Señor Director:

Cuatro meses han transcurrido desde que Chile comenzara un proceso de evaluación para recibir a refugiados sirios.  En este período el Ministerio del Interior y Seguridad Pública desarrolló un plan de reasentamiento para la inserción de las familias que suman un total de 70 personas, entre hombres (19), mujeres (17), niños y niñas (34).  Ad portas de su arribo los distintos actores que prestarán apoyo tienen todo dispuesto.  Ello significa, disponer de una vivienda de acuerdo al grupo familiar, tan cercana a la locomoción colectiva como al lugar en que recibirán clases de español y, apoyo por medio de talleres para el manejo de situaciones cotidianas e integración cultural.

La noticia se recibe con beneplácito. La población siria que llegará a Chile en calidad de refugiada lo hace tras vivir seis años de guerra, de horror y desolación.  Igualmente ocurriría si dicha población, o personas individuales, solicitaran refugio por motivos de persecución política o religiosa, de raza, o víctimas de guerra, como ocurre en este caso, porque la calidad de refugiado es amparada por la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y Chile ha firmado y ratificado dicha Convención.

Curiosa paradoja.  Junto a los derechos políticos, sociales y culturales de quienes buscan refugio nos encontramos con la inexistencia de derechos de quienes migran a Chile en busca de tranquilidad, como ocurre con la generalidad de la población colombiana, y/o cruzan fronteras buscando una mejor vida como ha sido el caso de peruanos, venezolanos y, últimamente haitianos.  Aún no contamos con una cifra oficial de inmigrantes por nacionalidad, pero sí sabemos que el grueso de la inmigración se inscribe por razones económicas.  La población inmigrante busca  una mejor vida de la que ofrecen sus países de origen.  No obstante, el imaginario con que toman dicha decisión muchas veces está lejos de la realidad, e incluso se torna un tránsito oscuro, indigno e inhumano; especialmente para quienes no hablan español y están cubiertos de piel oscura.

El problema se suscita cuando se pone el tapete en la desigualdad de derechos para hombres, mujeres y niños que ingresan a Chile.  Léase, la ausencia de una Ley de Migraciones con principios, derechos y regulaciones.  La muerte de Joane Florvil, haitiana de 28 años, es una muestra tangible sobre la desprotección de los inmigrantes, convirtiéndose así en los más débiles dentro de los vulnerables.  Para ellas y ellos no se contempla impartir clases de español para su integración social y cultural, no se propicia la fiscalización de las viviendas que les son arrendadas, tampoco sobre la existencia de contratos de trabajo.  La generalidad de los apoyos surge de grupos de la sociedad civil, de párrocos y feligreses, o grupos de estudiantes.  En menor medida está la agilización de los trámites legales y regularización de su situación como inmigrante, recayendo esta responsabilidad en los municipios, que dicho sea de paso, realizan lo que está a su alcance y sintiendo que no logran cumplir con las demandas.

Refugiados Sirios e Inmigrantes Haitianos son sujetos de derechos.  Sin embargo, el estatus de ingreso de unos y otros marca una diferencia que, además, se reviste con nuestras actitudes racistas, de abusos y autoritarismo.

Falta mucho que aprender. Falta mucho por hacer por nosotros mismos y por quienes cruzan la frontera creyendo que Chile es la panacea. Aún nos falta enterrar los nefastos resabios discriminatorios y desenterrar una política pública de derecho que tanto gusta citarse en los discursos, pero que en los hechos el sueño chileno no se alcanza a vislumbrar para los inmigrantes.

María Rosa Verdejo

Directora Ejecutiva

Fundación PIDEE