Un 33 por ciento de los jóvenes está endeudado, las cifras –que no son nuevas- inspiraron al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) a lanzar la campaña “The walking deuda: el único antídoto es planificar”.

El título, que se inspira en una popular serie de televisión en la que los zombies se alimentan de los cerebros humanos, fue la forma de representar el dolor de cabeza que para la gran mayoría de los chilenos viene junto al pago de fin de mes.

La campaña, enfocada directamente en el uso de tarjetas de crédito, busca desincentivar la utilización de plásticos, o más bien informar los riesgos que conlleva su uso. Según datos del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), “el mayor número de personas endeudadas en este grupo etario se concentra entre los 25 y 29 años, con un 55%, justo la edad en que están finalizando sus estudios superiores y comienzan a insertarse en el mundo laboral, generando sus primero ingresos, los que muchas veces tienen que ser destinados a cubrir deudas”.

Eso no es lo más desalentador: En 2015 Sernac concluyó que tres de cada cuatro jóvenes no sabe lo que es la tasa de interés y sólo un 44% de los encuestados declara ahorrar, un 80% de ellos dio una respuesta equivocada sobre endeudamiento y tres de cinco jóvenes no fueron capaces de distinguir la alternativa de crédito más barata ante una simulación.

¿Cómo no saben qué es la tasa de interés?, podría preguntarse usted mientras lee esta noticia. La respuesta no es más que el retrato social que se ha ido pintando desde 1980 en adelante. La fecha no es arbitraria, fue en ese momento cuando la dictadura de Augusto Pinochet, con pistola en la cabeza, inició una sistemática tortura que hoy tiene ad portas de la muerte a la educación pública nacional.

A diferencia de las décadas doradas del Estado como educador, en la Región Metropolitana poco más de un 30 por ciento de los matriculados asiste a un establecimiento público, el otro ochenta se vanagloria de poder pagar por colegios que hoy estratifican y determinan el futuro de los chilenos.

Podríamos entonces concluir, erróneamente, que ese 33 por ciento de endeudados corresponde a los jóvenes que asisten a escuelas públicas, por lo tanto, que las municipalidades han hecho mal su trabajo (cosa que es verdad) y que el mercado, con sus colegios públicos, ha bien educado a los que ahí asisten.

Sin embargo, esto está lejos de ser cierto. La realidad educativa nacional (salvo elitistas excepciones) es una vergüenza: ni los que asisten al colegio municipal del barrio, ni los que “tienen la suerte” de poder pagar 50 mil pesos para estudiar en un particular subvencionado, o quienes van a escuelas particulares de mediana reputación pasan la prueba, estándares internacionales así lo revelan, por ejemplo, la tan citada prueba PISA que pone nota roja a los conocimientos de los estudiantes chilenos en matemáticas y lenguaje, y que podemos demostrar empíricamente con comportamientos que dejan al descubierto nuestra funesta educación económica.

Volviendo a la campaña… esta se lanza solo tres días después que, con aplausos y sentidas declaraciones de por medio, el Gobierno festejara la aprobación de la Ley de Nueva Educación Pública, 23 meses después que la normativa fuera ingresada en el Congreso.

La pregunta entonces es ¿cuánto podrá esta nueva ley hacer por el destino de la sociedad chilena?, ¿podrá devolver la calidad a las aulas públicas? Y convertir al Estado en el mejor educador… los expertos y agentes educativos no tienen tanta confianza y, si bien, reconocen reales avances en la propuesta, como la instalación de estos Servicios de Locales de Educación que quitarán del poder comunal la responsabilidad de la educación de sus vecinos, lamentan cómo se desnaturalizó el proyecto en su trámite legislativo.

Nada quedó en él de la retroexcavadora o los patines anunciados célebremente por algunas voces de la Nueva Mayoría, más bien, los acuerdos políticos para no llevar uno de los anuncios estrella de la administración Bachelet al Tribunal Constitucional, terminó consagrando vicios de la educación de mercado: la entrega de recursos vía voucher, o la posibilidad de que los municipios que “mejor” han manejado las escuelas se mantengan como administradores, son solo algunos de los ejemplos.

En esa ambigüedad leguleya viene ahora un desafío mayor para las fuerzas progresistas nacionales: articularse en torno al compromiso de devolver una educación pública de calidad a sus habitantes, trabajando para ello en los espacios que la ley abre a las mejoras. ¿Serán capaces de lograrlo?, si no lo hacen, una vez más, la derecha impondrá sus términos economicistas condenando a los ciudadanos de este país a no entender nada; y mientras se ponen de acuerdo ¡qué viva el sobreendeudamiento!, y que sigan habiendo más chilenos, INCLUSO PROFESIONALES, que no saben que la tarjeta de crédito es eso ¡un crédito bancario! Porque tal como lo señalara el director del INJUV, el problema de endeudamiento es incomprensible sin su contexto: está es otra cara de nuestro problema educacional.