Señor Director:

Recordemos que uno de los pilares del sistema neoliberal impuesto por la dictadura cívico-militar de derecha fue la imposición del Estado Subsidiario en reemplazo del llamado Estado Empresario, que consiste en la prohibición del Estado para poseer o administrar empresas que puedan ser de interés lucrativo para el sector privado y, por ende, solo puede hacerlo con empresas sin fines de lucro destinadas al servicio público. Recordemos también que bajo esta premisa fueron privatizadas irregularmente muchas e importantes empresas del Estado, lo que siguió sucediendo durante los veinte años de gobiernos concertacionistas.

Pues bien hoy, cuando estalla el escándalo de “los niños del SENAME” es justo y necesario precisar algunas cosas de fondo a la luz del informe entregado por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados:

1. El 99,07% de estos menores desprotegidos o vulnerables están a cargo de instituciones que se ubican en el sector privado y que actúan como organismos colaboradores del SENAME. Solo queda el 4% como programas de administración directa del mismo.
2. Por lo tanto, el SENAME solo es el financista de dichas instituciones mediante la entrega de subsidios a este sector privado con la misión de coordinar y fiscalizar que los fondos se empleen realmente en la atención de los menores, ambas responsabilidades al parecer no asumidas o llevadas a cabo con total ineficiencia.
3. Si tenemos en cuenta que en vez de aumentar se ha disminuido el presupuesto del SENAME en 4.904 millones de pesos, ¿le extraña acaso a la Comisión de la Cámara que se registren “graves problemas de fiscalización que existen por parte del SENAME al interior de los organismos colaboradores?”. Sería bueno saber con cuántos fiscalizadores cuenta el SENAME para desarrollar satisfactoriamente esta labor.
4. Aquí no se trata de blindar a la ex ministra Javiera Blanco sino que de perseguir las responsabilidades políticas y penales de todos los involucrados, incluida la ministra, como lo plantea la Comisión.
5. Es impropio hablar de “1.313 menores muertos al interior del SENAME en diez años” cuando los menores están a cargo del sector privado, como hemos visto; lo mismo sucede con la expresión “niños del SENAME”, por idéntica razón. Estos son niños y niñas que murieron o siguen a cargo de dicho sector. La responsabilidad que le cabe al SENAME es coordinar y fiscalizar sin pausas para poder impedir las muertes, abusos, brutalidades y desvío de fondos perpetrados por estos organismos colaboradores todos, reiteramos, del sector privado.

Por último, si en palabras de la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados “el Estado de Chile (…) está obligado a tomar todas las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos del niño y para protegerlos de toda forma de maltrato” y si, precisamente, es el Estado de Chile quien debe resguardar los derechos de nuestros niños y niñas, corresponde exigir la intervención inmediata de todos estos organismos colaboradores y que el Estado tome en sus manos la administración y control de centros custodios y rehabilitadores de menores mediante un nuevo organismo que transforme lo que hoy es un negocio vía subvenciones estatales en reales derechos de la niñez y adolescencia en Chile.