El 22 de agosto de 2016 Macarena Valdés fue hallada muerta en su casa ubicada en la comunidad mapuche Newen de Tranguil en la comuna de Panguipulli. Hecho que fue catalogado como un suicidio por Carabineros, el Servicio Médico Legal y la Fiscalía local.

Sin embargo, su familia no creyó esta tesis y advirtió que se trataba de un asesinato generado en el marco de una lucha que estaba llevando a cabo la comunidad contra el proyecto hidroeléctrico de la compañía austríaca RP Global y la empresa chilena de distribución eléctrica Saesa.

Ruben Collío, pareja de la activista, comentó que la Central no contaba con los permisos requeridos, por lo que hicieron una denuncia en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), la Conaf y la Dirección General de Aguas, y posteriormente, el primero de agosto, realizaron una manifestación en la que cortaron el camino internacional por casi 24 horas.

Collío indicó que después de aquello comenzaron las amenazas.”El día 21 fueron a decirle a los dueños del lugar donde vivimos que si no nos sacaban de ahí nos iba a pasar algo muy malo, porque había gente que nos quería hacer mucho daño.  Al otro día Macarena pareció colgada de una viga dentro de nuestra casa, sin ninguna explicación”.

Desde su perspectiva, la muerte de Macarena fue un mensaje que buscaba amedrentar a la comunidad para que no continuara su lucha contra RP Global. “Tenemos la claridad de que ‘la negra’ no se quitó la vida. Cuando nosotros hicimos el trawün (encuentro/reunión) el mismo radio patrulla andaba por las comunidades hablando con los dirigentes y diciéndoles a las personas ‘no se metan con la gente de Tranguil, no ve lo que le pasó a la señora de Collío. Tengan cuidado que les puede pasar lo mismo’. Creo que el gran objetivo era desorganiar y desarticular”.

Fiscalía accede a reabrir el caso y solicitar exhumación del cuerpo

Este lunes, luego de una reunión con el Fiscal Regional de Los Ríos, Ruben Collío informó que el Ministerio Público accedió a reabrir el caso y solicitar la exhumación del cuerpo de la joven de 32 años para investigar la participación de terceros.

Esto, luego que la familia realizara un meta peritaje que analizó la primera autopsia y dio cuenta de una serie de irregularidades que se cometieron. Lucía Sepúlveda, miembro de la Coordinadora Justicia para Macarena, manifestó que el informe entregado a la Fiscalía es claro en cuestionar la hipótesis del suicidio. “Con los datos que hay, analizando la forma en la que se encontraba el cuerpo no es posible descartar la intervención de terceros”.

Lucía Sepúlveda, quien también es representante de RAP Chile (Red de Acciones en Plaguicidas), dijo que este caso se enmarca en un contexto de violencia hacia las mujeres en América Latina, donde han ido aumentando los casos se muertes y asesinatos en activistas defensoras de la tierra y el agua.

Puedes revisar: Aumentan asesinatos de activistas medioambientales en el mundo.

La necesidad de un nuevo peritaje 

El informe de 20 páginas establece la posibilidad de que Macarena haya sido colgada después de perder la vida. Luis Ravanal, médico forense autor de la investigación, señaló que el único elemento que se asocia con la causa de muerte es el ahorcamiento, lo que no se logra comprobar con la autopsia emitida por el Servicio Médico Legal.

“En este caso no hay ninguna lesión vital descrita en el informe de autopsia que permita demostrar que se trata de un ahorcamiento en vida. No existen signos de hemorragia ni en la piel, ni en los tejidos profundos, ni en los músculos del cuello, que es lo que uno suele ver cuando alguien se ahorca estando vivo. Esa falencia, esa omisión en la descripción es lo que no nos permite acreditar que estaba viva cuando se ahorcó”, explicó.

Ravanal argumentó que en la autopsia “se incumple con el protocolo y el debido proceso para establecer el diagnostico de una asfixia por ahorcamiento. Ese es el mayor cuestionamiento que se le hace a este caso y es un error que se ha repetido en el Servicio Médico Legal”

De acuerdo al experto, quien también trabajó en la investigación de la muerte de Salvador Allende y José Tohá, es necesaria la exhumación del cuerpo para saber la causa de muerte. Sin embargo, como ya ha pasado un año, la información que se pueda obtener en el nuevo peritaje dependerá de la conservación del cadáver.

“Tenemos mucho en contra, principalmente el tiempo. Sin embargo, cada caso es distinto y no hay certezas hasta que no podamos examinar el cuerpo. Sin duda que la demora para que se autorice la exhumación es lo que más ha perjudicado la investigación, particularmente porque la autopsia que se hizo está incompleta”, sostuvo.

A un año de la muerte de la activista, su familia espera que se comience a investigar quiénes son los responsables de su muerte para que se haga justicia. Durante este martes se realizaron actividades en conmemoración de su muerte en las ciudades de Temuco, Valdivia, Villarrica y Santiago.