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Año IX, 24 de septiembre de 2017

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Medio AmbienteNacional

Aguas Chañar: Más de una década de abusos en Copiapó

Florencia Doray y Francisco Velásquez |Martes 4 de julio 2017 12:53 hrs.

Aguas chañar

Cobros excesivos, cortes injustificados y aguas sucias, son las sistemáticas quejas de los vecinos de la Región de Atacama frente al servicio que presta la sanitaria. Además, producto del aluvión que afectó a la zona en 2015, la compañía contrató a empresas asociadas por más de 10 mil millones de pesos, aprovechando la situación excepcional del desastre.

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La Región de Atacama tiene alrededor de 316 mil habitantes, tres provincias y nueve comunas. Su capital regional es Copiapó, un oasis donde florece el desierto. “Son 13 años los que hemos caminado junto a los habitantes de la región de Atacama como su empresa de servicios sanitarios, tiempos complejos de altos y bajos, además de estar siempre a la sombra de situaciones críticas que rodean a la zona, como la reconocida sequía extrema que hace del recurso hídrico un algo fundamental y de cuidado”. Así se presenta en su portal web la empresa sanitaria Aguas Chañar, concesionaria a cargo de distribuir el recurso vital.

Dicha empresa privada ha sido ampliamente cuestionada por la entrega de su servicio. Inti Salamanca, abogado que ha presentado dos recursos de protección contra Aguas Chañar denuncia: “Hoy vemos vulnerado el derecho constitucional a la vida, la integridad física y psíquica, por cuanto no tenemos un servicio con la calidad correspondiente, ni  tampoco la garantía de que la sanitaria sea fiscalizada en obligatoriedad de la entrega del suministro. Tenemos un enjambre de cortes no programados en la región de Atacama y en la mayoría no nos avisan, cuando esto debe hacerse con antelación. Cada cinco días hay un corte no programado en alguna parte de la Región”.

El abogado Salamanca representa a la comunidad de la población Manuel Rodríguez de Copiapó, junto a quienes ha presentado dos recursos de amparo por los constantes cortes e inundaciones que se han producido por el mal estado de las matrices y cañerías que abastecen al conjunto habitacional ubicado en la ladera de uno de sus tanques de abastecimiento.

Francisco San Martín, jefe de oficina regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), dijo que respecto de la acción constitucional interpuesta por los vecinos, “la Corte hizo un requerimiento particular a la empresa sanitaria: le solicitó que realizara una serie de estudios de suelo, los cuales llegaron a manos de la SISS para ser evaluados. Tras ello, se hicieron observaciones, puesto que se concluyó que la compañía no ha abordado de buena manera los trabajos de mantención que era necesario hacer. A su vez, se instruyó a la sanitaria para que considerara las observaciones a su informe, que apuntaban a aspectos que habían abordado en sus planes de mantención”.

Inti Salamanca, como representante de los vecinos, dice que la comunidad no ha tenido respuesta de parte de la Superintendencia, ni menos de Aguas Chañar: “El organismo fiscalizador se limitó a replicar el informe que había emitido Aguas Chañar, el que a su vez fue realizado por Hidrolab, empresa perteneciente a la compañía. Nosotros vemos cómo el organismo fiscalizador hace una defensa corporativa de la sanitaria en la Región de Atacama, aplicando multas irrisorias frente a las faltas graves que ha presentado durante la década que lleva funcionando, y sobre todo, en el último tiempo”.

A los constantes problemas con el suministro de agua en las diferentes comunas de la región, se han sumado los fuertes temporales que han generado crecidas de ríos, inundado ciudades y acrecentando el deterioro de la infraestructura sanitaria: alcantarillados, matrices, plantas potabilizadoras y piscinas de aguas servidas.

Muchos de los problemas sanitarios que hoy vive Atacama responden a lo ocurrido en 2015, cuando un aluvion devastó por completo la región. En dicha catástrofe, la Superintendencia de Servicios Sanitarios supervisó las obras de reconstrucción del suministro de agua que realizó aguas Chañar, contratando a sus empresas asociadas.

Copiapó: Una comunidad sin agua para beber  

“Señor director: Creo hablar por la mayoría al decir que nosotros como región contamos con los recursos básicos con más mala calidad a nivel nacional. Nuestra región tiene agua de mala calidad con minerales, eso provoca que no se pueda beber, nos provoca enfermedades, gastamos más dinero en comprar bidones y que los más escasos de recursos tengan que beber agua de la llave y enfermarse. Por eso pido a las autoridades que hagan algo al respecto y que cambien por siempre nuestro modo de vivir”.

Renato Salazar Riveros tiene once años y estudia en el sexto año de la Scuola Italiana de Copiapó. Hace unos meses su profesora de Lenguaje le dio como tarea redactar una carta al director y decidió escribir sobre el tema que más le ha impactado desde que llegó a vivir a la capital regional de Atacama, en marzo de 2011: “Cuando llegué pensé ‘qué linda ciudad’, pero ahora me quiero ir de nuevo a La Serena. Todo es muy árido y siempre hace calor; como juego fútbol, tomo mucha agua, pero acá el agua es asquerosa, de verdad no tiene otro nombre. Es salada, áspera, difícil de tragar”.

El agua de Copiapó no solo tiene mal sabor, como dice Renato en su carta. Debido a la profundidad de la que se extrae, está llena de cloruros, sulfatos y sólidos disueltos que dañan los aparatos del baño y la cocina. Según el estudio “Comparison of clinical factors, surgical complications, funcional results and quality resuls and quality life between four different uninary diversions”, del doctor Mario Navarro Genta, ex jefe de urología del Hospital Regional, estos elementos pueden enfermar a las personas, al punto de generar un alto índice de cálculos renales en la ciudad.

Las investigaciones del médico epidemiólogo realizadas en el centro asistencial, relacionan el riesgo de incidencia de litiasis renal con la dureza química del agua: “Cinco a quince personas, de cada cien habitantes, van a presentar cálculo renal si residen en Copiapó por dos años o más”, advierte.

El deterioro de la calidad del agua está directamente relacionado con la trayectoria de la empresa sanitaria que hoy administra y distribuye el agua en la comuna de Copiapó.

Christian Guzmán Rojas, ex candidato independiente a alcalde y presidente de la Coordinadora por la Defensa del Agua de Copiapó, resume esto explicando que “los trece años de la Sanitaria en Copiapó y en Atacama son lamentables; nosotros esperábamos que ocurriera lo que ha pasado en otras empresas del Estado, donde este es muy poco efectivo y el mundo privado es más eficiente o tiene mejores capacidades técnicas y de infraestructura.

En este caso, no ocurrió así: estábamos bien con la Sanitaria y no teníamos mayores problemas, y de repente llegó una empresa que comenzó a abrir espacios para tener mayores márgenes de utilidades, y esos márgenes se los restó a la inversión. No sé, da lo mismo en otros casos, como en las carreteras, donde hay autopistas que están en mal estado y mejoran con la concesión. Creemos que Aguas Chañar es lo peor que le puede haber pasado a Atacama en términos de concesiones, porque hoy los copiapinos somos más pobres gracias a esta empresa”, concluye.

El que el agua potable tenga concentraciones de minerales y salga turbia por las llaves de las casas ha obligado a las personas a tener que comprarla embotellada. Por ejemplo, en la casa de Renato se escucha desde la calle el aviso de un camión repartidor: “Estamos pasando por fuera de su casa. Lleve el agua purificada Naturandes. Agüita, agüita, aquí estamos pasando al frente de su casa para que lleve la fresca agüita”, dice la grabación que emite el vehículo que recorre aproximadamente cada media hora el sector.

Naturandes es una de las treinta empresas de agua envasada autorizadas por la Seremi de Salud para funcionar en esta ciudad de 160 mil habitantes. En promedio, en la familia de Renato, integrada por cuatro personas, se compran dos bidones a la semana, los que se utilizan para beber y cocinar. En promedio, la cuenta del agua es de 35 mil pesos mensuales más los 32 mil que gastan en aguas envasadas.

El jefe de la Oficina Regional de la SISS en la zona, Francisco San Martín, dice que este negocio no tiene nada de ilegal y explica que “en esta localidad las fuentes naturales son ricas en algunos metales pesados y eso hace que el agua tenga un sabor, entonces lo que hace la gente es comprar y consumir agua embotellada. Las empresas que prestan este servicio, como el único proveedor es Aguas Chañar, no tiene otra opción que comprarle a ellos. Luego la purifican y la venden como un producto mejorado”, aclara. La fiscalización de estas empresas, por lo tanto, corresponde a los organismos de salud, que las supervisan sobre la base de las normas alimenticias.

Desde 2010 a 2016, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) de la Región de Atacama, ha recibido alrededor de 2600 reclamos contra Aguas Chañar, de los cuales el 60% corresponde a cortes injustificados, cortes de suministro sin aviso previo y servicio defectuoso.

La SISS cursó desde el 2006 a 2016 un total de 84 sanciones y solo en marzo de 2017 se registran 22 causas en proceso de sanción por incumplimiento de la Ley General de Servicios Sanitarios, que es la normativa que rige a las operadoras de las concesiones en Chile.

En la última década, hasta noviembre de 2016, Aguas Chañar ha debido pagar 2614 UTM por concepto de sanciones de la SISS, lo que equivale aproximadamente a 12 millones anuales, una cifra que para Christian Guzmán, es “inaceptable, ya que los montos son muy bajos frente a la cantidad de errores administrativos y fallas en los sistemas que comete la empresa”.

Francisco San Martín asegura que la Superintendencia no puede hacer nada más que multar y dice que “la cantidad de sanciones ha aumentado en el último año en un 50 por ciento”, ratificando la constante negligencia de la empresa. Agrega que la Superintendencia tiene ciertas restricciones que no le permiten involucrarse en la operatividad de la Sanitaria, porque eso depende del manejo privado.

Las aguas de Pinochet

A su llegada al país, el conquistador Pedro de Valdivia se encontró con un espléndido valle, al que bautizó como Copiapó. Las crónicas de la época hablan de un “ameno riachuelo”, donde sus hombres se refrescaron y que hoy, 477 años después, está completamente seco.

“Busqué en Internet y encontré muchas fotos. También me han contado que estaba lleno de pozas, que la gente se bañaba ahí y era todo verde”, asegura Renato Salazar. Su descripción coincide con la infancia que recuerda Jorge Peña Ossandón, maestro de la construcción de 56 años que vive en la población Manuel Rodríguez de Copiapó: “Con mi mamá vivíamos en una casa en la ribera del río. En esa época eran puros potreros y sembraban harto trigo; había muchos animales, pillábamos los burros y nos íbamos al río a bañarnos y pescábamos, porque había peces de colores. Y era tanta el agua que se formaban pantanos”, describe.

En 1997, Jorge Peña, junto con su pareja en ese tiempo, Inés Alfaro, fue parte de los primeros habitantes del sector. Con precarios elementos, los pobladores construyeron su nuevo hogar en las alturas del cerro, muy cerca de cuatro estanques del antiguo Sendos (Servicio Nacional de Obras Sanitarias), la empresa estatal creada en 1977 que hasta 1989 administró la distribución del agua en Copiapó y todo el país, salvo las regiones Metropolitana y de Valparaíso, donde ya funcionaban autónomamente EMOS y ESVAL.

El 21 de junio de 1989, en una de sus últimas jugadas, el dictador Agusto Pinochet envío un mensaje a la Junta de Gobierno, proponiendo un proyecto que autorizaba al Estado a desarrollar actividades empresariales en materia de agua potable y alcantarillado.

El 5 de diciembre de 1989, -una semana antes de la elección presidencial que elegiría a Patricio Aylwin Azócar como mandatario-, se aprobó la ley Nº 18.885 y se creó, entre otras, la Empresa de Servicios Sanitarios de Atacama (EMSATT), sociedad anónima cerrada con una participación accionaria del 100% del Estado de Chile, que alcanzaría en diciembre de 2003 un patrimonio de $5.539.633.984.

Ese mismo año de abundancia, se celebró la séptima junta extraordinaria de accionistas, el 20 de diciembre de 2003. Según indica el acta, la reunión fue presidida por Alberto Pando Galindo, director de la empresa, quien señala que, “luego de un fallido proceso de Licitación Pública para la Transferencia del Derecho de Explotación de las Concesiones Sanitarias de EMSSAT S.A., se recibió una nueva oferta de parte de Aguas Norte Grande S.A.” y se determinó la adjudicación como operadora, otorgándole el derecho de explotación de concesiones sanitarias a esta empresa por un periodo de treinta años.

Esta decisión de la junta de accionistas es heredera de ese primer gran cambio propuesto por Pinochet en 1989.

La creación de las empresas públicas se amplió posteriormente en la democracia, con el establecimiento de modelos de incorporación de capital privado al mercado sanitario. Primero lo hizo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que determinó la venta de paquetes accionarios (VPA), lo que tuvo como resultado la privatización de las concesionarias Emos, Esval, Essbio, Essel y Essal.

En una segunda etapa, la administración de Ricardo Lagos avanzaría hacia la figura de los contratos de transferencia del derecho de explotación, que se aplicaron a Essat, Essan, Emssat, Essco, Essar, Emssa y Essmag.

Para todos los efectos, en la decena de contratos que se redactaron durante esos años, la “empresa” (en este caso, Emssat) sería entendida como la concesionaria. La nueva empresa, en cambio, recibiría la denominación de “operadora”. Por lo tanto, Aguas Andinas, Aguas del Valle, Aguas Patagonia y cada una de las sanitarias que existen en nuestro país, son operadoras de una concesión que originalmente pertenecía a alguna de las empresas derivadas de Sendos en 1989, pero que hoy se aglutinan en Econssa (Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios S.A.).

Que una empresa sea operadora significa que el Estado mantiene la propiedad de las concesiones y activos, incluidos los derechos de aprovechamientos de aguas. Sin embargo, el operador reemplaza al concesionario (Emssat, en su momento;  Econssa, hoy) en todas sus obligaciones, deberes y responsabilidades por treinta años, haciéndose cargo de la gestión integral de las concesiones y debiendo cumplir con la legislación, en este caso la Ley General de Servicios Sanitarios (Decreto con Fuerza de Ley, MOP Nº 382 de 1988). Además, la concesionaria entrega al operador los activos para que pueda cumplir con las obligaciones que demanda el convenio.

Los accionistas de Aguas Chañar y su mercado del agua

En enero de 2004, un grupo de aproximadamente veinte periodistas fue invitado a una cena en el hotel Montecatini, ubicado en el centro de la capital regional. Jessica Acuña Neira trabajaba entonces en el diario Atacama y Carlos Aguilar Contreras ejercía como corresponsal para Canal 13. Juntos acudieron a la convocatoria, realizada por la nueva sanitaria.

Los comunicadores recuerdan que allí conocieron a los propietarios de la empresa, quienes les contaron a sus invitados que estaban buscando un nuevo nombre para la empresa: “Uno de los dueños nos contó que habían pensado en ‘Atacama’, pero que ya estaba inscrito y querían que les diéramos ideas. Nos pidió que las escribiéramos en un papel y ellos elegirían entre esas propuestas. Quien habló fue Guillermo Ruiz”, cuenta Aguilar.

Guillermo Ruiz Pérez comenzaba entonces su incursión en el negocio de las sanitarias. El ingeniero civil de la Universidad de Chile, dueño del grupo Hidrosan, había formado la empresa en 1976, con el fin de efectuar “estudios, proyectos, asesorías, supervisión e inspección de obras, y demás actividades de carácter profesional relacionadas con el área de la ingeniería civil sanitaria e hidráulica”, según indica el sitio web de esta sociedad anónima con presencia en Chile, Argentina, Perú, Colombia y Panamá.

Sus áreas de desarrollo son los sistemas de agua potable, agua residual, el tratamiento de aguas urbanas e industriales, de biogás y residuos sólidos. Hoy maneja los negocios de Hidrolab (laboratorio ambiental de análisis de calidad de aguas); Surquímica (empresa de suministro de productos químicos); las concesiones sanitarias de San Isidro, Aguas Chañar y Aguas Patagonia; Consorcio Celle en Chuquicamanta (dedicada a la operación y explotación de la planta de tratamiento de agua potable) y Tratacal, en Calama, dedicada al tratamiento de aguas servidas.

Como indica la revista Capital, en una entrevista realizada por el periodista Sergio Paz en 2014, el empresario factura aproximadamente 150 millones de dólares al año.

Ruiz Pérez también controla, a través del 99,9% de la propiedad de Hidrosan (compañía de ingeniería para el desarrollo de infraestructura sanitaria y asesorías especializadas en el área hidráulica y sanitaria), las empresas de disposición de residuos sólidos Resco en Coyhaique y Consorcio Santa Marta en San Bernardo, que procesa el 40% de la basura de Santiago y que sufrió un grave incendio en enero de año pasado, el que derivó en su cierre parcial y temporal, debido a numerosas irregularidades, según consta en la resolución S-26-2016 del diez de febrero de 2016 del Segundo Tribunal Ambiental.

En varios de los negocios de Ruiz Pérez ha estado presente Juan Diéguez Manfredini, uno de los primeros integrantes del directorio de la sanitaria de Atacama, quien fue multado en 2005 por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por un monto de diez mil U.F. porque, mientras ejercía como gerente general de la sanitaria Essbio, promovió contratos por 25 mil millones de pesos, a través de licitaciones públicas que favorecieron a Hidrosan, empresa de la que era accionista. Un año después de la puesta en marcha de la operadora de Atacama, Diéguez y Ruiz debieron abandonar el directorio de Aguas Chañar para enfrentar la demanda de la SVS.

Diéguez Manfredini es actual director y ex presidente del directorio de Aguas Chañar, cargo que también ha ocupado Patricio de Solminihac Tampier, ex gerente general de SQM y hermano de Hernán de Solminihac Tampier, ex ministro de Minería y de Obras Públicas del gobierno de Sebastián Piñera.

Esa noche de enero de 2004, también estaba presente el socio Jorge Icaza Pérez, actual presidente del directorio, quien acompaña a Ruiz, a través de la propiedad de Icafal, en varios de sus negocios sanitarios (Aguas Patagonia, Aguas Chañar y Acqabio). El ingeniero civil fue el encargado de recibir las propuestas de los periodistas.

“Pensé en qué podría ser lo más representativo de la zona y se me ocurrió que podía ponerle el nombre del chañar, que es un árbol propio de la región. Así es que escribí ‘Aguas Chañar’ en el papelito”, recuerda la periodista Jessica Acuña Neira.

El chañar es un arbusto de hojas filosas que resiste muy bien la excesiva aridez de la zona. El bautizo del mineral de Chañarcillo en 1832 se debió, precisamente, a la presencia de esos frondosos bosques, que luego fueron utilizados por la naciente industria para sus faenas productivas, hasta su completa extinción.

Los copiapinos aseguran que quien prueba el fruto de este árbol se queda para siempre en la región.

Dos meses después de esa velada, concurren a la notaría de Nancy de la Fuente en Santiago Centro, los socios Guillermo Ruiz Pérez, Jorge Icaza Pérez y Sergio Icaza Pérez, en representación de las empresas Hidrosan, Icafal y Vecta, respectivamente, todas ellas dueñas de la nueva operadora. Llevan la suma de $15.993.403.864, que entregan al contado y en efectivo, para concretar el negocio.

En las 78 páginas y en los trece anexos del contrato quedan establecidos cuáles son los activos que recibe la sanitaria por hacerse cargo de la operación de la concesión regional: bodegas, oficinas, grupos generadores, drenes, sondajes, arranques y, entre otros, detalles de la infraestructura, cuatro estanques semienterrados de 1000 m3 y 500 m3, asociados al recinto Manuel Rodríguez, todos ellos calificados como operativos por el informe y que tendrían marcados, a partir de ese momento y hasta hoy, los colores y el nuevo nombre de la empresa: Aguas Chañar.

Aguas Chañar: lucrando con la emergencia

Marzo de 2015. La nieta de Inés Alfaro de la Población Manuel Rodríguez tiene 23 años y espera su primer hijo. Junto a su pareja, ha decidido ampliar la casa y armar una nueva habitación, donde viven.

A pesar de la nueva construcción, el patio todavía es amplio. El pimiento ahora mide más de tres metros y da buena sombra al patio donde el vecino guarda su colectivo cada tarde y que le sirve de estacionamiento. Casi todas las calles de la población están pavimentadas, hay luz eléctrica, una escuela, una cancha y una junta de vecinos, aunque muchos esperan todavía el título de dominio.

Es 18 de marzo y, mientras en la céntrica oficina de la Coordinadora por el Agua se preparan pancartas y se amplía la convocatoria para una gran marcha que se realizará el 22 sobre el lecho del río Copiapó, la población Manuel Rodríguez comienza a inundarse.

Alfaro sale al patio de la casa y apenas puede pisar el piso de tierra, transformado en un barrial. El auto de su vecino está tapado de agua hasta la altura de la puerta y la pieza de su hija empieza a humedecerse en pisos y paredes.

Sale a la calle y se encuentra con Jorge Peña, que tiene el mismo problema y camina por las calles con un fierro que mete en agujeros improvisados, intentando medir la profundidad del agua. El resultado de este peritaje informal da unos cincuenta centímetros de profundidad. En la otra esquina, Elsa Bórquez Tabilo ve entrar el agua por la reja hasta el living de su casa. Concluyen que hay una matriz rota y llaman a la empresa para que venga a repararla.

La empresa arregla el problema; los vecinos esperan que todo vuelva a la normalidad y que el suelo comience a secarse.

El 23 de marzo la marcha por el Día Internacional del Agua tiene muy buena convocatoria. Las redes sociales celebran cuando, al día siguiente, comienza a llover; los habitantes de la ciudad suben a Internet fotografías de un río caudaloso y recuerdan los mejores tiempos del Copiapó. Sin embargo, el agua sigue cayendo y el río se desborda, ocasionando serias inundaciones en toda la región, que dejan como resultado 26 fallecidos y más de cien desaparecidos.

El colapso de la ciudad es total: calles inundadas, cañerías rotas, espacios inhabilitados. Los sistemas de emergencia comenzaban a operar en la zona y la empresa Aguas Chañar analizaba cómo atender a la emergencia. El gerente general de la época, Diego Barros, cuenta que “se juntó con el intendente, representantes del ministerio de Obras Públicas y el directorio de Aguas Chañar, que tiene dos grandes socios: Hidrosan, que son consultores de ingeniería, e Icafal, que presta servicios de construcción”.

En dicha reunión, se determinó que “nosotros asumiríamos prácticamente toda la reconstrucción y el aseguramiento alternativo de agua”, relata Barros mientras explica cómo Aguas Chañar fue autorizada para generar contratos con sus empresas relacionadas para desarrollar todas las tareas de reposición del servicio sanitario de las comunas de Copiapó, Chañaral, Alto del Carmen, Tierra Amarilla y Diego de Almagro.

El artículo 67 de la Ley General de Servicios Sanitarios dice que las empresas prestadoras no pueden contratar servicios de sus empresas relacionadas por montos superiores a 500 unidades de fomento a menos que haya una licitación pública. Las condiciones de estos contratos solo pueden ser alteradas por razones fundadas y con acuerdo de al menos dos tercios del directorio de la sociedad concesionaria y con información oportuna a la Superintendencia, lo mismo corre en caso que los contratos sean superiores a 5 mil UF y estos últimos solo pueden modificados por razones de fuerza mayor informadas a la superintendencia.

“Hay cosas que a la gente le cuesta entender, el agua potable es un servicio público que está siendo entregado por una empresa privada. Cuando es un servicio público el Estado tiene que garantizar el servicio público, pero el Estado tampoco tiene la capacidad, porque los que administramos la empresa somos nosotros”, explica el gerente corporativo de Aguas Chañar, Diego Barros.

La concesionaria que lleva más de una década a cargo de los servicios sanitarios de la región, realizó el diagnóstico de la situación luego de la emergencia y de esa forma determinó lo que se necesitaba reponer y reparar. Con esto, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el organismo fiscalizador, emitió una excepción que dio luz verde a los contratos entre Aguas Chañar y su empresas relacionadas: Hidrolab, Hidrosan, Icafal, Aguas Patagonia, Comercializadora Surquímica, Copayapu e Hidroquality.

Según reportó la sanitaria de Atacama en su memoria 2016, el gasto que generó por concepto del aluvión fue de 10 mil millones de pesos, los que en su totalidad fueron pagados a sus empresas relacionadas. Según Diego Barros “el monto es mucho mayor, ya que existen gastos que aún no se pagan, como los que están asociados a gastos directos, como por ejemplo, los cuatro meses que estuvimos trasportando agua en camiones aljibes”.

En mayo de 2017 volvió a llover en el norte del país. Según informó la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), sólo en la región de Atacama el frente de mal tiempo dejó una comuna dividida, el desborde de los ríos Salado y Copiapó y 1.371 personas albergadas. El desborde de los ríos y las consecuencias de las fuertes precipitaciones, revivió el fantasma que dejaron los aluviones de 2015, particularmente en las comunas de Chañaral, Tierra Amarilla y Diego de Almagro.

Dos años después de la primera inundación y a días de cumplirse el plazo para la entrega de los informes por parte de Aguas Chañar, la población Manuel Rodriguez volvió a llenarse de agua y nuevamente debió acudir a las acciones legales.

Hoy, una mancha de humedad se dibuja todavía en las calles aledañas a los estanques. En el patio de Inés Alfaro, el árbol de pimiento luce seco, podrido por el agua que permanece bajo la superficie, mientras algunos vecinos comienzan a pensar en abandonar el sector preocupados por los daños a la salud que les ha provocado esta situación.

Más abajo en la ciudad, Renato Salazar se sacó un siete en su tarea de Lenguaje. Hasta hoy, su carta al director no ha sido publicada.