La triste, tristísima, noticia de la muerte de una niña en un centro del Sename -abril de 2016- disparó una tormenta de críticas a esta institución, a sus responsables políticos y a sus trabajadores. Se les acusó de todo: falta de recursos, mala gestión, profesionales mal capacitados y carentes de motivación o, en el peor de los casos, de desidia, malos tratos institucionales, abusos, trato inhumano, medicación injustificada o excesiva, etc.
He tenido la oportunidad de participar en la formación de personal del Sename en varias ocasiones (la última vez en 2015), de asesorar programas del ministerio de Desarrollo Social (entonces Mideplan) y de la Dirección de Presupuestos (Dipres). Creo conocer el sistema de protección social chileno (muy complejo y poco articulado) y creo estar al corriente de cómo se estructura la protección social a la infancia en Chile. Y creo, también, que efectivamente sufre importantes carencias; que está organizado de manera más asistencial que preventiva, que dirige sus esfuerzos a contener urgencias o situaciones críticas más que a incorporar recursos que hagan a niños y niñas menos vulnerables.
Pero, para entender cabalmente la situación de la infancia vulnerable en Chile, es necesario hacer algunas reflexiones sobre cómo debería estructurarse un efectivo y eficiente sistema público protección social para niños, niñas y adolescentes; desde los sistemas de prevención primaria, de detección de situaciones de riesgo o de desprotección, de notificación y registro de casos, hasta el dictado y puesta en marcha de medidas de protección como son el acogimiento familiar o residencial.
Según el “Nuevo diccionario para el análisis e intervención social con infancia y adolescencia” (2016), el Sistema de Protección Social a la Infancia es el “conjunto de acciones y prestaciones, implementadas desde los estados, que aseguran la protección necesaria para que el niño/a disponga desde su nacimiento de los elementos imprescindibles para alcanzar un desarrollo pleno”. Este concepto procede de la idea de protección social, la cual remite a la intervención del Estado para afrontar los riesgos referidos a vulnerabilidades relacionadas, en el caso de la infancia, con las fases del ciclo vital. Hay dos visiones que han generado formas distintas de conceptualizar los sistemas de protección social: una basada en derechos y centrada en el bienestar, en este caso, de la infancia y la adolescencia a través de políticas universales; y otra, proveniente del control social del riesgo, donde lo central es el aseguramiento de recursos básicamente paliativos.
Por otra parte, en los sistemas públicos de protección y servicios sociales deben existir, también, dos instancias de atención / protección social: una primera estructura (primer nivel) de servicios sociales comunitarios (generales), que detecta y contiene el riesgo; y una segunda instancia (segundo nivel), especializada, que desarrolla prevención secundaria y terciaria (en Chile representada por el Sename). En este sentido, los modernos sistemas de protección social a la infancia deben tender a afianzar servicios (prestaciones, recursos) de carácter especializado, pero sin perder de vista que éstos siempre han de ser subsidiarios de dispositivos y servicios de tipo general o comunitario. Es decir, el Sistema de Protección Social a la Infancia, en sentido estricto, ha de contar con estas dos instancias de prevención o atención. Sobre esto último, una primera cuestión: si es el Sename la instancia especializada (2º nivel), ¿qué institución -o instituciones- representa en Chile lo que hemos denominado primera instancia o primer nivel?
Por otra parte, un desafío de los sistemas de protección es la articulación de las políticas universales (orientados a toda la población infantil), con las dirigidas a niños y niñas con sus derechos especialmente vulnerados. En muchas ocasiones (es el caso de Chile por el importante déficit de servicios o recursos de nivel comunitario), la constatación de que un niño está siendo vulnerado en sus derechos -o presenta grados especiales de riesgo de desprotección o desamparo-, pone en marcha mecanismos, medidas y/o a espacios estigmatizados, afectando las posibilidades de una futura integración social plena. Es necesario, por tanto, concebir la protección a la infancia como un sistema complejo, en ningún caso como la adición de recursos o dispositivos independientes. Múltiples estudios y análisis sociales indican que, habitualmente, las situaciones de desprotección infantil comienzan por circunstancias de riesgo valorables y, casi siempre, perfectamente solucionables desde servicios sociales comunitarios, de primer nivel o de intervención familiar; cuando las circunstancias o la situación de desprotección se agrava, desde los servicios comunitarios se puede y debe derivar el caso a servicios especializados. Obviamente existen situaciones de desamparo que son conocidas (detectadas) por el sistema de protección cuando el caso ya es grave, lo que implicará tomar medidas de protección especializadas desde el origen, pero ello no implica que no haya conexión entre las dos instancias mencionadas, sino todo lo contrario, ya que esta relación facilitará la posterior reinserción del niño o niña a su entorno natural.
Hasta aquí, seguramente estaremos de acuerdo en que esas son las características idóneas de un eficaz y eficiente Sistema de protección Social a la Infancia.
Pues bien, si aplicamos estas reflexiones a la realidad chilena actual, surgen al menos tres preguntas básicas: 1ª, ¿existe en Chile un Sistema de Protección Social a la Infancia de estas características?; 2ª, ¿ha de ser el Sename la única institución responsable de la protección social a la infancia en Chile (primer y segundo nivel)?; y 3ª, en el entendido de que el Sename, asumiendo todas las funciones de protección a niños, niñas y adolescentes en Chile, tiene importantes déficits ¿es el verdadero responsable de tales falencias?
Creo que la respuesta a estas tres preguntas es no: porque convendremos en que no existe en Chile un potente y bien articulado Sistema de Protección Social a la Infancia, en que no debe ser un único organismo quién asuma la responsabilidad total de una cuestión tan compleja como es la protección a la infancia y, finalmente, en que la denominada “crisis permanente” del Sename no es causa de nada, sino síntoma, precisamente, de la ausencia de un adecuado Sistema de Protección Social a la Infancia.
Y una reflexión final. Los problemas sociales -y los de la infancia no son una excepción- siempre son multicausales y polisintomáticos. Por tanto, intentar abordarlos desde una única perspectiva, buscando una única causa o institución responsable nos conducirá, necesariamente, a desviar la atención hacia cuestiones accesorias, a buscar un chivo expiatorio que, si acaso, termine por realizar correcciones tácticas, pero en ningún caso nos llevará a soluciones de fondo.
* El autor es psicólogo y magister de la Universidad Complutense de Madrid
