Que los seres humanos no somos iguales, es una realidad indesmentible. No hay igualdad física ni psicológica. Pero frente a las instituciones que hemos creado para poder vivir en sociedad, tenemos que ser iguales.  Valer lo mismo el uno que el otro.  Si no es así, tales instituciones no tienen sentido y la vida en sociedad se transforma en una parodia que genera violencia. Para evitar que ésta pueda transformarse en una rebelión con objetivos claros, quienes manejan el poder se valen del miedo. Hoy, la sociedad se encuentra sumida en el temor que cada día es acrecentado a través de los medios de comunicación.

En todo esto nada es nuevo. La diferencia está en que por estos días la transparencia pareciera escaparse de control.  Así, el ciudadano común puede ver sin tapujos la aberrante realidad. Porque es una aberración que los senadores pretendan no ser ciudadanos sujetos a las leyes de la República. Porque es una aberración que ex comandantes en jefe de las FF.AA. y ex directores generales de Carabineros, intenten convencernos que son chilenos de una calidad distinta -superior obviamente- que usted o yo. Porque es una aberración que ciertos ritos religiosos traten imponer su mirada hasta en cuestiones que tienen que ver más con la ciencia y el ser humano que con la teología y con Dios. Porque es una aberración que el poder -y a veces solo el dinero- lleve a muchos a pensar que el fin justifica los medios.

El Senado se encuentra en pugna con la Fiscalía Nacional. El diferendo es porque esta última intenta conocer si en aquel poder del Estado se han   vulnerado ciertos límites legales en relación con el contrato de asesorías externas. Como es dinero fiscal el que estaría en juego, lo obvio es que la ley se aplique para investigar si ha tenido un destino sujeto a las normas existentes. ¿Por qué el Senado se opone? Dejando de lado la discusión legal que siempre está adornada de una parafernalia que en nada ayuda a darle solidez a la democracia, el tema de fondo es el poder; la autonomía para actuar acomodando la ley a su amaño.

Es posible que el tema de los informes, si son originales o copiados, no sea lo más relevante.  Finalmente, los senadores necesitan ayuda para poder legislar sobre materias que no dominan. Y puede que también carezcan de tiempo para la búsqueda de información.  Por lo tanto, una copia sirve. El problema real es el tratar de contar con una autonomía que los pone por sobre el resto de los chilenos quienes, finalmente, debieran ser sus mandantes.

Esto de hacer ciudadanos de primera, segunda y hasta tercera categoría, no beneficia al sistema de convivencia democrática. Todas las instituciones estatales deben estar bajo el rígido control de entidades creadas para ese fin, como la Fiscalía, la Contraloría, las Superintendencias, etc. Todas velando por una relación sana entre los habitantes del país.  Dando garantías de que todos son tratados de igual manera. Es por eso que cuando aparece una inserción firmada por ex altos mandos de las FF. AA. y Carabineros defendiendo tratos especiales para los miembros de sus filas, se llega a la conclusión que estamos ante algo grave. Por lo menos que no han comprendido aún el verdadero sentido de la democracia. Cuando eso ocurre con quienes tienen las armas,  ya sabemos el peligro que entraña. Y como en el caso de los senadores, los privilegios de que gozan los militares, marinos, aviadores y carabineros -jubilaciones, sistemas judicial y penitenciario especiales-, son financiados por el dinero que aportan todos los chilenos.

En este caso, existe un agravante adicional. Entre los 16 firmantes de la carta -dos ex comandantes de Jefe del Ejército,  cinco ex comandantes en Jefe de la Armada, cinco ex comandantes en jefe de la Fuerza Aérea, y cuatro ex Directores Generales de Carabineros-, varios tienen cuentas pendientes con la Justicia. Entre ellos el ex comandante en Jefe del Ejército, José Miguel Fuente-Alba, investigado en el caso del fraude en la que era su institución, por lavado de activos ante el aumento injustificado de su patrimonio. Algo similar ocurre con el ex comandante Óscar Izurieta, señalado como uno de los militares que recibe doble pensión por parte de las Fuerzas Armadas y que fue citado a la Comisión Investigadora de la Cámara por jubilaciones vía Capredena. Un caso parecido es el del ex comandante de la Fuerza Aérea, Patricio Ríos, quien recibe una pensión de más 4 millones de pesos y otra por 700 mil pesos. Entre los firmantes también se encuentra el ex general director de Carabineros, Eduardo Gordon, imputado en el caso de fraude de Carabineros por lavado de activos, malversación de fondos y asociación ilícita.

En el caso de senadores y uniformados -que están lejos de ser los únicos en el país- queda reflejada una de las falencias más graves de la democracia: su incapacidad de demostrar que todos los ciudadanos son iguales. Con razón una parte significativa de la población desconfía de las instituciones.

Es posible que el poder siga sometiendo por el miedo a la ciudadanía y evite un cambio radical. Pero, con seguridad, en el futuro se continuarán ahondando las diferencias.

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