nuevamente los plazos con el Ejecutivo, lo que podría obstruir la tramitación.

En medio de esto, los parlamentarios aprobaron una indicación que admite la incorporación de nuevas instituciones al Consejo de Rectores (Cruch), actualmente compuesto por 27 casas de estudio.

Los requisitos para que se concrete este proceso es que las instituciones cuenten con 15 años de antigüedad, cinco años de acreditación, que estén adscritas al sistema de admisión vía PSU y a la gratuidad y, además, tener participación interna. Estos puntos fueron planteados por los rectores de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Silva, y Diego Portales, Carlos Peña.

Las instituciones de educación superior interesadas en incorporarse al Consejo tendrán que enviar una solicitud, la que sería respondida en un máximo de 90 días por la entidad.

El diputado de la Democracia Cristiana, Mario Venegas, dijo que “estos criterios deberían ser revisados por una comisión externa al Cruch que fiscalice su cumplimiento en las nuevas instituciones”

Gastos en publicidad

Otro de las indicaciones debatidas este jueves por la comisión fue el gasto de las universidades en materia de publicidad.

La diputada del PPD, Cristina Girardi, planteó fijar como límite para este ítem un 1 por ciento del total de los ingresos que perciben las instituciones por concepto de pagos de aranceles. Sobre este punto, hizo referencia a la delicada situación financiera que enfrenta la Universidad Iberoamericana que, precisamente, tenía un gasto bastante alto en publicidad, sobre el 3 por ciento en los recursos antes mencionados.

Varios  de los parlamentarios plantearon que este tipo de regulaciones evitarían que se malgasten recursos o que se elabore “publicidad engañosa”, ofreciendo programas que en lo concreto no impartirían las casas de estudios.

El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, señaló que es necesario diferenciar entre gastos en marketing y gastos en la promoción de los programas académicos de las universidades, sobre todo de aquellas estatales que recientemente han iniciado sus funciones, como la Universidad de O’Higgins y de Aysén.

Los plazos para seguir revisando las indicaciones a esta reforma cada vez se acortan más y, por lo mismo, algunos parlamentarios también han solicitado al Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, acelerar algunas tramitaciones que el Ejecutivo tendría pendiente en la materia.

Este proyecto ingresó a la Cámara en julio del año pasado y, en medio del debate, se dividió para viabilizar su tramitación. Con esto quedaron puntos relevantes fuera de la iniciativa como la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE), que sería abordado en un proyecto paralelo, según comprometió la ministra de la cartera, Adriana Delpiano.