¿Sabe cuántos ingresos recibe anualmente el Municipio de la comuna en la que Ud. vive y en qué los gasta? Si no lo sabe, seguro que menos conoce con cuántos ingresos y egresos se desenvuelve Chile. De allí las “sorpresas” que diversos alcaldes nuevos han debido encarar en sus respectivas administraciones: Sharp, en Valparaíso, alegando un déficit que alcanza a casi $100 mil millones; Matthei, en Providencia, revelando deudas por más de $2.500 millones en su corporación educacional, por citar algunos. Y mientras unos denuncian una situación financiera que les impide avanzar en sus respectivos gobiernos locales, los otros explican el porqué de los malos resultados: para unos han sido simples malgastos, para otros, inversiones. Entretanto, los habitantes sufren, con paciencia infinita, los resultados de las malas decisiones, con calles sucias, veredas en mal estado, pésima iluminación o peores áreas verdes.

Pero el tema municipal es apenas una pequeña muestra a escala de lo que sucede en el aparato general del Estado, cuyo volumen de ingresos y gastos conocen muy pocos chilenos interesados en saber qué hacen nuestros representantes con los impuestos que pagamos cada vez que compramos un kilo de pan. Y menos aún son los que saben cómo está estructurado ese Estado, sus instituciones, reparticiones, organismos dependientes, empresas, servicios y si la existencia de aquellos es relevante o no para los ciudadanos. Si Ud. hiciera una encuesta preguntando cuántos de nosotros sabemos, al menos, la cantidad de ministerios que tiene el Gobierno central, aseguro que el resultado sería catastrófico. Entonces, ¿De qué ciudadanía estamos hablando?

Un ciudadano que, como hijo ignorante, no conoce con cuántos recursos cuenta el padre o la madre para mantener la casa, los ingresos y gastos mensuales de su hogar, probablemente exigirá una rápida la solución de sus demandas, por absurdas que ellas sean. Es deber de los padres jerarquizar las peticiones de sus hijos y ponerlas según el orden racional que los ingresos y gastos reales permiten. En política, por tanto, un dirigente responsable hace un ejercicio similar. Pero es probable que muchos de nuestros representantes ni siquiera tenga claridad al respecto, aunque habrá otros que, sabiendo, no quieren defraudar a sus electores diciendo un simple: “no se puede”.

El tema fiscal, que, en los hechos es cuánto podemos hacer y para quiénes con los recursos que hoy tenemos, ajustándonos a nuestros ingresos y sin aumentar la deuda -que implica traspasar el mal rato del pago a las próximas generaciones- es, pues, clave, si se ha de creer en el papel de una ciudadanía activa e informada. En especial, luego que la semana pasada -como se preveía- el deterioro en las arcas públicas fuera una de las razones por las que la clasificadora Standard & Poor´s (S&P) recortó, por primera vez en 25 años, el rating soberano de Chile, atendido el impacto del menor crecimiento de la economía -y menores ingresos- en las cuentas fiscales. El lobo existía.

Entre los argumentos que entregó la agencia destacó la “presión” a la que ha estado sujeto el gobierno para incrementar el gasto en políticas sociales. Y es que, en números de la Dirección de Presupuestos (Dipres – órgano estatal dependiente del Ministerio de Hacienda), el gasto público alcanzará a 24% del PIB este año -desde el 21,5% de 2013-, llegando a su nivel más alto desde 1990, mientras que los ingresos han caído desde el 22,5% del PIB en 2011 al 20,9 este año. Más claro, echarle agua.

Pero años de ajuste de gasto fiscal no son un escenario en el que quieran asumir responsabilidades de representación dirigentes políticos cuyos votos se han conseguido ofreciendo soluciones más allá de lo que se puede, porque, para satisfacer a unos, deberá quitar a otros. Los recursos son escasos y las necesidades infinitas. A quién dar y a quién quitar se transforma, a nivel nacional, en la triste y difícil decisión de las familias que deben privilegiar los estudios de uno de sus hijos, aplazando o desplazando a otro.

Moralmente es exigible, en consecuencia, que nuestros representantes y funcionarios públicos busquen la mayor eficiencia y productividad en su desempeño; que sus gastos sean racionales, medidos, justos y acordes a un entorno de necesidades. Y es que recursos fiscales mal gastados afectan la vida de millones que los traspasan al Estado en forma de impuesto, restándolo de los siempre escasos presupuestos familiares. Éticamente es también exigible que, en años de ajuste, los gastos se asignen, preferentemente, a quienes más lo necesitan y no a suplir pataletas de quienes pueden hacer un esfuerzo mayor para solventar sus propias demandas.

La próxima discusión del Presupuesto 2018 es, pues, un momento en el que cada ciudadano debe estar atento a qué nos proponen nuestras autoridades en términos de ingresos y deudas, así como a quienes se pondrá primero en la fila para solventar sus requerimientos o derechos. Será la prueba de la blancura respecto del país que decimos querer y el que en realidad estamos construyendo.