“La educación y la salud se llevan la mayor parte de las platas porque efectivamente son clave, son importantísimos”, dijo Michelle Bachelet hace un par de semanas haciendo alusión a la Ley de Presupuesto enviada al Congreso a fines del mes pasado.
Sabe que el bienestar de la salud pública es un eje medular en la evaluación de un gobierno y en la eventual continuidad del conglomerado, sin embargo el gobierno de la mandataria ha recibido duras críticas de parte de diferentes áreas del sector.
La Confederación Nacional de la Salud Municipal (Confusam) convocó a un Paro Nacional de funcionarios públicos para este 17 de octubre. Esto, por mandato de la Mesa Nacional de Funcionarios Públicos, que persigue como objetivo presionar al gobierno para sentarse a conversar sobre el proceso de negociaciones 2017 y el reajuste salarial.
Esteban Maturana, presidente de la Confusam, habla de una deuda del Estado con la salud, y tilda a la gestión de este gobierno en la materia como “plana”: “Esta fue una de las gestiones más planas de las últimas décadas. Se ha puesto énfasis, de manera equivocada, en la construcción de infraestructura hospitalaria y de atención primaria. Uno lo agradece, pero se dejó de lado el resolver los déficit financieros en el mundo hospitalario. Tampoco se vio una capacidad en el control de la venta de medicamentos, cuando sabemos que asaltan a la gente a través de la colusión. Esta administración no es para felicitarla precisamente”.
El dirigente cree que se debe atender con urgencia la inversión pública que existe en salud: “Estamos en la mitad que lo que los países civilizado aportan a salud pública. Muy lejos de lo considerado como razonable, y esperamos que la próxima administración aumente el gasto fiscal. Un gasto en salud público debiera estar en orden del 7% y Chile todavía está en un gasto apenas superior al 3%”.
Por otro lado, el balance que hace la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), es menos opaco. Se valoran ciertos avances, pero todo dentro de la institucionalidad vigente.
Gabriela Farías, presidenta de la Fenprus, afirma que los cambios que el sistema de salud nacional necesita tienen que ver con reformas estructurales: “Ha habido avances importantes, sobre todo en materia de infraestructura. Respecto al recurso humano también se logró un acuerdo bastante sustancial, pero de lenta implementación. Siempre hemos mantenido una crítica respecto con que no solo basta con construir hospitales, sino que deben dotarse de recursos humanos. Lo que está pendiente es una reforma estructural del sistema. Repensarlo como una red de atención nacional pero que cambie el sistema de financiamiento, avanzar hacia un fondo solidario único. Nuestro sistema está diseñado para otra cosa. La convivencia de Fonasa e Isapres genera mucha inequidad”.
En otro frente, el Colegio Médico declaró hace una semana la suspensión de sus relaciones con el ministerio de Salud por el incumplimiento de una serie de compromisos que habían adquirido ambas instituciones. En su momento Izkia Siches, la presidenta del gremio, señaló que la medida dice relación principalmente con la pobre orientación de las políticas públicas para que los profesionales de la salud se desempeñen dentro de la salud pública. En ese momento la líder gremial declaró que “intentamos relacionarnos con el ministerio para que se cumplieran las cosas que ellos mismos habían suscrito y lamentablemente no hemos tenido avance. Esto es una forma de funcionar del Ministerio de Salud que toma acuerdos y firma grandes convenios con los gremios que no tienen capacidad de cumplir”.
En agosto, el Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello entregó los resultados de su estudio nacional de Salud, llamado “Evaluación del Gobierno en Materia de Salud”. En él, el actual Gobierno obtiene una nota promedio de 3,4, mostrando que casi un 80 por ciento de población del país reprueba su desempeño en esta materia.
Héctor Sánchez, director del ISP de dicha casa de estudios agrega que el gobierno no ha sido capaz de reducir y controlar las tasas de crecimiento de distintas patologías como la obesidad, el cáncer y la diabetes, que son las enfermedades crónicas que están afectando a la población. Además, Sánchez señala que -en la evaluación final- la gestión ha sido deficitaria, y que eso se ha expresado en el crecimiento de las listas de espera, el incremento de la deuda hospitalaria, una baja productividad en el sector de salud público, y la insatisfacción de la gente.
Así el panorama, una de las coincidencias que existen en el sector dice relación con la reforma a las isapres. La crítica al sistema es un denominador común, y la caída del proyecto, anunciado dentro del programa de Michelle Bachelet, se considera uno de los grandes fracasos del periodo.
“La educación y la salud se llevan la mayor parte de las platas porque efectivamente son clave, son importantísimos”, dijo Michelle Bachelet hace un par de semanas haciendo alusión a la Ley de Presupuesto enviada al Congreso a fines del mes pasado.
Sabe que el bienestar de la salud pública es un eje medular en la evaluación de un gobierno y en la eventual continuidad del conglomerado, sin embargo el gobierno de la mandataria ha recibido duras críticas de parte de diferentes áreas del sector.
La Confederación Nacional de la Salud Municipal (Confusam) convocó a un Paro Nacional de funcionarios públicos para este 17 de octubre. Esto, por mandato de la Mesa Nacional de Funcionarios Públicos, que persigue como objetivo presionar al gobierno para sentarse a conversar sobre el proceso de negociaciones 2017 y el reajuste salarial.
Esteban Maturana, presidente de la Confusam, habla de una deuda del Estado con la salud, y tilda a la gestión de este gobierno en la materia como “plana”: “Esta fue una de las gestiones más planas de las últimas décadas. Se ha puesto énfasis, de manera equivocada, en la construcción de infraestructura hospitalaria y de atención primaria. Uno lo agradece, pero se dejó de lado el resolver los déficit financieros en el mundo hospitalario. Tampoco se vio una capacidad en el control de la venta de medicamentos, cuando sabemos que asaltan a la gente a través de la colusión. Esta administración no es para felicitarla precisamente”.
El dirigente cree que se debe atender con urgencia la inversión pública que existe en salud: “Estamos en la mitad que lo que los países civilizado aportan a salud pública. Muy lejos de lo considerado como razonable, y esperamos que la próxima administración aumente el gasto fiscal. Un gasto en salud público debiera estar en orden del 7% y Chile todavía está en un gasto apenas superior al 3%”.
Por otro lado, el balance que hace la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), es menos opaco. Se valoran ciertos avances, pero todo dentro de la institucionalidad vigente.
Gabriela Farías, presidenta de la Fenprus, afirma que los cambios que el sistema de salud nacional necesita tienen que ver con reformas estructurales: “Ha habido avances importantes, sobre todo en materia de infraestructura. Respecto al recurso humano también se logró un acuerdo bastante sustancial, pero de lenta implementación. Siempre hemos mantenido una crítica respecto con que no solo basta con construir hospitales, sino que deben dotarse de recursos humanos. Lo que está pendiente es una reforma estructural del sistema. Repensarlo como una red de atención nacional pero que cambie el sistema de financiamiento, avanzar hacia un fondo solidario único. Nuestro sistema está diseñado para otra cosa. La convivencia de Fonasa e Isapres genera mucha inequidad”.
En otro frente, el Colegio Médico declaró hace una semana la suspensión de sus relaciones con el ministerio de Salud por el incumplimiento de una serie de compromisos que habían adquirido ambas instituciones. En su momento Izkia Siches, la presidenta del gremio, señaló que la medida dice relación principalmente con la pobre orientación de las políticas públicas para que los profesionales de la salud se desempeñen dentro de la salud pública. En ese momento la líder gremial declaró que “intentamos relacionarnos con el ministerio para que se cumplieran las cosas que ellos mismos habían suscrito y lamentablemente no hemos tenido avance. Esto es una forma de funcionar del Ministerio de Salud que toma acuerdos y firma grandes convenios con los gremios que no tienen capacidad de cumplir”.
En agosto, el Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello entregó los resultados de su estudio nacional de Salud, llamado “Evaluación del Gobierno en Materia de Salud”. En él, el actual Gobierno obtiene una nota promedio de 3,4, mostrando que casi un 80 por ciento de población del país reprueba su desempeño en esta materia.
Héctor Sánchez, director del ISP de dicha casa de estudios agrega que el gobierno no ha sido capaz de reducir y controlar las tasas de crecimiento de distintas patologías como la obesidad, el cáncer y la diabetes, que son las enfermedades crónicas que están afectando a la población. Además, Sánchez señala que -en la evaluación final- la gestión ha sido deficitaria, y que eso se ha expresado en el crecimiento de las listas de espera, el incremento de la deuda hospitalaria, una baja productividad en el sector de salud público, y la insatisfacción de la gente.
Así el panorama, una de las coincidencias que existen en el sector dice relación con la reforma a las isapres. La crítica al sistema es un denominador común, y la caída del proyecto, anunciado dentro del programa de Michelle Bachelet, se considera uno de los grandes fracasos del periodo.
“La educación y la salud se llevan la mayor parte de las platas porque efectivamente son clave, son importantísimos”, dijo Michelle Bachelet hace un par de semanas haciendo alusión a la Ley de Presupuesto enviada al Congreso a fines del mes pasado.
Sabe que el bienestar de la salud pública es un eje medular en la evaluación de un gobierno y en la eventual continuidad del conglomerado, sin embargo el gobierno de la mandataria ha recibido duras críticas de parte de diferentes áreas del sector.
La Confederación Nacional de la Salud Municipal (Confusam) convocó a un Paro Nacional de funcionarios públicos para este 17 de octubre. Esto, por mandato de la Mesa Nacional de Funcionarios Públicos, que persigue como objetivo presionar al gobierno para sentarse a conversar sobre el proceso de negociaciones 2017 y el reajuste salarial.
Esteban Maturana, presidente de la Confusam, habla de una deuda del Estado con la salud, y tilda a la gestión de este gobierno en la materia como “plana”: “Esta fue una de las gestiones más planas de las últimas décadas. Se ha puesto énfasis, de manera equivocada, en la construcción de infraestructura hospitalaria y de atención primaria. Uno lo agradece, pero se dejó de lado el resolver los déficit financieros en el mundo hospitalario. Tampoco se vio una capacidad en el control de la venta de medicamentos, cuando sabemos que asaltan a la gente a través de la colusión. Esta administración no es para felicitarla precisamente”.
El dirigente cree que se debe atender con urgencia la inversión pública que existe en salud: “Estamos en la mitad que lo que los países civilizado aportan a salud pública. Muy lejos de lo considerado como razonable, y esperamos que la próxima administración aumente el gasto fiscal. Un gasto en salud público debiera estar en orden del 7% y Chile todavía está en un gasto apenas superior al 3%”.
Por otro lado, el balance que hace la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), es menos opaco. Se valoran ciertos avances, pero todo dentro de la institucionalidad vigente.
Gabriela Farías, presidenta de la Fenprus, afirma que los cambios que el sistema de salud nacional necesita tienen que ver con reformas estructurales: “Ha habido avances importantes, sobre todo en materia de infraestructura. Respecto al recurso humano también se logró un acuerdo bastante sustancial, pero de lenta implementación. Siempre hemos mantenido una crítica respecto con que no solo basta con construir hospitales, sino que deben dotarse de recursos humanos. Lo que está pendiente es una reforma estructural del sistema. Repensarlo como una red de atención nacional pero que cambie el sistema de financiamiento, avanzar hacia un fondo solidario único. Nuestro sistema está diseñado para otra cosa. La convivencia de Fonasa e Isapres genera mucha inequidad”.
En otro frente, el Colegio Médico declaró hace una semana la suspensión de sus relaciones con el ministerio de Salud por el incumplimiento de una serie de compromisos que habían adquirido ambas instituciones. En su momento Izkia Siches, la presidenta del gremio, señaló que la medida dice relación principalmente con la pobre orientación de las políticas públicas para que los profesionales de la salud se desempeñen dentro de la salud pública. En ese momento la líder gremial declaró que “intentamos relacionarnos con el ministerio para que se cumplieran las cosas que ellos mismos habían suscrito y lamentablemente no hemos tenido avance. Esto es una forma de funcionar del Ministerio de Salud que toma acuerdos y firma grandes convenios con los gremios que no tienen capacidad de cumplir”.
En agosto, el Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello entregó los resultados de su estudio nacional de Salud, llamado “Evaluación del Gobierno en Materia de Salud”. En él, el actual Gobierno obtiene una nota promedio de 3,4, mostrando que casi un 80 por ciento de población del país reprueba su desempeño en esta materia.
Héctor Sánchez, director del ISP de dicha casa de estudios agrega que el gobierno no ha sido capaz de reducir y controlar las tasas de crecimiento de distintas patologías como la obesidad, el cáncer y la diabetes, que son las enfermedades crónicas que están afectando a la población. Además, Sánchez señala que -en la evaluación final- la gestión ha sido deficitaria, y que eso se ha expresado en el crecimiento de las listas de espera, el incremento de la deuda hospitalaria, una baja productividad en el sector de salud público, y la insatisfacción de la gente.
Así el panorama, una de las coincidencias que existen en el sector dice relación con la reforma a las isapres. La crítica al sistema es un denominador común, y la caída del proyecto, anunciado dentro del programa de Michelle Bachelet, se considera uno de los grandes fracasos del periodo.
