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Importante Fallo sobre la autonomía universitaria

Columna de opinión por Roxana Pey
Viernes 23 de junio 2017 7:33 hrs.


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Por un recurso de protección que presentamos, la Corte Suprema emitió su fallo encontrándonos la razón. La resolución reconoce argumentada y claramente que la intervención desde el centro del país a la Universidad de Aysén fue arbitraria, es decir carente de fundamentos, y por lo tanto ilegal. Esa ilegalidad llevó a la Corte a anular el decreto con el que fui removida del cargo de rectora en agosto del año pasado.

El fallo, además de estipular ese actuar ilegal, se constituye en un documento muy importante por cuatro aspectos fundamentales.

1- Autonomía universitaria. El fallo la reconoce como un asunto consustancial e imprescindible para la institución universitaria. Esta autonomía está vulnerada gravemente en el proyecto de Ley presentado y que evidentemente fue escrito desconociendo su profundo significado. La autonomía no es una simple declaración sino que está asentada en el ejercicio deliberativo, crítico y  autodeterminado de la comunidad universitaria. Es eso lo que no resguarda esta Ley pues define un consejo directivo con amplias atribuciones y con una composición de sus integrantes que otorga el control al gobierno de turno del país. Transforma a la universidad estatal en un engendro entre empresa y repartición pública. Los peligros de este embate son evidentes, pues abre la puerta para la injerencia directa de la política contingente en las instituciones de mayor trascendencia para el desarrollo del país. Veremos si los parlamentarios frenan este atentado eliminando el cuestionado artículo de la ley. Es penoso que esa intervención, fuera impuesta de forma inconsulta y autoritaria en el estatuto de la Universidad de Aysén sin que hubiera habido reacciones oportunas de sus autoridades.

2- Gratuidad y acceso. El fallo reconoce que la ley que la creó, mandata a la Universidad de Aysén por intermedio de sus autoridades a buscar las formas de inclusión de los jóvenes de la región, reconociendo sus particularidades y necesidades. Acceso a más estudiantes de la Región y uso de todos los recursos disponibles para apoyarlos, sin despilfarros, es la deuda que se mantiene. Porque, cuántos jóvenes dejaron de estudiar en su universidad estatal pues no tuvieron acceso o no tienen los recursos para pagar? En el país, los recursos destinados por el fisco alcanzarían para dar gratuidad a dos tercios de toda la población estudiantil, en cambio se siguen manteniendo los instrumentos de financiamiento del tipo voucher.

3- Regionalización. El fallo muestra que la Universidad de Aysén fue intervenida desde el centro del país por motivos aún no explicitados. En esta intervención operaron intereses que no eran de conveniencia de la Región. Es cierto que al parecer también se prestaron para esta fea operación algunas personas locales, por temor, por tentación y ambición, por desconocimiento de lo que es una universidad, pero la digitación de la acción ilegal provino del centro. Es por este tipo de acciones irrespetuosas que se hace evidente y urgente descentralizar. La elección de Intendentes, que entonces ya no tendrán que ser obsecuentes, será una buena protección y le dará dignidad a la ciudadanía regional cuando se apruebe. No lo entendieron así aquellos parlamentarios que han votado en contra y nos tienen aún esperando para profundizar la democracia regional.

4- Arbitrariedad. En un plano más general, este fallo aporta argumentos y antecedentes al importante debate sobre la prudencia que las autoridades deben tener al tomar decisiones pues aun teniendo las atribuciones, no pueden actuar con arbitrariedad. Es decir, no pueden actuar sin fundamentos, o justificando sus acciones y decisiones con fundamentos inexistentes.

La Corte Suprema ratifica que teníamos razón al presentar este recurso de protección. Teníamos total certeza de lo errado de esas penosas acciones y el convencimiento que la Universidad de Aysén no merece tener en su origen tal mancha. No puede eludirse que aquello que se origina de una acción ilegal pierde legitimidad, se transforma en un fallo, en un acto fallido.

La comunidad tiene ahora la palabra y la oportunidad de recuperar el rumbo.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.