Luego de nueve jornadas de discusión, este miércoles la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados terminó de votar en particular el Proyecto de Ley de Universidades Estatales, despachándolo a Sala donde continuará su tramitación.

Uno de los puntos que más controversia causó durante la discusión, fue lo relativo a las fuentes de financiamiento que tendrán los planteles del Estado, donde se establece que contarán con recursos permanentes a través del llamado “Convenio Marco Universidades Estatales”.

Dichos montos serán establecidos a partir de la Ley de Presupuesto del Sector Público de cada año. Además, los planteles podrán recibir recursos a partir de los fondos concursables o mediante otros instrumentos que disponga el Estado.

En esa línea, una de las preocupaciones de los parlamentarios apuntó a que no se sancionara con recursos a las universidades que no cumplieran con la acreditación de cuatro años. Indicación que solo fue rechazada por el diputado de la UDI Jaime Bellolio.

El parlamentario criticó la entrega de recursos a los planteles que no presenten estándares mínimos de calidad. “Me parece muy irresponsable que se insista en entregar recursos totales, sin ninguna exigencia en calidad, a las universidades del Estado solo por ser públicas, mientras que a las privadas se les castiga. Esta incoherencia no se entiende”.

Por su parte, el diputado Giorgio Jackson comentó que con este articulado el Gobierno está avalando que las instituciones del Estado se vean perjudicadas en caso de no cumplir con la calidad exigida. “Acá lo único que estamos diciendo es que no se elimine la gratuidad en las universidades que bajan de cuatro a tres años de acreditación. El Estado debe encontrar otras formas de castigar una mala gestión, mecanismos que no afecten a los estudiantes”.

Desde el Ejecutivo, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, dijo el Estado ha sido claro en mostrar su voluntad para hacerse cargo de sus instituciones, pero que deben existir los instrumentos que fiscalicen y resguardes la calidad de la educación.

“Está el apoyo y los recursos del Estado tienen que ir a sus universidades, pero al mismo tiempo se deben generar los mecanismos que permitan impulsar los temas de calidad en estos planteles. No todo es plata”, sostuvo.

En ese sentido, el Ejecutivo dispuso un plan de acompañamiento o tutoría para los planteles que tengan problemas en su acreditación. Mecanismo que estará a cargo de otra universidad hasta que se regularice la situación.

Los parlamentarios también rechazaron la indicación presentada por el Ejecutivo que retenía la entrega de recursos a aquellas instituciones que no presentaran nuevos estatutos en el plazo de tres años, a partir de la publicación de la Ley.

Las universidades que contemplen estatutos creados después de 1990 podrán eximirse de esta obligación, siempre y cuando demuestren que su normativa es democrática.

Uno de los temas que preocupó en las últimas semanas a los rectores fue la posibilidad que fueran removidos en caso de que sus planteles no cumplieran con la acreditación de cuatro años.

No obstante, los parlamentarios acordaron que cada institución definirá las causales de destitución, las cuales deberán considerar el resguardo de los principios del sistema de educación superior, resultados en los procesos de acreditación y el estado financiero de la universidad.

La iniciativa también crea el Consejo de Coordinación de Universidades del Estado, cuyo objetivo será desarrollar proyectos y objetivos comunes entre dichas instituciones. La instancia también podrá presentar propuestas al Mineduc para ampliar la matrícula en el sistema público y crear nuevos planes de estudio.

La ampliación de matricula ha sido uno de las grandes exigencias de los rectores, quienes han criticado el bajo porcentaje que contemplan las instituciones estatales en el sistema nacional de educación superior, las cuales no superan el 16 por ciento. Esto último es confirmado por un estudio elaborado por el Consorcio de Universidades Estatales (Cuech), que estable que el 48 por ciento de los postulantes al sistema público queda fuera por falta de cupos.

Entre los temas más criticados por las comunidades universitarias estaba el cambio del régimen contractual de los funcionarios, quienes finalmente continuarán bajo el estatuto administrativo. Sin embargo, en términos de financiamiento se mantuvo el fondo de 150 mil millones que el Estado solicitará al Banco Mundial y que será repartido en 10 años para el fortalecimiento de los planteles, razón por la que los parlamentarios rechazaron el plan de fortalecimiento por considerarlo insuficiente. El Ejecutivo lamentó esta acción.