Este domingo se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de Temuco el control de detención de los 8 detenidos el día de ayer en el operativo denominado ante la prensa por Carabineros como “Operación Huracán”.
Cerca de las 10:40 horas, y bajo fuertes medidas de seguridad, se dio inicio a la audiencia, la que fue suspendida en el inicio por media hora para que la defensa pudiese tener los antecedentes de la investigación y, a petición de esta última, ubicar a un traductor de mapudungun.
De este modo, retomada la audiencia, se revisó la detención de Héctor Llaitul Carillanca, vocero de la CAM, Ernesto Llaitul Pezoa, hijo del primero, Jaime Huenchullán Cayul y su hermano Rodrigo Huenchullán Cayul (ambos pertenecientes a la comunidad autónoma de Temucuicui), Martín Curiche Curiqueo detenido en las afueras de la cárcel de Temuco y vocero de los 4 comuneros que están en huelga, Claudio Leiva Rivera, el machi Fidel Tranamil Nahuel del Lof Rofwe y David Cid Aedo.
La defensa de los comuneros quedó a cargo de la Defensoría Penal Pública y su unidad especializada; la defensoría penal mapuche. A cargo de esa labor están los abogados; Mario Quezada (Jefe del estudio regional), Humberto Serri Gajardo, Juan Pablo Alday y Patricia Cuevas (defensoría penal mapuche).
Desde la Defensoría, en conversación con Radio Universidad de Chile, señalaron que ayer, luego de varias horas, pudieron entrevistarse con todos los detenidos que, desde distintas regiones y lugares, fueron llevados hasta la Octava Comisaría de Temuco. Se constataron lesiones, en la mayoría, según se pudo ver, estaban en buena condición pero en algunos casos presentaban rasguños visibles y algunos golpes.
“No nos dieron mucha información respecto a las detenciones, lo que supimos fue por trascendidos de prensa y lo señalado a los medios por el Jefe de la Novena zona policial de carabineros, general Christian Franzani, en relación a la quema de camiones en San José de la Mariquina y atentados en Padre de Las Casas”, señala el abogado Humberto Serri a nuestro medio.
Retomada la audiencia, el Ministerio Público, representado por la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía, formalizó a los comuneros bajo la imputación de “asociación ilícita terrorista” por pertenecer a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) que, a juicio de la Fiscalía; “es una organización altamente jerarquizada con roles asignados con el objetivo de infundir terror”. Además, la fiscalía formalizó a dos de los imputados por el “delito de incendio” por la quema de 18 camiones pertenecientes a la empresa de Transportes Calafquén, ocurrido el pasado 19 de agosto. Se trata de los comuneros Martín Damián Curiche y Fidel Tranamil.
Los antecedentes presentados por la Fiscalía se basan en las carpetas entregadas por la Dirección de Inteligencia de carabineros y la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia, dependiente del Ministerio del Interior), las que contienen una serie de intercepciones telefónicas y copias de mensajes entre los imputados de las plataformas de mensajería Whatsapp y Telegram, las cuales -a juicio de los fiscales- se tratan de mensajes “en claves” donde los comuneros hablarían de “acciones” (atentados) y de dineros y armas con las que gestionarían las acciones de la organización.
El tribunal decretó prisión preventiva para todos los detenidos, y serían enviados a la cárcel de Valdivia o a la Cárcel el Manzano de Concepción, por motivos de “seguridad” argumentados por Gendarmería.
Este domingo se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de Temuco el control de detención de los 8 detenidos el día de ayer en el operativo denominado ante la prensa por Carabineros como “Operación Huracán”.
Cerca de las 10:40 horas, y bajo fuertes medidas de seguridad, se dio inicio a la audiencia, la que fue suspendida en el inicio por media hora para que la defensa pudiese tener los antecedentes de la investigación y, a petición de esta última, ubicar a un traductor de mapudungun.
De este modo, retomada la audiencia, se revisó la detención de Héctor Llaitul Carillanca, vocero de la CAM, Ernesto Llaitul Pezoa, hijo del primero, Jaime Huenchullán Cayul y su hermano Rodrigo Huenchullán Cayul (ambos pertenecientes a la comunidad autónoma de Temucuicui), Martín Curiche Curiqueo detenido en las afueras de la cárcel de Temuco y vocero de los 4 comuneros que están en huelga, Claudio Leiva Rivera, el machi Fidel Tranamil Nahuel del Lof Rofwe y David Cid Aedo.
La defensa de los comuneros quedó a cargo de la Defensoría Penal Pública y su unidad especializada; la defensoría penal mapuche. A cargo de esa labor están los abogados; Mario Quezada (Jefe del estudio regional), Humberto Serri Gajardo, Juan Pablo Alday y Patricia Cuevas (defensoría penal mapuche).
Desde la Defensoría, en conversación con Radio Universidad de Chile, señalaron que ayer, luego de varias horas, pudieron entrevistarse con todos los detenidos que, desde distintas regiones y lugares, fueron llevados hasta la Octava Comisaría de Temuco. Se constataron lesiones, en la mayoría, según se pudo ver, estaban en buena condición pero en algunos casos presentaban rasguños visibles y algunos golpes.
“No nos dieron mucha información respecto a las detenciones, lo que supimos fue por trascendidos de prensa y lo señalado a los medios por el Jefe de la Novena zona policial de carabineros, general Christian Franzani, en relación a la quema de camiones en San José de la Mariquina y atentados en Padre de Las Casas”, señala el abogado Humberto Serri a nuestro medio.
Retomada la audiencia, el Ministerio Público, representado por la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía, formalizó a los comuneros bajo la imputación de “asociación ilícita terrorista” por pertenecer a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) que, a juicio de la Fiscalía; “es una organización altamente jerarquizada con roles asignados con el objetivo de infundir terror”. Además, la fiscalía formalizó a dos de los imputados por el “delito de incendio” por la quema de 18 camiones pertenecientes a la empresa de Transportes Calafquén, ocurrido el pasado 19 de agosto. Se trata de los comuneros Martín Damián Curiche y Fidel Tranamil.
Los antecedentes presentados por la Fiscalía se basan en las carpetas entregadas por la Dirección de Inteligencia de carabineros y la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia, dependiente del Ministerio del Interior), las que contienen una serie de intercepciones telefónicas y copias de mensajes entre los imputados de las plataformas de mensajería Whatsapp y Telegram, las cuales -a juicio de los fiscales- se tratan de mensajes “en claves” donde los comuneros hablarían de “acciones” (atentados) y de dineros y armas con las que gestionarían las acciones de la organización.
El tribunal decretó prisión preventiva para todos los detenidos, y serían enviados a la cárcel de Valdivia o a la Cárcel el Manzano de Concepción, por motivos de “seguridad” argumentados por Gendarmería.
Este domingo se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de Temuco el control de detención de los 8 detenidos el día de ayer en el operativo denominado ante la prensa por Carabineros como “Operación Huracán”.
Cerca de las 10:40 horas, y bajo fuertes medidas de seguridad, se dio inicio a la audiencia, la que fue suspendida en el inicio por media hora para que la defensa pudiese tener los antecedentes de la investigación y, a petición de esta última, ubicar a un traductor de mapudungun.
De este modo, retomada la audiencia, se revisó la detención de Héctor Llaitul Carillanca, vocero de la CAM, Ernesto Llaitul Pezoa, hijo del primero, Jaime Huenchullán Cayul y su hermano Rodrigo Huenchullán Cayul (ambos pertenecientes a la comunidad autónoma de Temucuicui), Martín Curiche Curiqueo detenido en las afueras de la cárcel de Temuco y vocero de los 4 comuneros que están en huelga, Claudio Leiva Rivera, el machi Fidel Tranamil Nahuel del Lof Rofwe y David Cid Aedo.
La defensa de los comuneros quedó a cargo de la Defensoría Penal Pública y su unidad especializada; la defensoría penal mapuche. A cargo de esa labor están los abogados; Mario Quezada (Jefe del estudio regional), Humberto Serri Gajardo, Juan Pablo Alday y Patricia Cuevas (defensoría penal mapuche).
Desde la Defensoría, en conversación con Radio Universidad de Chile, señalaron que ayer, luego de varias horas, pudieron entrevistarse con todos los detenidos que, desde distintas regiones y lugares, fueron llevados hasta la Octava Comisaría de Temuco. Se constataron lesiones, en la mayoría, según se pudo ver, estaban en buena condición pero en algunos casos presentaban rasguños visibles y algunos golpes.
“No nos dieron mucha información respecto a las detenciones, lo que supimos fue por trascendidos de prensa y lo señalado a los medios por el Jefe de la Novena zona policial de carabineros, general Christian Franzani, en relación a la quema de camiones en San José de la Mariquina y atentados en Padre de Las Casas”, señala el abogado Humberto Serri a nuestro medio.
Retomada la audiencia, el Ministerio Público, representado por la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía, formalizó a los comuneros bajo la imputación de “asociación ilícita terrorista” por pertenecer a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) que, a juicio de la Fiscalía; “es una organización altamente jerarquizada con roles asignados con el objetivo de infundir terror”. Además, la fiscalía formalizó a dos de los imputados por el “delito de incendio” por la quema de 18 camiones pertenecientes a la empresa de Transportes Calafquén, ocurrido el pasado 19 de agosto. Se trata de los comuneros Martín Damián Curiche y Fidel Tranamil.
Los antecedentes presentados por la Fiscalía se basan en las carpetas entregadas por la Dirección de Inteligencia de carabineros y la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia, dependiente del Ministerio del Interior), las que contienen una serie de intercepciones telefónicas y copias de mensajes entre los imputados de las plataformas de mensajería Whatsapp y Telegram, las cuales -a juicio de los fiscales- se tratan de mensajes “en claves” donde los comuneros hablarían de “acciones” (atentados) y de dineros y armas con las que gestionarían las acciones de la organización.
El tribunal decretó prisión preventiva para todos los detenidos, y serían enviados a la cárcel de Valdivia o a la Cárcel el Manzano de Concepción, por motivos de “seguridad” argumentados por Gendarmería.
