Tal como lo había adelantado el Ministerio de Educación (Mineduc), el Ejecutivo introdujo cambios en la constitución del Consejo Superior y sus funciones, así como en las atribuciones del Consejo Universitario, ambos organismos que fueron criticados por las comunidades educativas, por atentar contra la autonomía universitaria.
De este modo, el Consejo Superior estará formado por nueve miembros, donde ahora cuatro serán nombrados por la universidad y no tres como antes. De estos, dos deben ser académicos y los otros dos un funcionario y un estudiante. Además del rector, tres miembros nombrados por el presidente de la República y una persona que tenga algún vínculo con la institución.
En tanto, el Consejo Universitario, instancia integrada por académicos, funcionarios y estudiantes tendrá funciones tanto consultivas como resolutivas, es decir, podrá elaborar las propuestas de modificación de los estatutos y el Plan de Desarrollo Institucional, que de igual forma deberán ser aprobados por el Consejo Superior. En el caso de los estatutos estos también tendrán que ser revisados y aprobados por el presidente de la República.
Betsy Saavedra, presidenta de la Federación de Funcionarios Profesionales y Técnicos de las Universidades Estatales (Fenaptuech), valoró los cambios introducidos, principalmente los que permiten que los trabajadores de las universidades del Estado continúen bajo el Estatuto Administrativo como empleados públicos. Sin embargo, enfatizó en que el proyecto no mantiene los actuales controles de la Contraloría, lo que les parece preocupante.
“Los problemas de gestión administrativa que tienen nuestras universidades no se deben a los excesivos controles de la Contraloría General de la República, sino que a la burocracia interna. A nosotros nos parece fundamental mantener los controles en temas que tienen que ver con los derechos laborales, como las contrataciones y desvinculaciones, y en lo relacionado al patrimonio de las universidades que es importante que se resguarde”, explicó.
Por su parte, Patricio Medina, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), señaló que los cambios ingresados por el Ejecutivo no mitigan la pérdida de la autonomía. Además criticó la falta de modificaciones en el mecanismo de financiamiento y comentó que el fondo de 150 mil millones de pesos que será dividido por diez años entre los 18 planteles del Estado, lo que a su juicio es insuficiente.
Para el también vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), es fundamental aumentar el financiamiento para ampliar la matrícula del sistema público, que actualmente solo representa un 15 por ciento del sistema de educación superior. Además, de generar fondos específicos para las universidades de regiones. “Hoy la educación pública en regiones está mucho más mermada que en Santiago y el proyecto no contempla incentivos para levantar dichas instituciones”.
Víctor Orellana, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile (CIAE) y Nodo XXI, dijo que es importante que exista una ley que reconstruya las relaciones entre el Estado y sus universidades, pero indicó que los cambios al proyecto no altera en lo sustantivo el sistema, por lo que los planteles seguirán funcionando bajo las leyes del mercado.
“La variable principal es la reconstrucción y expansión de la educación superior pública. Los jóvenes no quieren seguir en instituciones que responden al mercado, quieren ingresar a los planteles del Estado, por eso es muy importante la ampliación de matrícula a través de un plan coordinado y sistemático. Mientras esto no exista y no haya una democratización más profunda de las universidades, este proyecto mantendrá la situación de crisis del sistema estatal”, sostuvo.
Este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) emitió un informe sobre educación en el que se establece que Chile es uno de los países que posee los aranceles más altos en el sistema de educación superior público, solo superado por las universidades de Estados Unidos.
De acuerdo al estudio, el arancel medio de una carrera en una universidad pública en Chile es de 2,9 millones de pesos, cifra superior a la de la mayoría de los miembros de la organización, donde un tercio de los países ofrece matrículas gratuitas para estudiar licenciaturas.
Tal como lo había adelantado el Ministerio de Educación (Mineduc), el Ejecutivo introdujo cambios en la constitución del Consejo Superior y sus funciones, así como en las atribuciones del Consejo Universitario, ambos organismos que fueron criticados por las comunidades educativas, por atentar contra la autonomía universitaria.
De este modo, el Consejo Superior estará formado por nueve miembros, donde ahora cuatro serán nombrados por la universidad y no tres como antes. De estos, dos deben ser académicos y los otros dos un funcionario y un estudiante. Además del rector, tres miembros nombrados por el presidente de la República y una persona que tenga algún vínculo con la institución.
En tanto, el Consejo Universitario, instancia integrada por académicos, funcionarios y estudiantes tendrá funciones tanto consultivas como resolutivas, es decir, podrá elaborar las propuestas de modificación de los estatutos y el Plan de Desarrollo Institucional, que de igual forma deberán ser aprobados por el Consejo Superior. En el caso de los estatutos estos también tendrán que ser revisados y aprobados por el presidente de la República.
Betsy Saavedra, presidenta de la Federación de Funcionarios Profesionales y Técnicos de las Universidades Estatales (Fenaptuech), valoró los cambios introducidos, principalmente los que permiten que los trabajadores de las universidades del Estado continúen bajo el Estatuto Administrativo como empleados públicos. Sin embargo, enfatizó en que el proyecto no mantiene los actuales controles de la Contraloría, lo que les parece preocupante.
“Los problemas de gestión administrativa que tienen nuestras universidades no se deben a los excesivos controles de la Contraloría General de la República, sino que a la burocracia interna. A nosotros nos parece fundamental mantener los controles en temas que tienen que ver con los derechos laborales, como las contrataciones y desvinculaciones, y en lo relacionado al patrimonio de las universidades que es importante que se resguarde”, explicó.
Por su parte, Patricio Medina, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), señaló que los cambios ingresados por el Ejecutivo no mitigan la pérdida de la autonomía. Además criticó la falta de modificaciones en el mecanismo de financiamiento y comentó que el fondo de 150 mil millones de pesos que será dividido por diez años entre los 18 planteles del Estado, lo que a su juicio es insuficiente.
Para el también vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), es fundamental aumentar el financiamiento para ampliar la matrícula del sistema público, que actualmente solo representa un 15 por ciento del sistema de educación superior. Además, de generar fondos específicos para las universidades de regiones. “Hoy la educación pública en regiones está mucho más mermada que en Santiago y el proyecto no contempla incentivos para levantar dichas instituciones”.
Víctor Orellana, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile (CIAE) y Nodo XXI, dijo que es importante que exista una ley que reconstruya las relaciones entre el Estado y sus universidades, pero indicó que los cambios al proyecto no altera en lo sustantivo el sistema, por lo que los planteles seguirán funcionando bajo las leyes del mercado.
“La variable principal es la reconstrucción y expansión de la educación superior pública. Los jóvenes no quieren seguir en instituciones que responden al mercado, quieren ingresar a los planteles del Estado, por eso es muy importante la ampliación de matrícula a través de un plan coordinado y sistemático. Mientras esto no exista y no haya una democratización más profunda de las universidades, este proyecto mantendrá la situación de crisis del sistema estatal”, sostuvo.
Este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) emitió un informe sobre educación en el que se establece que Chile es uno de los países que posee los aranceles más altos en el sistema de educación superior público, solo superado por las universidades de Estados Unidos.
De acuerdo al estudio, el arancel medio de una carrera en una universidad pública en Chile es de 2,9 millones de pesos, cifra superior a la de la mayoría de los miembros de la organización, donde un tercio de los países ofrece matrículas gratuitas para estudiar licenciaturas.
Tal como lo había adelantado el Ministerio de Educación (Mineduc), el Ejecutivo introdujo cambios en la constitución del Consejo Superior y sus funciones, así como en las atribuciones del Consejo Universitario, ambos organismos que fueron criticados por las comunidades educativas, por atentar contra la autonomía universitaria.
De este modo, el Consejo Superior estará formado por nueve miembros, donde ahora cuatro serán nombrados por la universidad y no tres como antes. De estos, dos deben ser académicos y los otros dos un funcionario y un estudiante. Además del rector, tres miembros nombrados por el presidente de la República y una persona que tenga algún vínculo con la institución.
En tanto, el Consejo Universitario, instancia integrada por académicos, funcionarios y estudiantes tendrá funciones tanto consultivas como resolutivas, es decir, podrá elaborar las propuestas de modificación de los estatutos y el Plan de Desarrollo Institucional, que de igual forma deberán ser aprobados por el Consejo Superior. En el caso de los estatutos estos también tendrán que ser revisados y aprobados por el presidente de la República.
Betsy Saavedra, presidenta de la Federación de Funcionarios Profesionales y Técnicos de las Universidades Estatales (Fenaptuech), valoró los cambios introducidos, principalmente los que permiten que los trabajadores de las universidades del Estado continúen bajo el Estatuto Administrativo como empleados públicos. Sin embargo, enfatizó en que el proyecto no mantiene los actuales controles de la Contraloría, lo que les parece preocupante.
“Los problemas de gestión administrativa que tienen nuestras universidades no se deben a los excesivos controles de la Contraloría General de la República, sino que a la burocracia interna. A nosotros nos parece fundamental mantener los controles en temas que tienen que ver con los derechos laborales, como las contrataciones y desvinculaciones, y en lo relacionado al patrimonio de las universidades que es importante que se resguarde”, explicó.
Por su parte, Patricio Medina, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), señaló que los cambios ingresados por el Ejecutivo no mitigan la pérdida de la autonomía. Además criticó la falta de modificaciones en el mecanismo de financiamiento y comentó que el fondo de 150 mil millones de pesos que será dividido por diez años entre los 18 planteles del Estado, lo que a su juicio es insuficiente.
Para el también vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), es fundamental aumentar el financiamiento para ampliar la matrícula del sistema público, que actualmente solo representa un 15 por ciento del sistema de educación superior. Además, de generar fondos específicos para las universidades de regiones. “Hoy la educación pública en regiones está mucho más mermada que en Santiago y el proyecto no contempla incentivos para levantar dichas instituciones”.
Víctor Orellana, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile (CIAE) y Nodo XXI, dijo que es importante que exista una ley que reconstruya las relaciones entre el Estado y sus universidades, pero indicó que los cambios al proyecto no altera en lo sustantivo el sistema, por lo que los planteles seguirán funcionando bajo las leyes del mercado.
“La variable principal es la reconstrucción y expansión de la educación superior pública. Los jóvenes no quieren seguir en instituciones que responden al mercado, quieren ingresar a los planteles del Estado, por eso es muy importante la ampliación de matrícula a través de un plan coordinado y sistemático. Mientras esto no exista y no haya una democratización más profunda de las universidades, este proyecto mantendrá la situación de crisis del sistema estatal”, sostuvo.
Este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) emitió un informe sobre educación en el que se establece que Chile es uno de los países que posee los aranceles más altos en el sistema de educación superior público, solo superado por las universidades de Estados Unidos.
De acuerdo al estudio, el arancel medio de una carrera en una universidad pública en Chile es de 2,9 millones de pesos, cifra superior a la de la mayoría de los miembros de la organización, donde un tercio de los países ofrece matrículas gratuitas para estudiar licenciaturas.
