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Critican propuesta de pensiones: “no funciona bajo la lógica de la seguridad social”

Rodrigo Fuentes |Viernes 11 de agosto 2017 20:24 hrs.

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Tanto ex integrantes de la Comisión Bravo, como académicos y organizaciones sociales criticaron la reforma previsional del Gobierno por considerarla "insuficiente" y que no toca "el negocio de las AFP".

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Luego de que este jueves la presidenta firmara los tres proyectos que componen la reforma al sistema previsional, diversos expertos, académicos y organizaciones ciudadanas han salido a cuestionar la propuesta que podría aumentar en hasta un 20% las jubilaciones en el corto plazo.

Las iniciativas que ingresarán durante la próxima semana al Parlamento contemplan la creación de un Consejo de Ahorro Colectivo, el que administrará el 5% adicional de las cotizaciones, así como una modificación al marco regulatorio de las AFPs.

Sin embargo para algunos actores involucrados en este debate, las modificaciones que se plantean en estos proyectos son insuficientes y no se hacen cargo de los principales cuestionamientos al sistema de capitalización individual.

Para la economista Claudia Sanhueza, el anunció no sorprende, ya que no cumple con los objetivos de la seguridad social, como disminuir la pobreza en la vejez y la desigualdad de este sector etario: “El 3% de ese 5 se va a capitalización individual, que no funciona bajo la lógica de la seguridad social, va a seguir generando desigualdad, vulnerabilidad en las personas de mayor edad y ahora con una institución pública. Por otro lado, ese restante 2% adicional, aumentaría en 20% la pensión de la AFP, de las AFP, o sea tampoco tenemos garantías de que eso ocurra”, argumentó.

Claudia Sanhueza, exintegrante de la comisión asesora de pensiones, criticó además la propuesta sobre bono a la mujer, ya que precisó la estigmatiza, “naturaliza la idea que son las únicas que están a cargo de labores de cuidado, lo que va en una dirección opuesta”.

Desde las organizaciones sociales, la vocera de la Coordinadora No Más AFP, Carolina Espinoza, manifestó que el anuncio del Gobierno demostró la incapacidad de la mandataria de quitar el negocio a los dueños de las administradoras de fondos de pensiones. Agregó que son “los grupos económicos los que  siguen siendo los principales ganadores, a costa del 75% de los jubilados que actualmente reciben pensiones de hambre.

“Este gobierno no ha tenido las poleras bien puestas para decidir hacer algo que es evidente y que no hay que ser economista para darse cuenta, es simple sentido común, las AFP han fracasado y cualquier medida va a ser mero maquillaje, una aspirina para un cáncer que no va a tener solución hasta que se termine con el negocio de las pensiones y se reestablezca, en el marco de la seguridad social, un derecho tan fundamental como es tener pensiones dignas”, detalló.

En tanto, el académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile (INAP), Antoine Maillet, el anuncio Presidencial sólo significa cumplir una promesa realizada hace un año por la mandataria. El experto en políticas públicas, puso en duda la viabilidad de la iniciativa, tomando en cuenta que una de las propuestas que crea el administrador estatal del nuevo ahorro colectivo, es una reforma constitucional que necesita quorum calificado, es decir, tres quintos de aprobación en ambas cámaras: “Es una rectificación constitucional que necesita de mucho más quorum del normal, una anuencia imposible de conseguir sólo con los votos del oficialismo. Es una propuesta para cumplir, había una declaración de la presidenta de hace un año que tenía que materializarse, pero los proyectos de ley son relativamente declarativos. Queda por ver si se pueden tramitar en un próximo mandato con un Congreso nuevo”, subrayó.

El próximo lunes ingresará al Congreso la reforma al sistema de pensiones, siendo el miércoles 16 de agosto el día donde comenzará la discusión. El documento que creará el Consejo de Ahorro Colectivo ingresará por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, mientras que los otros dos lo harán por la Comisión de Trabajo, para después pasar a la de Hacienda, que discutirá su financiamiento.