La iniciativa crea una nueva institucionalidad para los colegios públicos. Se trata de 71 nuevos Servicios Locales de Educación que comenzarán a operar de forma progresiva. Los dos primero se ejecutarán entre enero y marzo del próximo año y tendrán lugar en la Región de Coquimbo y en la Metropolitana, específicamente en el sector de Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado. Además, la reforma establece un máximo de 35 alumnos por sala.
El senador demócrata cristiano y miembro de la Comisión de Hacienda, Jorge Pizarro, dijo que el proyecto cuenta con un fondo especial que solventará la inversión en infraestructura y fortalecerá los proyectos educativos, que aumentó de 75 mil millones a 130 mil millones de pesos.
“Lo que busca este proyecto es fortalecer la educación pública que está dirigida a los sectores más vulnerables y rurales, que es donde el Estado tiene obligación de entregar educación de calidad”, sostuvo.
El senador comentó que el fondo dispuesto es extra a los financiamientos normales y programas de subvenciones, sueldos y gastos de operación en los que hoy incurren los municipios y agregó que “hay una transición pactada de alrededor de ocho años y eso es lo que puede permitir tener un sistema de educación pública de calidad”.
Manifestaciones contra el proyecto
Durante la jornada, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) junto con dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), marcharon desde Plaza Italia hasta los Héroes. Los estudiantes advirtieron que la actual reforma no garantiza la desmunicipalización de todos los establecimientos públicos.
Francisca Flores, vocera de la Cones, enfatizó en que siempre han estado a favor de la desmunicipalización, por lo que en un comienzo apoyaron la reforma. Sin embargo, explicó que no están de acuerdo con un proyecto que se pacte con la derecha y no fortalezca la educación pública. “Nosotros no queremos un pacto que deje más débil esta reforma”.
Las indicaciones que critican los estudiantes refieren a que la reforma flexibiliza los plazos para que los establecimientos públicos sean trasladados a los nuevos Servicios Locales de Educación (SLE).
Además, advierten que, luego de un acuerdo entre el Ejecutivo y Chile Vamos, los municipios que cumplan con ciertos requisitos de calidad, podrán retrasar el traspaso de sus escuelas a los servicios locales, lo que podría generar un sistema mixto: uno municipal y otro estatal.
En ese sentido, Dafne Concha, vocera de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (Corpade), manifestó que lo que ellos esperan es que se establezcan plazos fijos para el traslado de los colegios y que se modifique la propuesta de financiamiento actual.
“Está bien evaluar, pero los plazos deberían ser fijos. La municipalización de la enseñanza ha significado la crisis de la educación, segregación y desigualdad. Nosotros luchamos por el derecho a la educación para todos y eso implica que las escuelas dependan del Estado”, afirmó.
Durante la jornada, los centros de alumnos de los colegios de la Región Metropolitana realizaron otra marcha en Santiago que partió en Los Héroes y se encontró con la manifestación de la Cones a la altura de Santa Lucía, donde se generaron incidentes con Carabineros.
Por su parte, la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), Sara Robles, comentó que no quisieron sumarse a la manifestación de la Cones porque tienen diferencias profundas respecto de la reforma. Desde su perspectiva, el proyecto no debería ser modificado, sino retirado del Parlamento.
Por su parte, el Colegio de Profesores llegó a Valparaíso luego de una caminata de tres días que comenzó en Santiago el pasado Martes. Mario Aguilar, presidente del gremio, enfatizó en que la reforma no se hace cargo de las deudas que las municipalidades mantienen con los docentes y criticó que no permite el desarrollo de una educación integral para los estudiantes.
La iniciativa crea una nueva institucionalidad para los colegios públicos. Se trata de 71 nuevos Servicios Locales de Educación que comenzarán a operar de forma progresiva. Los dos primero se ejecutarán entre enero y marzo del próximo año y tendrán lugar en la Región de Coquimbo y en la Metropolitana, específicamente en el sector de Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado. Además, la reforma establece un máximo de 35 alumnos por sala.
El senador demócrata cristiano y miembro de la Comisión de Hacienda, Jorge Pizarro, dijo que el proyecto cuenta con un fondo especial que solventará la inversión en infraestructura y fortalecerá los proyectos educativos, que aumentó de 75 mil millones a 130 mil millones de pesos.
“Lo que busca este proyecto es fortalecer la educación pública que está dirigida a los sectores más vulnerables y rurales, que es donde el Estado tiene obligación de entregar educación de calidad”, sostuvo.
El senador comentó que el fondo dispuesto es extra a los financiamientos normales y programas de subvenciones, sueldos y gastos de operación en los que hoy incurren los municipios y agregó que “hay una transición pactada de alrededor de ocho años y eso es lo que puede permitir tener un sistema de educación pública de calidad”.
Manifestaciones contra el proyecto
Durante la jornada, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) junto con dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), marcharon desde Plaza Italia hasta los Héroes. Los estudiantes advirtieron que la actual reforma no garantiza la desmunicipalización de todos los establecimientos públicos.
Francisca Flores, vocera de la Cones, enfatizó en que siempre han estado a favor de la desmunicipalización, por lo que en un comienzo apoyaron la reforma. Sin embargo, explicó que no están de acuerdo con un proyecto que se pacte con la derecha y no fortalezca la educación pública. “Nosotros no queremos un pacto que deje más débil esta reforma”.
Las indicaciones que critican los estudiantes refieren a que la reforma flexibiliza los plazos para que los establecimientos públicos sean trasladados a los nuevos Servicios Locales de Educación (SLE).
Además, advierten que, luego de un acuerdo entre el Ejecutivo y Chile Vamos, los municipios que cumplan con ciertos requisitos de calidad, podrán retrasar el traspaso de sus escuelas a los servicios locales, lo que podría generar un sistema mixto: uno municipal y otro estatal.
En ese sentido, Dafne Concha, vocera de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (Corpade), manifestó que lo que ellos esperan es que se establezcan plazos fijos para el traslado de los colegios y que se modifique la propuesta de financiamiento actual.
“Está bien evaluar, pero los plazos deberían ser fijos. La municipalización de la enseñanza ha significado la crisis de la educación, segregación y desigualdad. Nosotros luchamos por el derecho a la educación para todos y eso implica que las escuelas dependan del Estado”, afirmó.
Durante la jornada, los centros de alumnos de los colegios de la Región Metropolitana realizaron otra marcha en Santiago que partió en Los Héroes y se encontró con la manifestación de la Cones a la altura de Santa Lucía, donde se generaron incidentes con Carabineros.
Por su parte, la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), Sara Robles, comentó que no quisieron sumarse a la manifestación de la Cones porque tienen diferencias profundas respecto de la reforma. Desde su perspectiva, el proyecto no debería ser modificado, sino retirado del Parlamento.
Por su parte, el Colegio de Profesores llegó a Valparaíso luego de una caminata de tres días que comenzó en Santiago el pasado Martes. Mario Aguilar, presidente del gremio, enfatizó en que la reforma no se hace cargo de las deudas que las municipalidades mantienen con los docentes y criticó que no permite el desarrollo de una educación integral para los estudiantes.
La iniciativa crea una nueva institucionalidad para los colegios públicos. Se trata de 71 nuevos Servicios Locales de Educación que comenzarán a operar de forma progresiva. Los dos primero se ejecutarán entre enero y marzo del próximo año y tendrán lugar en la Región de Coquimbo y en la Metropolitana, específicamente en el sector de Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado. Además, la reforma establece un máximo de 35 alumnos por sala.
El senador demócrata cristiano y miembro de la Comisión de Hacienda, Jorge Pizarro, dijo que el proyecto cuenta con un fondo especial que solventará la inversión en infraestructura y fortalecerá los proyectos educativos, que aumentó de 75 mil millones a 130 mil millones de pesos.
“Lo que busca este proyecto es fortalecer la educación pública que está dirigida a los sectores más vulnerables y rurales, que es donde el Estado tiene obligación de entregar educación de calidad”, sostuvo.
El senador comentó que el fondo dispuesto es extra a los financiamientos normales y programas de subvenciones, sueldos y gastos de operación en los que hoy incurren los municipios y agregó que “hay una transición pactada de alrededor de ocho años y eso es lo que puede permitir tener un sistema de educación pública de calidad”.
Manifestaciones contra el proyecto
Durante la jornada, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) junto con dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), marcharon desde Plaza Italia hasta los Héroes. Los estudiantes advirtieron que la actual reforma no garantiza la desmunicipalización de todos los establecimientos públicos.
Francisca Flores, vocera de la Cones, enfatizó en que siempre han estado a favor de la desmunicipalización, por lo que en un comienzo apoyaron la reforma. Sin embargo, explicó que no están de acuerdo con un proyecto que se pacte con la derecha y no fortalezca la educación pública. “Nosotros no queremos un pacto que deje más débil esta reforma”.
Las indicaciones que critican los estudiantes refieren a que la reforma flexibiliza los plazos para que los establecimientos públicos sean trasladados a los nuevos Servicios Locales de Educación (SLE).
Además, advierten que, luego de un acuerdo entre el Ejecutivo y Chile Vamos, los municipios que cumplan con ciertos requisitos de calidad, podrán retrasar el traspaso de sus escuelas a los servicios locales, lo que podría generar un sistema mixto: uno municipal y otro estatal.
En ese sentido, Dafne Concha, vocera de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (Corpade), manifestó que lo que ellos esperan es que se establezcan plazos fijos para el traslado de los colegios y que se modifique la propuesta de financiamiento actual.
“Está bien evaluar, pero los plazos deberían ser fijos. La municipalización de la enseñanza ha significado la crisis de la educación, segregación y desigualdad. Nosotros luchamos por el derecho a la educación para todos y eso implica que las escuelas dependan del Estado”, afirmó.
Durante la jornada, los centros de alumnos de los colegios de la Región Metropolitana realizaron otra marcha en Santiago que partió en Los Héroes y se encontró con la manifestación de la Cones a la altura de Santa Lucía, donde se generaron incidentes con Carabineros.
Por su parte, la vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), Sara Robles, comentó que no quisieron sumarse a la manifestación de la Cones porque tienen diferencias profundas respecto de la reforma. Desde su perspectiva, el proyecto no debería ser modificado, sino retirado del Parlamento.
Por su parte, el Colegio de Profesores llegó a Valparaíso luego de una caminata de tres días que comenzó en Santiago el pasado Martes. Mario Aguilar, presidente del gremio, enfatizó en que la reforma no se hace cargo de las deudas que las municipalidades mantienen con los docentes y criticó que no permite el desarrollo de una educación integral para los estudiantes.
