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Derechos Humanos

Acceso a la justicia: una deuda con los inmigrantes

Karina Palma |Sábado 12 de agosto 2017 12:50 hrs.

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Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las personas que menos acceden a la justicia son los migrantes. Eduardo Cardozo, vocero de vocero del Movimiento de Acción Migrante (MAM), afirmó que en Chile este derecho está privado.

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Según datos de la ONU, hoy existen más de 244 millones de personas que viven fuera de su país en el mundo. Mientras que desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que los trabajadores migrantes de América Latina han pasado de los 3,2 millones a los 4,3 en los últimos cinco años.

Chile también ha presentado un aumento significativo de migrantes durante los últimos años, donde las autoridades calculan, al menos, 600 mil extranjeros que residen en este país.

En ese contexto, uno de los temas que preocupa a los especialistas es el acceso a la justicia que existe para estas personas, ya que aquello supone el cumplimento de sus derechos.

Eduardo Cardozo, vocero del Movimiento de Acción Migrante (MAM), señalo que con respecto a la legislación vigente que data de 1975, el acceso a la justicia está privado en varios aspectos. “Es complejo por un tema de información y de abogados. Si estás regular tienes las mismas dificultades que la población chilena, pero si estás en situación de irregularidad prácticamente no tienes a nada y gran parte de esa condición es sistémica, por tanto no necesariamente es querida o deseada por el migrante”.

Para el vocero, el panorama cambiaría si la Defensoría Penal Pública pudiese interponer acciones legales en organismos internacionales como la CIDH, ya que desde las organizaciones no existe la capacidad profesional ni monetaria para llevar a cabo ese tipo de juicios.

Macarena Rodríguez, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado, explicó que la mayoría de las consultas y asesorías que trabajan son para regularizar la situación migratoria de una persona y asuntos de familia, considerando que no revisan temas penales.

De acuerdo a la abogada, es necesario que exista una asesoría jurídica especializada, porque se trata de un grupo que requiere protección y que se encuentra en una situación más vulnerable que los nacionales, ya que existen barreras culturales e idiomáticas que dificultan el acceso a la justicia para estas personas. Esto tiene consecuencias importantes, porque básicamente puedes lograr el reconocimiento o no de un derecho. Nosotros estamos dentro del flujo migratorio actual y hay un desconocimiento importante que puede producir una vulneración de derechos”.

Macarena Rodríguez indicó que otra barrera es el temor que genera la irregularidad. De acuerdo a la jurista, esto afecta de forma recurrente cuando los migrantes quieren reclamar derechos laborales, ya que en muchos casos temen ser expulsados del país.

Pablo Aranda, jefe de la Unidad de Defensa Especializada de la Defensoría Penal Pública, comentó que Chile sigue al debe en materia de acceso a la justicia penal, principalmente porque los documentos no estaban traducidos y los procesos no consideraban las diferencias culturales.

El abogado explicó que es más común que los migrantes sean víctimas de delitos que imputados por estos. En ese sentido, advirtió que existe una percepción errada que refuerza una estigmatización que no tiene relación con las cifras que ellos manejan.

“Según el Departamento de Extranjería y Migración aproximadamente un 2,7 por ciento de la población de Chile es migrante, pero cuando vas al sistema penal eso baja dramáticamente. A priori podríamos decir que los extranjeros delinquen menos que los chilenos, al menos proporcionalmente. Sin embargo, hay una idea contraria que tiene que ver con la opinión pública y los medios de comunicación”, sostuvo.

Además, Aranda señaló que para los migrantes el proceso penal es una especie de castigo porque los deja privados de libertad y posteriormente con una expulsión. “El mismo hecho para un extranjero y para un chileno puede hacer que cumplan la misma pena, con la diferencia que el extranjero se tiene que ir del país”.

A pesar que el acceso a la justicia en el caso de los migrantes es un derecho que está garantizado internacionalmente, en la práctica no se concreta al cien por ciento. Según los abogados, esto ocurre porque la legislación actual se limita al ingreso, la permanencia y la salida de un extranjero, sin abarcar la complejidad del fenómeno migratorio.

Una legislación obsoleta

Gran parte de los problemas que hoy enfrenta la población migrante en Chile se debe a la inexistencia de una normativa que se ajuste al contexto actual, proyecto que fue prometido por el Gobierno de Michelle Bachelet pero que todavía no se concreta.

La discusión sobre este tema se reabrió con la renuncia del ex jefe de Extranjería, Rodrigo Sandoval, quien renunció a su cargo, manifestando que en materia migratoria “se están implementando decisiones erróneas que pueden tener costos graves”.

Eduardo Cardozo señaló que hoy la voluntad no es realizar cambios importantes en esta materia. “Una ley de migración es cosa seria y no es para tratarla con liviandad dentro de una lucha política por un gobierno”.

En tanto, Macarena Rodríguez afirma que se trata de un tema complejo y aún persiste la idea de que la migración se debe controlar, lo que, a su juicio, evita una mirada que establezca claramente los derechos que tendrá este grupo o el reconocimiento de la condición de vulnerabilidad en esta población.

Mientras que Pablo Aranda señaló que la ley de 1975, promulgada en dictadura, está obsoleta porque tienen mucho de la doctrina de seguridad nacional. “No habla de delitos puntual, entonces se presta para arbitrariedades y abusos”.

“Somos un país que no está acostumbrado a la diversidad, por eso sentimos que nos están invadiendo, cuando la realidad es que tenemos un porcentaje cinco veces menos que los países de la OCDE”, concluyó.