Proyecto de Ley sobre Universidades del Estado
En el marco del debate sobre la iniciativa, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, hizo un llamado a la comunidad académica.
Viernes 16 de junio 2017 16:07 hrs.
A la Comunidad Universitaria:
Hace pocos días el Proyecto de Ley sobre Universidades del Estado ha sido enviado al Congreso. En esta acción se debe ver la voluntad del Estado de volver a distinguir y a asumir una responsabilidad ante sus universidades. Esta acción representa un triunfo para Chile, para su cohesión social y sus perspectivas de desarrollo. La comunidad toda de la Universidad de Chile y del conjunto de las universidades estatales tiene derecho a celebrar el decisivo rol que tuvo en conseguir este gran logro.
El mensaje de la ley aspira a representar los ideales de una educación superior pública, su pluralismo, pertinencia y excelencia, así como la necesidad de articular las universidades estatales entre sí y con la esfera pública nacional.
Por otra parte, el articulado mismo de la ley, aborda diversas cuestiones de una manera que nos resulta inaceptablemente errada. Primero, el modelo de gobierno universitario propuesto reniega de la historia de la Universidad de Chile, de las demás universidades estatales, y de la universidad latinoamericana. Rechazamos el concepto de Junta Directiva y reafirmamos las formas de gobierno colegiado por las que hemos luchado y alcanzado. También debemos destacar que queremos la mayor interacción posible con el ámbito sectorial del Estado, pero que no aceptaremos someter nuestras universidades a la potestad de intereses gubernamentales circunstanciales. En seguida, resulta inexplicable el introducir inconsultamente modificaciones al régimen contractual de los funcionarios no académicos. Esto no solo perjudica a los funcionarios, sino que conspira contra el concepto de pertenencia a una comunidad universitaria. Otra cuestión sorprendente contenida en la ley es la fragilidad del financiamiento de la educación superior estatal y la ausencia de metas referidas al aumento de matrícula, su dotación de infraestructura o su labor en investigación e innovación. Ante tal ausencia, los jóvenes chilenos parecen seguir condenados al endeudamiento con entes privados sin garantía de calidad.
Conscientes de las amenazas que por tanto tiempo nos han acechado, llamamos a la comunidad toda de la Universidad de Chile a asumir esta gran oportunidad de avanzar y consolidar un reforzamiento de la universidad pública. Debemos comprometernos activamente. Estamos trabajando desde la institucionalidad toda de nuestra universidad. El momento exige el compromiso de cada uno de nosotros.
A la Comunidad Universitaria:
Hace pocos días el Proyecto de Ley sobre Universidades del Estado ha sido enviado al Congreso. En esta acción se debe ver la voluntad del Estado de volver a distinguir y a asumir una responsabilidad ante sus universidades. Esta acción representa un triunfo para Chile, para su cohesión social y sus perspectivas de desarrollo. La comunidad toda de la Universidad de Chile y del conjunto de las universidades estatales tiene derecho a celebrar el decisivo rol que tuvo en conseguir este gran logro.
El mensaje de la ley aspira a representar los ideales de una educación superior pública, su pluralismo, pertinencia y excelencia, así como la necesidad de articular las universidades estatales entre sí y con la esfera pública nacional.
Por otra parte, el articulado mismo de la ley, aborda diversas cuestiones de una manera que nos resulta inaceptablemente errada. Primero, el modelo de gobierno universitario propuesto reniega de la historia de la Universidad de Chile, de las demás universidades estatales, y de la universidad latinoamericana. Rechazamos el concepto de Junta Directiva y reafirmamos las formas de gobierno colegiado por las que hemos luchado y alcanzado. También debemos destacar que queremos la mayor interacción posible con el ámbito sectorial del Estado, pero que no aceptaremos someter nuestras universidades a la potestad de intereses gubernamentales circunstanciales. En seguida, resulta inexplicable el introducir inconsultamente modificaciones al régimen contractual de los funcionarios no académicos. Esto no solo perjudica a los funcionarios, sino que conspira contra el concepto de pertenencia a una comunidad universitaria. Otra cuestión sorprendente contenida en la ley es la fragilidad del financiamiento de la educación superior estatal y la ausencia de metas referidas al aumento de matrícula, su dotación de infraestructura o su labor en investigación e innovación. Ante tal ausencia, los jóvenes chilenos parecen seguir condenados al endeudamiento con entes privados sin garantía de calidad.
Conscientes de las amenazas que por tanto tiempo nos han acechado, llamamos a la comunidad toda de la Universidad de Chile a asumir esta gran oportunidad de avanzar y consolidar un reforzamiento de la universidad pública. Debemos comprometernos activamente. Estamos trabajando desde la institucionalidad toda de nuestra universidad. El momento exige el compromiso de cada uno de nosotros.
A la Comunidad Universitaria:
Hace pocos días el Proyecto de Ley sobre Universidades del Estado ha sido enviado al Congreso. En esta acción se debe ver la voluntad del Estado de volver a distinguir y a asumir una responsabilidad ante sus universidades. Esta acción representa un triunfo para Chile, para su cohesión social y sus perspectivas de desarrollo. La comunidad toda de la Universidad de Chile y del conjunto de las universidades estatales tiene derecho a celebrar el decisivo rol que tuvo en conseguir este gran logro.
El mensaje de la ley aspira a representar los ideales de una educación superior pública, su pluralismo, pertinencia y excelencia, así como la necesidad de articular las universidades estatales entre sí y con la esfera pública nacional.
Por otra parte, el articulado mismo de la ley, aborda diversas cuestiones de una manera que nos resulta inaceptablemente errada. Primero, el modelo de gobierno universitario propuesto reniega de la historia de la Universidad de Chile, de las demás universidades estatales, y de la universidad latinoamericana. Rechazamos el concepto de Junta Directiva y reafirmamos las formas de gobierno colegiado por las que hemos luchado y alcanzado. También debemos destacar que queremos la mayor interacción posible con el ámbito sectorial del Estado, pero que no aceptaremos someter nuestras universidades a la potestad de intereses gubernamentales circunstanciales. En seguida, resulta inexplicable el introducir inconsultamente modificaciones al régimen contractual de los funcionarios no académicos. Esto no solo perjudica a los funcionarios, sino que conspira contra el concepto de pertenencia a una comunidad universitaria. Otra cuestión sorprendente contenida en la ley es la fragilidad del financiamiento de la educación superior estatal y la ausencia de metas referidas al aumento de matrícula, su dotación de infraestructura o su labor en investigación e innovación. Ante tal ausencia, los jóvenes chilenos parecen seguir condenados al endeudamiento con entes privados sin garantía de calidad.
Conscientes de las amenazas que por tanto tiempo nos han acechado, llamamos a la comunidad toda de la Universidad de Chile a asumir esta gran oportunidad de avanzar y consolidar un reforzamiento de la universidad pública. Debemos comprometernos activamente. Estamos trabajando desde la institucionalidad toda de nuestra universidad. El momento exige el compromiso de cada uno de nosotros.
