Diario y Radio Uchile

Año IX, 17 de octubre de 2017

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Mariana Zegers Izquierdo

Movimientos sociales y derechos humanos

Mariana Zegers Izquierdo | Jueves 20 de julio 2017 15:12 hrs.

La libertad de expresión es uno de aquellos derechos humanos que hemos entendido como indivisibles e integrales. Ella se liga  a una libertad mayor: la autodeterminación de los pueblos, consignada en los pactos internacionales de derechos humanos, donde se fija el derecho proveer libremente su condición política, desarrollo económico, social y cultural. Bajo esta perspectiva, nos preguntamos hoy por la incidencia de los movimientos populares en las transformaciones sociales y en la misma existencia de lo que hoy concebimos como derechos humanos.

La reivindicación de los derechos civiles y políticos se desarrolló con el ascenso de la burguesía, que reclamó la supresión de los privilegios de la nobleza y la igualdad ante la ley. Su ideario es el liberalismo, de signo individualista; los derechos fundamentales que se subrayan son los “derechos de la libertad” y, entre ellos, muy preferentemente, el derecho de propiedad. Más tarde, las consecuencias de la revolución industrial dieron lugar a condiciones de trabajo durísimas e inhumanas, que pusieron de manifiesto la insuficiencia de los “derechos individuales”. Entonces, junto al postulado de la libertad pasa a primer plano el de la seguridad social, con sus consecuencias de orden laboral y económico (derecho al trabajo, a un salario justo, al descanso, a la educación, al retiro).

El convulsionado siglo XX registra grandes avances científicos y tecnológicos, acompañados de un récord de destrucción y crueldad; con dos Guerras Mundiales,  otras locales y el auge de los autoritarismos y totalitarismos que derivaron en un eclipse de los derechos individuales (Antonio Cancado Trindade, El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el siglo XXI). Las grandes tensiones de la época se expresaron en vastos procesos sociales, políticos e ideológicos, de diverso alcance, como la revolución rusa  -y su posterior esclerosis y derrumbe al final del siglo-, la guerra civil española, la revolución cubana, los movimientos de liberación nacional, la lucha contra el apartheid y contra diversas formas de discriminación, movimientos por los derechos de la mujer, de los campesinos, pobladores, pueblos indígenas, más o menos imbricados con los partidos políticos.

En Chile y Latinoamérica, los procesos, movimientos y luchas sociales de la segunda mitad del siglo XX derivaron en la represión de las dictaduras de la seguridad nacional y en la violación masiva y sistemática de los derechos humanos en la región. En nuestro país, la defensa de los derechos humanos y la denuncia de su vulneración convocó casi desde el inicio a las iglesias, a los organismos de derechos humanos y a las Agrupaciones de Víctimas de la represión. Más tarde, al calor de las protestas, la lucha antidictatorial movilizó a pobladores, estudiantes y mujeres, con ciertos grados de vinculación con los partidos u organizaciones políticas, pese al obligado “receso” de éstas. En materia de verdad y justicia, los colectivos de la sociedad civil han instado al Estado para que ejerza mayor justicia. Este bregar las organizaciones sociales por ciertas causas fundamentales de derechos humanos es lo que ha exhortado el proceder de la justicia y la mayor obtención de verdad.

El plebiscito de 1988 y las elecciones de 1989 son, a la vez, el resultado político de un largo proceso y el inicio de una transición democrática marcada por el orden neoliberal impuesto y su Constitución Política de 1980. Al mismo tiempo, este democracia protegida determinó “una primera y fuerte contracción de los movimientos sociales durante los años 1990, en el marco de una elitización de la política y contención de los actores sociales, antes de que se inicie desde el 2000 una recomposición de los últimos bajo una modalidad de mayor autonomía frente a los actores políticos tradicionales, recomposición aún en curso” (Emanuelle Barozet, Entre la urna, las redes sociales y la calle: las relaciones entre movimientos sociales y partidos políticos en el Chile Democrático: 21). Las movilizaciones de los últimos años parecen exhibir una legitimidad duradera,  y sus diversas expresiones (estudiantil, ambiental, vivienda, diversidad sexual, étnica y cultural) logran, en ocasiones, posicionar sus demandas en la agenda política, en torno a temas vinculados a los  derechos económicos, sociales y culturales (Barozet).

De modo consistente y también alarmante, los problemas globales y regionales obligan a dejar atrás una visión fragmentada o atomizada de los derechos humanos. Se trata de la indivisibilidad de los derechos humanos, de su universalidad y no selectividad. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizada en Teherán, en 1968,  proclamó esa indivisibilidad, afirmando que la realización plena de los derechos civiles y políticos sería imposible sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales (Cancado  Trindade).

En este complejo escenario se han alzado los movimientos sociales  actuales de manera transversal contra la desigualdad producto no de la libre determinación, sino de la imposición del modelo socioeconómico neoliberal. Movimientos  que surgen, aunque en apariencia parezca paradójico, en  el contexto de una profunda apatía hacia la política y un descrédito de los políticos En un mundo fragmentado, donde los lazos sociales se fundan y tranzan en el mercado. En ese contexto, y a pesar de la escisión, han surgido con fuerza movimientos sociales, que han buscado incidir en las transformaciones sociales.

Nos quedamos con lo que señala la Ong ECO , dedicados a la educación popular: “Los movimientos sociales que emergen con fuerza durante el último tiempo, tienen la posibilidad de construir sus propias y nuevas formas de organización que les aseguren, autonomía y democracia interna así como capacidades para elaborar propuestas políticas. Esta nueva construcción no necesariamente significa el fin de los partidos políticos, sino debieran desafiarles a un proceso de renovación respecto de sus formas de organización, de su relación con el mundo social, en su capacidad de escucha, y en el respeto a la autonomía de los movimientos sociales”.