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Año IX, 18 de diciembre de 2017

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Ricardo Farrú

La sociedad olvidada

Ricardo Farrú | Viernes 15 de septiembre 2017 6:33 hrs.

Michel Bachelet, al final de su gobierno y en un gesto desesperado por tratar de remontar sus magras cifras de aprobación, decidió este 11 de septiembre pasado, a 44 años del golpe militar, mandar al Congreso la aprobación del término de los cincuenta años de oprobioso silencio que el ex presidente Lagos Escobar por si y ante si decidió darle al informe Valech I, la Comisión Nacional sobre Política y Tortura, en el año 2004 de manera tal, que nadie pudiera tener acceso al mismo.

Informe que narra, según algunos testimonios, detalladamente las torturas más extremas y violentas nacidas en las mentes de sociópatas pagados con platas de todos los chilenos y donde, supuestamente, aparecen los nombres tanto de las víctimas, como los de los violadores, torturadores y asesinos.

Con ese magnánimo gesto, Lagos Escobar le cerró la puerta a la justicia para perseguir a muchos culpables que aún siguen libres por las calles de nuestro país incluso como ex funcionarios de las FFAA, recibiendo sueldos o sólidas jubilaciones que a la mayoría de nuestros ciudadanos les son negadas por aquellas infames instituciones llamadas AFP.

Hoy sale Lagos Escobar a dar las inexplicables excusas sobre sus republicanas y poderosas razones para ocultar a los ojos de la ciudadanía, pero por sobre todo, a la balanza de la tuerta justicia chilena y su gran argumento es que una señora le pidió una entrevista y le dijo:

“Presidente, usted puede ver que todavía soy joven. Me torturaron reiteradamente cuando tenía 15 años. Sufrí todo tipo de vejámenes, incluyendo violaciones de todo tipo. Ocurre Presidente que yo espero estar viva todavía cuando tenga ochenta años y no quiero que mis nietos conozcan estas atrocidades que sufrió su abuela” EMOL 14/9/17

Lo curioso es que esta historia, al no poderse dar el nombre de la persona puede ser tanto verdadera, como asimismo una posverdad construida ex profeso para seguir manteniendo el statu quo heredado de la dictadura y que consiste, básicamente, en no molestar ni a los militares ni a los civiles que participaron y profitaron del régimen de Pinochet.

Pero, al mismo tiempo, surgen voces desde las agrupaciones de DDHH y de ex Presos Políticos, donde manifiestan abiertamente que ellos están de acuerdo en que el informe sea público y no, como lo está haciendo actualmente el gobierno en su proyecto de ley, que deja una apertura sólo para la justicia siempre y cuando algún juez se decidiera a pedir algo muy específico.

Vale decir, tanto Lagos como Bachelet, imbuidos de un sentido republicano pretenden seguir con la lógica de la dictadura que pregona que los chilenos somos imberbes, infantiles e idiotas por antonomasia y que ellos, los iluminados del Reyno, junto a la derecha fáctica tienen el objetivo supremo de cuidarnos y que deben evitar a toda costa que nosotros, ciudadanos de a pie conozcamos el verdadero horror de la dictadura, para que así caminemos por la vida sólo preocupados de endeudarnos y no de cosas pueriles como esa.

El falaz argumento de Lagos para imponer 50 años de silencio, así como la continuación de la mentira por parte de Bachelet se cae a pedazos cuando se piensa en una posibilidad muy simple: bastaba con que el informe se hiciera público y que las víctimas de torturas que no quisieran aparecer lo hicieran presente y se dejaba su nombre fuera.

Pero para ellos, en abierta connivencia con la derecha política les es más fácil disparar una bomba de humo y echar, una vez más, a la sociedad chilena al olvido y dejar que todas las víctimas y victimarios se mueran y que lo brutales hechos pasen a la historia como un fugaz recuerdo de algo que hasta tal vez ni siquiera haya existido.

La Nueva Mayoría y el gobierno siguen sin entender que una vez más le han dado la espalda a todos aquellos chilenos y chilenas que lo dieron todo por el retorno a la democracia y que, acciones como ésta, sólo agravian y alejan a la población de la política y de quienes se auto arrogaron la calidad de representantes populares.

El contubernio con el pinochetismo en lo político; con el neoliberalismo en lo económico; y con la corrupción en lo ético-moral, colocan a la Nueva Mayoría y sus partidos al margen de la Historia.

La derecha, en tanto, se aferra a sus mentiras y proclama que la búsqueda de la verdad es sólo por afanes revanchistas, desconociendo sin vergüenzas ni pudores los horrores del terrorismo de estado en Chile, del cual muchos de ellos fueron parte por acción o supuesta omisión.

Y es en ese punto de la connivencia entre la Nueva Mayoría, la derecha política y el gran capital, donde se unen los intereses de los actores de este atentado contra el conocimiento de la sociedad a nuestra propia historia, negándonos la posibilidad de conocer la realidad de los hechos que transformaron al país en lo político, lo económico, lo social y cultural. Y con ello dejando a Chile expuesto a que situaciones similares puedan volver a repetirse.

Mientras tanto, las víctimas siguen ahí, con sus cicatrices en el cuerpo y en el alma viendo como la justicia se les deniega por el uso de razones sin razón, mientras sus victimarios caminan como honorables ciudadanos por las calles de este primaveral país.