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Año XII, 14 de agosto de 2020

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Reforma al Código de Aguas: El Gobierno accede a presiones del sector agrario

La Reforma al Código de Aguas se ha transformado en un gallito entre el Gobierno y el empresariado, ya que actualmente los derechos de agua no son solo un elemento vital para la utilización y consumo, sino que es uno de los negocios más fructíferos del país. En este escenario el Gobierno dijo que esperaría hasta después de las elecciones para continuar la discusión en esta materia, lo que ha indignado a las organizaciones que luchan por recuperar este recurso como un bien común y derecho humano.

Francisco Velásquez

  Martes 3 de octubre 2017 20:19 hrs. 





La Reforma al Código de Aguas ingresó al Congreso para trámite legislativo a fines de 2014, lo que parecía ser una de las leyes que serían emblema del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, se ha transformado en una constante negociación entre el poder político y económico, puesto que lo que se encuentra en juego en esta reforma es uno de los elementos vitales para los diferentes negocios extractivistas como la minería, forestales, hidroeléctricas y las grandes empresas agropecuarias.

El pasado lunes el ministro de Agricultura, Carlos Furche, sorprendió gratamente a los empresarios del agro en su XVIII encuentro nacional, cuando les dijo que el Gobierno le quitaría toda urgencia al proyecto y que esperaría para después de las elecciones continuar con esta negociación.

La Senadora Adriana Muñoz, presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía dijo que “las declaraciones del ministro Furche son absolutamente sorprendentes, sobre todo hechas al alero de la Sociedad de Agricultura que han sido activistas y lobistas en contra de este proyecto de ley. Creo que el ministro ha sido falto de respeto con el Parlamento” enfatizó.

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Pamela Poo, cientista política que ha estudiado el proceso de reforma desde 2014 aseguró que “el anuncio de parar la reforma es un guiño al sector agrícola y a los agricultores que han sido los grandes opositores a esta reforma. En minería estuvieron en contra de la reforma, porque no quería solicitar los derechos, sino que solo informarlos. En el caso de las eléctricas patalearon porque se les iban a revisar los derechos si tenían un impacto en la cueca y eso fue una indicación parlamentaria que se borró en el senado. Pero los agricultores, ellos son los que han impedido que esta reforma prospere y no sé qué artilugio han utilizado, pero acá hay una gran señal política a los agricultores”, explicó.

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En tanto, Rodrigo Mundaca, vocero de Modatima expresó que “esto demuestra el carácter servil ante las presiones corporativas que han ejercido no solo la Sociedad Nacional de Agricultura, sino que también el Consejo Minero que han liderado para que se mantenga la propiedad privada del agua. En el seminario estaban los candidatos Sebastián Piñera y José Antonio Kast, quienes han dado tranquilidad al empresariado, ya que si salen electos darán certeza jurídica y la propiedad privada del agua no será tocada. Por lo tanto, el modelo de usura que existe, a propósito de las batallas que se libran en el norte de Chile contra la minería, en la zona centro con el modelo agroexportador, en el sur contra las hidroeléctricos y forestales , son situaciones que se van a mantener inalterables, ya que probablemente van a tener un nivel de radicalidad distinto si existe la posibilidad de que Piñera gobierne nuevamente. Nosotros nos estamos preparando para enfrentar ese fatal escenario”.

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El recorrido de una Política que duerme en el Congreso

En el país hay 101 cuencas hidrográficas, de las cuales 75, entre el 2008 y 2015, se han decretado con escasez. Esta es la realidad de Chile, un territorio que se encuentra en una profunda crisis hídrica que busca un respiro.

Aun cuando este escenario es conocido por quienes legislan en nuestro país, se ha generado un proyecto de reforma que, según dice Rodrigo Mundaca, “es mentirosa, puesto que era una iniciativa que estaba dirigida fundamentalmente al 10 por ciento del agua que faltaba por entregar, sin tocar la gratuidad y perpetuidad del 90 por ciento del agua ya entregada”

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Incluso, inicialmente en el proyecto se cambiaba el derecho de aprovechamiento por el de concesión, permitiendo así  concesionar los derechos de aprovechamiento por treinta años en el caso que se utilizaran y a veinte años en el caso de que estos derechos no fueran consumidos. Pero bastó que el proyecto llegara al senado en 2017 para que todo lo escrito fuera borrado con el codo, regresando a la modalidad de derechos de aprovechamiento para descartar la concesión.

Lo que se superpone a la norma jurídica es lo explicitado en la Constitución en el artículo 19 numeral 24, donde se consagra la propiedad privada de las aguas. En rigor, aunque se cambien todos los artículos del código, si no se cambia este artículo de la constitución todo es letra muerta.

Por lo mismo, la gobernanza respecto a los derechos de aguas es un tema que deberá seguir esperando, ya que los conflictos sociombientales siguen incrementándose y apareciendo. La relación que existe entre los megaproyectos empresariales y las comunidades profundiza sus diferencias y el Gobierno constantemente ha mantenido su rol fiscalizador, pero está lejos de ser un garante de los derechos de quienes habitan los diferentes territorios problematizados por la escasez hídrica.

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