Diario y Radio Uchile

Año IX, 17 de octubre de 2017

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Roxana Pey

Responsables en Cerro Bayo

Roxana Pey | Viernes 21 de julio 2017 9:22 hrs.

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En Chile Chico se ha suspendido la búsqueda de Enrique Ojeda y Jorge Sánchez, los dos jóvenes mineros accidentados y desaparecidos en la faena de Cerro Bayo. Dicen que ya no queda esperanza de encontrarlos con vida pues ha pasado demasiado tiempo, los túneles siguen inundados y las características de esas aguas son tóxicas.

Nos indigna que no se les siga buscando y exigimos que no se abandone a los trabajadores de Chile Chico.

Se tendrá que investigar, esclarecer y sancionar las responsabilidades que evidentemente tiene la minera Mandalay en este triste accidente que era evitable si se hubiera cumplido con la normativa chilena que exige proveer la seguridad adecuada y oportuna a los trabajadores.

Es necesario recordar que la ley chilena establece que debe suprimirse en los lugares de trabajo cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud o integridad física de los trabajadores y que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para protegerlos eficazmente manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. La ley hace recaer en el empleador la responsabilidad de evitar la ocurrencia de accidentes en el trabajo y exige tomar todas las medidas necesarias para ello. Además, la ley chilena indica que cuando en el trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente para la vida o la salud, el empleador deberá informar inmediatamente a todos los afectados y adoptar medidas para eliminar el riesgo y para la suspensión inmediata de las faenas y la evacuación del lugar. Más aún, la ley autoriza al trabajador, para detener sus funciones e irse del lugar de trabajo. Pero esta normativa no se cumplió plenamente en Cerro Bayo y es por eso que deben exigirse mayores atribuciones fiscalizadoras del Estado y así evitar la dramática realidad, según registro de Sernageomin 2000-2016, de 525 trabajadores fallecidos en la minería en Chile.

La empresa canadiense Mandalay Resources que explota desde el 2010 la mina de oro y plata Cerro Bayo, tiene un valor estimado en la bolsa en 200 millones de dólares y no paga impuestos a pesar que su venta bordea los 20 millones de dólares anuales. Muy en la línea de la minería privada, que el año pasado vendió más de 21 mil millones de dólares, pero tributó en Chile solamente 12 mil millones de pesos, o sea menos del 0,1% de lo que vendieron. Es indignante constatar que Mandalay tenía recursos suficientes para mejorar la seguridad de la faena, para mejorar los salarios, para respetar el medioambiente y para aportar a la Región de Aysén que es la dueña de esas enormes riquezas que se llevan.

La seguridad de los y las trabajadoras no puede ser desatendida como suele ocurrir en el afán de las empresas por abaratar costos. Da la impresión que en Chile se ha llegado al extremo del abuso pues las ganancias se defienden con tal fiereza que se permite echar mano a recortes en seguridad, a mantener bajos salarios, a aumentos injustificados de cobros, a reducciones de personal. El notorio corte de electricidad que por estos días le tocó al barrio alto de Santiago ha puesto el tema en discusión recién ahora que ha afectado al sector más pudiente del país. Son las consecuencias de la privatización abusiva y autoritaria de servicios estratégicos como la electricidad y el agua, entregada además a empresas extranjeras, que no realizan inversiones, mantenciones ni contrataciones suficientes, y que fueran realizadas durante la dictadura o durante una transición que ha mantenido limitaciones a la democracia, amparada por una constitución deficiente. Sus efectos los sufrimos a diario y por décadas todos los chilenos, los ciudadanos comunes, y mucho más agudamente en las regiones, sin que hayamos sido oídos.

Debemos ser capaces de escribir una nueva constitución que nos permita avanzar con leyes que devuelvan derechos sociales, que fortalezca al Estado, que nos lleven a recuperar nuestra riqueza de recursos naturales, que nos defienda de los abusos. Si bien el actual gobierno de la Presidenta Bachelet ha realizado numerosos avances en estas materias, no son suficientes y es muy importante que logremos continuar esa senda para lograr una sociedad más justa, como bien podríamos.

La tragedia de Enrique Ojeda y Jorge Sánchez que hoy lamentamos junto a sus familias y compañeros pudo haberse evitado con mejores leyes, con mayor respeto a los trabajadores y su seguridad, si todos, incluidos los empresarios, priorizaran la vida digna de todos por sobre sus ganancias.

Hoy nos lamentamos, pero no basta. Ya es tiempo de actuar en conciencia y sin temor exigiendo el respeto que merecemos.