Este miércoles se informó que el fiscal jefe de la Región de O´Higgins, Sergio Moya, solicitó el cierre del caso Caval, lo que significa que la investigación está agotada y que no existen más pericias o diligencias que realizar. De forma general, el término cualquier investigación depende de la convicción que se haya formado el fiscal al momento de investigar y de las pruebas que haya logrado reunir.
Lo que sigue da pie a dos escenarios. El primero es que las defensas de cualquiera de los 13 imputados soliciten la reapertura de la investigación. Sobre este aspecto, se espera que este viernes el Juzgado de Garantía de Rancagua se manifieste en orden a acoger o rechazar las solicitudes En caso de acogerse, la investigación volvería a abrirse y se debería entregar un nuevo plazo al fiscal para continuar con las diligencias.
Por otro lado, de ser rechazada la solicitud de reapertura, el persecutor tiene un plazo de 10 días para realizar acusaciones en contra de los imputados, lo que daría inicio a un juicio oral que, considerando los tiempos procesales, podría iniciar en el mes de octubre de este año.
Según publica hoy El Mercurio, el fiscal del caso Caval formalizará a siete de los trece imputados. La nuera de la presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon sería acusada de cometer el delito de emitir declaraciones maliciosamente incompletas o falsas usando facturas falsas. Por este acto, la esposa de Sebastián Dávalos arriesga una pena de entre 3 años y un día a 10 años.
Además, junto a su socio Mauricio Valero, Compagnon fue formalizada en su calidad de representante legal de Exportadora y de Gestión Caval Ltda. por el delito de soborno tipificado en la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas.
Los cargos más relevantes serían presentados contra el sindico de quiebras Herman Chadwick Larraín, quien seria acusado de cometer los delitos de otorgar ventajas indebidas al síndico, declaraciones maliciosamente incompletas o falsas y omisión maliciosa de declaración. El socio de Caval, Mauricio Valero, sería acusado de cometer soborno y de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas usando facturas falsas.
Por su parte, el gestor inmobiliario Juan Díaz sería acusado por los delitos de otorgar ventajas indebidas al síndico, soborno y facilitación de facturas falsas.
Una larga investigación
El 5 de febrero de 2015 un reportaje de Revista Que Pasa reveló un millonario negocio realizado por la empresa Sociedad Caval Ltda., de quien era propietaria en un 50 por ciento la nuera de la Mandataria, Natalia Compagnon. La compra de tres terrenos en Machalí, realizada mediante un crédito gestionado ante el dueño del Banco de Chile, Andrónico Luksic, habría traído para la compañía ganancias por más de 2.500 millones de pesos.
El episodio fue catalogado como “tráfico de influencias” y trajo consigo la renuncia del Director Sociocultural de La Moneda, hijo de la Presidenta y esposo de Natalia Compagnon, Sebastián Dávalos. En ese entonces, la Presidenta señaló haberse “enterado de la noticia por la prensa” y La Moneda se apuró en señalar que el conflicto se trataba de un asunto entre particulares.
En el transcurso de la investigación realizada por la Fiscalía, el caso demostró ser mucho más amplio. Una serie de facturas adulteradas, ideológicamente falsas, que se presentaron y se incorporaron en la contabilidad de la empresa y la posible evasión de impuestos abrieron una arista tributaria y también, posteriormente, se abrieron las aristas Saydex y aquellas que incriminaban al síndico de quiebras Herman Chadwick.
Este miércoles se informó que el fiscal jefe de la Región de O´Higgins, Sergio Moya, solicitó el cierre del caso Caval, lo que significa que la investigación está agotada y que no existen más pericias o diligencias que realizar. De forma general, el término cualquier investigación depende de la convicción que se haya formado el fiscal al momento de investigar y de las pruebas que haya logrado reunir.
Lo que sigue da pie a dos escenarios. El primero es que las defensas de cualquiera de los 13 imputados soliciten la reapertura de la investigación. Sobre este aspecto, se espera que este viernes el Juzgado de Garantía de Rancagua se manifieste en orden a acoger o rechazar las solicitudes En caso de acogerse, la investigación volvería a abrirse y se debería entregar un nuevo plazo al fiscal para continuar con las diligencias.
Por otro lado, de ser rechazada la solicitud de reapertura, el persecutor tiene un plazo de 10 días para realizar acusaciones en contra de los imputados, lo que daría inicio a un juicio oral que, considerando los tiempos procesales, podría iniciar en el mes de octubre de este año.
Según publica hoy El Mercurio, el fiscal del caso Caval formalizará a siete de los trece imputados. La nuera de la presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon sería acusada de cometer el delito de emitir declaraciones maliciosamente incompletas o falsas usando facturas falsas. Por este acto, la esposa de Sebastián Dávalos arriesga una pena de entre 3 años y un día a 10 años.
Además, junto a su socio Mauricio Valero, Compagnon fue formalizada en su calidad de representante legal de Exportadora y de Gestión Caval Ltda. por el delito de soborno tipificado en la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas.
Los cargos más relevantes serían presentados contra el sindico de quiebras Herman Chadwick Larraín, quien seria acusado de cometer los delitos de otorgar ventajas indebidas al síndico, declaraciones maliciosamente incompletas o falsas y omisión maliciosa de declaración. El socio de Caval, Mauricio Valero, sería acusado de cometer soborno y de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas usando facturas falsas.
Por su parte, el gestor inmobiliario Juan Díaz sería acusado por los delitos de otorgar ventajas indebidas al síndico, soborno y facilitación de facturas falsas.
Una larga investigación
El 5 de febrero de 2015 un reportaje de Revista Que Pasa reveló un millonario negocio realizado por la empresa Sociedad Caval Ltda., de quien era propietaria en un 50 por ciento la nuera de la Mandataria, Natalia Compagnon. La compra de tres terrenos en Machalí, realizada mediante un crédito gestionado ante el dueño del Banco de Chile, Andrónico Luksic, habría traído para la compañía ganancias por más de 2.500 millones de pesos.
El episodio fue catalogado como “tráfico de influencias” y trajo consigo la renuncia del Director Sociocultural de La Moneda, hijo de la Presidenta y esposo de Natalia Compagnon, Sebastián Dávalos. En ese entonces, la Presidenta señaló haberse “enterado de la noticia por la prensa” y La Moneda se apuró en señalar que el conflicto se trataba de un asunto entre particulares.
En el transcurso de la investigación realizada por la Fiscalía, el caso demostró ser mucho más amplio. Una serie de facturas adulteradas, ideológicamente falsas, que se presentaron y se incorporaron en la contabilidad de la empresa y la posible evasión de impuestos abrieron una arista tributaria y también, posteriormente, se abrieron las aristas Saydex y aquellas que incriminaban al síndico de quiebras Herman Chadwick.
Este miércoles se informó que el fiscal jefe de la Región de O´Higgins, Sergio Moya, solicitó el cierre del caso Caval, lo que significa que la investigación está agotada y que no existen más pericias o diligencias que realizar. De forma general, el término cualquier investigación depende de la convicción que se haya formado el fiscal al momento de investigar y de las pruebas que haya logrado reunir.
Lo que sigue da pie a dos escenarios. El primero es que las defensas de cualquiera de los 13 imputados soliciten la reapertura de la investigación. Sobre este aspecto, se espera que este viernes el Juzgado de Garantía de Rancagua se manifieste en orden a acoger o rechazar las solicitudes En caso de acogerse, la investigación volvería a abrirse y se debería entregar un nuevo plazo al fiscal para continuar con las diligencias.
Por otro lado, de ser rechazada la solicitud de reapertura, el persecutor tiene un plazo de 10 días para realizar acusaciones en contra de los imputados, lo que daría inicio a un juicio oral que, considerando los tiempos procesales, podría iniciar en el mes de octubre de este año.
Según publica hoy El Mercurio, el fiscal del caso Caval formalizará a siete de los trece imputados. La nuera de la presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon sería acusada de cometer el delito de emitir declaraciones maliciosamente incompletas o falsas usando facturas falsas. Por este acto, la esposa de Sebastián Dávalos arriesga una pena de entre 3 años y un día a 10 años.
Además, junto a su socio Mauricio Valero, Compagnon fue formalizada en su calidad de representante legal de Exportadora y de Gestión Caval Ltda. por el delito de soborno tipificado en la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas.
Los cargos más relevantes serían presentados contra el sindico de quiebras Herman Chadwick Larraín, quien seria acusado de cometer los delitos de otorgar ventajas indebidas al síndico, declaraciones maliciosamente incompletas o falsas y omisión maliciosa de declaración. El socio de Caval, Mauricio Valero, sería acusado de cometer soborno y de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas usando facturas falsas.
Por su parte, el gestor inmobiliario Juan Díaz sería acusado por los delitos de otorgar ventajas indebidas al síndico, soborno y facilitación de facturas falsas.
Una larga investigación
El 5 de febrero de 2015 un reportaje de Revista Que Pasa reveló un millonario negocio realizado por la empresa Sociedad Caval Ltda., de quien era propietaria en un 50 por ciento la nuera de la Mandataria, Natalia Compagnon. La compra de tres terrenos en Machalí, realizada mediante un crédito gestionado ante el dueño del Banco de Chile, Andrónico Luksic, habría traído para la compañía ganancias por más de 2.500 millones de pesos.
El episodio fue catalogado como “tráfico de influencias” y trajo consigo la renuncia del Director Sociocultural de La Moneda, hijo de la Presidenta y esposo de Natalia Compagnon, Sebastián Dávalos. En ese entonces, la Presidenta señaló haberse “enterado de la noticia por la prensa” y La Moneda se apuró en señalar que el conflicto se trataba de un asunto entre particulares.
En el transcurso de la investigación realizada por la Fiscalía, el caso demostró ser mucho más amplio. Una serie de facturas adulteradas, ideológicamente falsas, que se presentaron y se incorporaron en la contabilidad de la empresa y la posible evasión de impuestos abrieron una arista tributaria y también, posteriormente, se abrieron las aristas Saydex y aquellas que incriminaban al síndico de quiebras Herman Chadwick.
