Durante los próximos días, el proyecto GNL Talcahuano tendrá la resolución de Calificación Ambiental, en orden a si acepta o rechaza la construcción del nuevo terminal de gas, que se ubicaría a unos cuatro kilómetros de Penco y a siete de Talcahuano.

El proyecto será votado en la  Comisión Evaluadora Regional integrada por el Intendente regional, quien preside la comisión, y los; secretarios regionales de los ministerios y servicios de Medio Ambiente, Salud, Economía, Turismo, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transportes, Minería y Desarrollo social. También participa el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental, el único elegido por concurso público.

GNL Talcahuano, consiste en la construcción de un terminal marítimo proyectado para el atrancamiento de buques de transporte de gas natural licuado (GNL), producto que se importará desde países productores para luego ser regasificado y trasportado a tierra a través de un gasoducto ya existente.

Durante su tramitación, la iniciativa no ha estado exento de conflictos. Primero, y según el proyecto presentado por la empresa GNL Talcahuano, el traspaso de gas del puerto a tierra se haría a través de tubos de la empresa Gasoductos del Pacífico, entidad que desmintió su participación en una carta enviada el 10 de julio.

En la misiva, Gasoductos del Pacífico expuso que ellos habían otorgado la factibilidad de conexión a la iniciativa, pero que había sido de forma muy general y que en ese momento los mandantes tenían otra razón social y no había condiciones de operación específica, ya que no existían detalles del proyecto en esa época.

Un cúmulo de contradicciones

Por estos días, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dio un espaldarazo al proyecto, recomendando que la iniciativa fuera aprobada en todas las tramitaciones que tiene pendiente.

Esta situación, se suma a las complejas relaciones que se han dado entre la empresa GNL Talcahuano y autoridades de la zona. Según consignó Radio Bío Bío, el concejal Eduardo Saavedra fue descubierto hace un año, durante su candidatura,  cobrando cheques por alrededor de ocho millones de pesos, a la empresa GNL Talcahuano.

Este caso dejó al descubierto la relación directa entre el representante legal de la sociedad, Juan Ignacio Ugarte, ex gobernador de la provincia de Concepción y gerente general del casino Marina del Sol, y Ernesto Vilches Van Rysselberghe, uno de los primos de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe.

Otra arista del tema, afectó directamente al municipio. Durante marzo de este año, el alcalde Henry Campos, entregó una carta a la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Bío Bío, donde la municipalidad daba total aprobación al proyecto por cumplir: “con la normativa ambiental, contar con todos los permisos ambientales, estar en conformidad con las medidas de mitigación  y acreditando que las demandas presentadas por parte de la comunidad habían sido abordadas de manera adecuada”.

Revisa aquí la carta del Alcalde de Talcahuano 

Sin embargo, después de la recomendación del SEA, el edil salió al paso afirmando que “hoy vemos un grave riesgo de tener dos terminales gasíferos y que con esto se abra  paso a estas iniciativas y se utilice todo el borde costero. Eso es lo preocupante, seguir transformándola en un foco de contaminación, un foco de generación de mala calidad de vida para los habitantes”.

Pese a que la municipalidad carece de competencias que le permitan incidir en los estudios de impacto ambiental, el rol que cumple al interior de la comunidad la convierte en la instancia que debiese resguardar el borde costero y evitar que se generen daños irreversibles que afecten a los habitantes del lugar.

Presiones y conexiones

Otra de las aristas que ha puesto sobre la mesa este asunto, tiene que ver con un complejo entramado de conexiones que complica a una serie de personas presuntamente vinculadas.

El representante legal de inversiones GNL Talcahuano es Juan Ignacio Ugarte, militante de la Democracia Cristiana, ex gobernador de Concepción y gerente general del Casino Marina del Sol, una de las inversiones que ha sido ampliamente cuestionada desde su instalación en la ciudad.

El único fondo nacional involucrado en este nuevo terminal marítimo que pretenden instalarse  en la bahía de Talcahuano es Compañía Regional de Infraestructura CRI, empresa que recibió una concesión marítima el 20 de agosto de 2014 para construir y operar un muelle para transferencia y regasificación de gas licuado en la Bahía de Concepción. Dentro de su directorio se encuentra también Juan Ignacio Ugarte, Claudio Enrique Barrera Van Rysselberghe y Ester Ramírez Herrera, pareja de Juan Ignacio Ugarte y gerenta comercial en el mismo casino.

Además, en la CRI trabaja el ex militante socialista y ex director del Servicio de Evaluación Ambiental y la CONAMA de la región de Bío Bío, Bolívar Ruiz Adaros, quien según dijo Ugarte solo asesoró a GNL Talcahuano en el estudio de impacto ambiental.

Sumado a esta red, el nuevo titular del Ministerio de Medio Ambiente, Marcelo Mena, fue asesoró de GNL Penco – Lirquen, antes conocido como proyecto Octopus otro de los terminales de gas que actualmente está construido en la misma bahía.

Ante todas estas conexiones, Osvaldo Seguel, miembro de la organización social Choreras de Talcahuano declaró en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, que “hay intereses creados explícitos, hay militantes de la DC que tiene intereses económicos, porque son directores de la compañía regional de infraestructura, concejales de la nueva mayoría que ha recibido dineros por asesorías, no es un proyecto político, no es un proyecto de creación de empleo, ni de desarrollo, básicamente lo que están haciendo es asegurar su propio bolsillo y eso está evidenciado como ha funcionado en la región”.