El gobierno de Myanmar ejecuta una política de exterminio de la población musulmana Rohingya, al considerarlos seres humanos de segunda categoría.

Hombres y mujeres sin ciudadanía, signados como extranjeros en una tierra que habitan hace siglos. Reprimidos y masacrados, y que forman parte de las minorías étnicas de este país conformado también por Shans, Kachin, Chin, Karen entre otros 135 distintos grupos étnicos. En el caso específico de los Rohingyas este grupo humano constituye un pueblo de aproximadamente un millón de personas, en un global poblacional de Myanmar de 51 millones de habitantes, de los cuales el 32% son minorías étnicas y un 68% de la mayoría étnica Bamar de creencia budista y de cuyo seno han salido los dirigentes políticos desde la independencia de Gran Bretaña lograda en 1948.

¿Una Premio Nobel de la Paz?

Gobiernos, que tras la independencia, han sido dirigidos, principalmente, por Juntas Militares que rigen  sin contrapeso en el devenir de este país del sudeste asiático y que sólo desde marzo de 2016 es presidido por el primer civil desde 1962, en la figura del político, escritor y académico Htin Kyaw. Mandatario dotado de escaso poder, ya sea por el enorme influjo militar en las sombras, como también por el papel cumplido por una de sus principales consejeras políticas: la ex Premio Nobel de la Paz (1991) Aung San Suu Kyi devenida hoy en la figura política más importante del país.

Esta política birmana y su partido – la Liga Nacional Para la Democracia – triunfaron en las elecciones presidenciales de noviembre de 2015 pero, la constitución del país –  redactada por los militares  – impide ocupar la primera magistratura a quien tenga hijos con pasaportes extranjeros, que es el caso de Aung San Suu Kyi, quien estuvo casada con un no birmano y con hijos que poseen nacionalidad  británica. Por tal motivo y ante la imposibilidad de obtener la primera magistratura, asumió los Ministerios de Relaciones Exteriores, Energía, Educación y la Oficina de la Presidencia, dotándose de una influencia política de enorme transversalidad. Un poder que no ha utilizado en beneficio de la población Rohingya, la que ha sido perseguida y violada en sus derechos fundamentales. San Suu Kyi se ha sumado al coro y conducta de persecución de este grupo humano lo que le ha valido cuestionamientos por su actitud de cómplice en la muerte de este grupo.

Crítica que no se limita sólo a los gobiernos de países musulmanes, que han condenado duramente la matanza de los Rohingyas a manos del gobierno de Naipyidó, sino también de personajes como el Director Ejecutivo de la organización Human Rigth Wattch quien afirmó a medios estadounidenses, entre ellos The New York Times,  que el genocidio de la minoría musulmana Rohingya en Myanmar se está llevando a cabo “en medio del silencio cómplice de su líder de facto y ganadora del Premio Nobel de la Paz 1991, Aung Sann Suu Kyi. “¡Qué vergüenza Aung San Suu Kyi!. Te honramos y luchamos por tu libertad y, ¿ahora usas esa libertad para justificar la carnicería de tu propia gente? Cuando Suu Kyi recibió el Premio Nobel fue aplaudida porque en ese momento simbolizaba el valor frente a la tiranía, mientras que ahora ella está en el poder, simboliza la complicidad con cobardía en la tiranía mortal que se ve contra los Rohingyas”.

A estas palabras se unen las acciones prácticas realizadas por la sociedad civil como ha sido el caso de la plataforma Change.org que desde enero de este 2017 realiza una campaña destinada a que se le retire el Premio Nobel de la Paz, acción que cuenta ya con un millón de firmas. O también opiniones como la de Malama Yousafzai, también ganadora del Premio Nobel de la Paz, quien le solicitó a la Ministra de Myanmar que condene “el trato vergonzoso que se le está dando a la minoría Rohingya en su país”

Genocidio contra el Pueblo Rohingya

Lo Rohingyas son considerados personas de segunda clase en un país con fuertes tensiones étnicas, donde el respeto a los derechos humanos es una de las materias de cumplimiento más débiles. Los Rohingyas son víctimas de una política de represión donde el Estado, mayoritariamente de creencia Budista, les niega derechos básicos como casarse o viajar, y donde la adquisición de tierras u otros derechos elementales son negados sistemáticamente. Son una minoría considerada como “inmigrantes ilegales bangladeshíes” y sobre la cual se toman decisiones enmarcadas en acusaciones de terrorismo, en función de actividades de autodefensa.

Agrupados en el denominado Ejército de Salvación de los Rohingya de Arakan, el movimiento fundamenta su acción en la necesidad de poner fin a décadas de represión y matanzas, las que han sido incrementadas desde 2012. En la actualidad hay más de 250 mil Rohingyas desplazados, musulmanes que huyen de las operaciones militares del gobierno de Myanmar en al Estado de Rakhine en el oeste del país, para refugiarse en la vecina Bangladesh cruzando el Rio Naf.

Las operaciones antiinsurgentes se incrementaron a partir del 25 de agosto pasado y han significado la muerte de al menos mil Rohingyas, incluyendo mujeres y niños, que conducen a la acusación de “atrocidades en masa e incluso genocidio”.

La Organización de las Naciones Unidas aseguró a medios extranjeros, entre ellos la BBC de Londres que los Rohingyas “están siendo “castigados” de forma colectiva por las acciones del Ejército de Salvación de los Rohingyas de Arakan, con el objetivo último de llevar a cabo una limpieza étnica”. La movilización internacional contra estas matanzas ha ido de la mano de las acciones de condena de las  naciones musulmanas, que han llamado al gobierno de Myanmar a cesar estas atrocidades, pero que requieren avanzar en medidas más fuertes, acciones colectivas que presionen a Myanmar llamando incluso a establecer sanciones internacionales. En su oportunidad el Primer Ministro de la vecina Malasia, Najib Razak  afirmó que “lo que acontece en Myanmar con los Rohingyas ya no se trata de un asunto interno. El mundo no puede quedarse sentado mirando cómo si el genocidio tiene lugar. No puede simplemente decir mira, no es nuestro problema. Es tu problema'”.

La República Islámica de Irán y Turquía han unido sus esfuerzos diplomáticos en función de la condena a la masacre del pueblo Ronhingya. El pasado sábado 9 de septiembre, el mandatario iraní, Seyyed Hasan Rohani y el premier Turco, Recep Tayyip Erdogan  llamaron a presionar al gobierno de Myanmar para que deponga de sus acciones represivas contra la minoría étnica. Los mandatarios afirmaron que la consulta y cooperación de Ankara y Teherán sobre los crímenes contra la  minoría musulmana Rohingya sería muy importante e influyente.

Además de enviar ayuda humanitaria a los musulmanes de Myanmar, los gobiernos de Irán, Turquía y otros países islámicos tienen que crear una presión internacional sobre el Gobierno para detener la violencia contra los musulmanes” planteó Rohani. Otra de las ideas es que en la Cumbre de la Organización Para la Cooperación Islámica (OCI), donde se reunirán 57 países musulmanes para tratar la crisis con el pueblo Rohingya, puedan lograr una declaración efectiva y que ello implique tomar determinaciones y no sólo declaraciones de buena crianza.

Algunas de las dificultades para emanar esta posición más dura contra Myanmar son los intereses políticos y económicos que tienen los países vecinos de la nación. Por ejemplo, sobre los recursos naturales y la industria petrolera del país asiático. En esta actitud de no ver, callar y menos actuar en defensa de los derechos humanos se incluye países como India, que está en un proceso de intercambio económico con Myanmar justamente en el Estado de Rakhine donde habita gran parte del pueblo Rohingya.

Nueva Delhi ha comenzado a construir un puente y desarrollar proyectos de vías fluviales en el estado de Rakhine donde cualquier situación de inestabilidad implica, según las autoridades de ambos países, inseguridad para las inversiones bilaterales. Por ello, el gobierno presidido por el Primer Ministro Narendra Modi ha autorizado que el Ejército indio entrene a las fuerzas especiales del ejército de Myanmar bajo el marco de “apoyar la lucha contra el terrorismo en Myanmar” anunciando, además, que deportará a su población completa de Rohinhgyas, que se calcula en cincuenta mil personas.

Desde Irán se ha alertado sobre los alcances de las decisiones llevadas a cabo contra la población Rohingya. “La masacre de los Rohingyas en Myanmar tiene todas señales de un complot organizado antimusulmán”, alertó el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI): “Las acciones de los budistas extremistas y del Ejército de Myanmar contra los musulmanes Rohingyas evidencian una trama antiislámica, que si no se detiene de inmediato, dará lugar a otro genocidio importante en la historia de la humanidad” señaló el CGRI en un comunicado emitido el jueves 7 de septiembre pasado.

Irán ha sido uno de los pocos países del mundo que ha condenado con todas su letras la matanza de los Rohingya. Su gobierno denunció “la limpieza étnica e ideológica contra la minoría musulmana Rohingya que comete el Gobierno y el Ejército de Myanmar”. Su presidente, Hasan Rohani, previo al viaje a la Cumbre de la OCI, que se celebrará en Kazajistán, condenó la masacre: “Hoy en día sigue en curso una gran catástrofe humana y una limpieza étnica e ideológica en Myanmar. Cientos de miles de musulmanes se han visto obligados a desplazarse. Condenamos, igualmente, el silencio que guardan las organizaciones internacionales ante los crímenes perpetrados por el Gobierno y el Ejército de Myanmar. Hay que ejercer más presión para frenar la violencia contra los Rohingyas”.

A otro de los países que se le pide más claridad en su condena es a China, principal socio económico de Myanmar, este aliado inmediato posee, incluso, una Base Militar en la isla de Cocoo y ha entregado millonarios préstamos al país de mayoría budista. A ellos se suma Bangladés, como destino de miles de refugiados. Ambos países pueden contribuir a encontrar una salida a la crisis que azota a esta minoría musulmana.

La petición que se une al llamado efectuado por el canciller persa, Mohamad Yavad Zarif, quien pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que “actúe de inmediato” ante la “grave” situación de los Rohingyas. A las palabras de sus autoridades y sus condenas, se adiciona la solidaridad de miles de iraníes, que han salido a las calles de las ciudades de esta nación, para protestar contra el gobierno de Myanmar y, al mismo tiempo, exigir el respeto a los derechos de la minoría musulmana perseguida y masacrada.

Pero, más allá de actos de las sociedades y declaraciones de los gobiernos, es necesario que organizaciones internacionales como es el caso de la Organización Para la Cooperación Islámica y la propia ONU entren en acción rápida y efectiva para dar curso a medidas que detengan los crímenes del gobierno de Myanmar contra la población Rohingya. Es claro que si esto no se cumple, las acciones del gobierno y ejército de Myanmar se pueden extender más allá de sus fronteras y generar una inestabilidad en todo el sudeste asiático.

Se deben dar pasos fundamentales y precisos: suspender las operaciones militares en el estado de Rakhine, permitir el retorno de los refugiados, reconocer los derechos del pueblo Rohingya y asumirlos como ciudadanos de pleno derecho en Myanmar defendiéndolos de ataques racistas, religiosos y/o políticos. El gobierno de Naipyidó debe garantizar, igualmente, el acceso de la población que está siendo vulnerada en sus derechos más elementales a recibir la ayuda humanitaria necesaria para su sobrevivencia. Si ello no es así, el Consejo de Seguridad de la ONU debe tomar decisiones claras, precisas y fuertes  en el asunto y aplicar las disposiciones establecidas en los Capítulos VI y VII de la Carta de las Naciones Unidas.

La decisión que debe tomar la comunidad internacional, debe tener en cuenta la creciente relación político y militar entre Myanmar y Estados Unidos, la que –incluso, podría llegar al suministro de armas. Prueba de ello es que ya se realiza entrenamiento a los ejércitos del país. Incluso, existe un proyecto de ley que está en marcha en el Congreso estadounidense, donde se menciona la necesidad de mejorar la cooperación militar entre Washington-Naipyidó.

Otro ejemplo del apoyo es la votación que se efectuará en la semana del 15 de septiembre, donde se revisará si se amplía la cooperación de la Secretaria de Defensa de Estados Unidos, dirigido por el General James Mattis. Pero, ¿qué le puede importar eso a un gobierno estadounidense, que suma a sus relaciones a regímenes genocidas como Israel y Arabia Saudí), por ejemplo.

Toda acción destinada a defender los derechos del pueblo Rohingya son pasos necesarios, vitales, una exigencia política, humanitaria y moral donde lo único inadmisible es el silencio cómplice ante la matanza de un pueblo o la cooperación para seguir masacrando a una población indefensa como es el pueblo musulmán que, desde siempre, habita en Myanmar.

*Artículo del autor escrito para Islamoriente.