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Año XVI, 19 de abril de 2024


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La caída de la “Operación Tauro” y sus huellas en la comunidad mapuche Rodrigo Melinao

Meses de prisión preventiva por delitos que no logran acreditarse. Una situación judicial que conocen varios comuneros mapuche y, en especial, el dirigente Hugo Melinao, que ya de regreso en su comunidad en La Araucanía, afirma que “es un tema que afecta a todos los presos políticos, donde el Estado sabiendo que se equivoca, no repara su perjuicio”.

Natalia Figueroa

  Viernes 13 de octubre 2017 18:56 hrs. 
eluwun17

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“Ni el Ministerio Público ni la Intendencia de la Araucanía presentaron un recurso de nulidad por la causa. Ganamos”. Con esas palabras, el jueves 12 de octubre, el abogado defensor del comunero mapuche Hugo Melinao Licán, José Luis Correa, informó sobre el cierre definitivo de la denominada “Operación Tauro”. Se ratificó la absolución de los cargos que la Fiscalía le imputaba al dirigente por el supuesto delito de formación de milicias y tenencia de armas de fuego y municiones.

No ha pasado más de un mes desde que el werkén regresó a su casa, ubicada en la comuna de Ercilla, en la región de La Araucanía. Después de ocho meses de prisión preventiva en la cárcel de Angol, ahora se concentra en lo cotidiano y reconoce que “hay mucho que hacer, que todo está patas pa´ arriba en la casa, y que hay tantas cosas pendientes con sus hijas y su compañera”. Lo dice con una sonrisa, con su hija de nueve meses en brazos y mirando por la ventana al perro que ladra a unos metros de su casa, en el campo.

La Operación, que llevó ese nombre por la marca brasileña de armas de fuego Taurus, se inició con un mediático allanamiento a su comunidad Rodrigo Melinao, el 24 enero de este año, lo que también se replicó en la comuna de Reinaco, en la misma región, en Castro en Los Lagos y en Macul, en la Región Metropolitana. Pero el control policial en la zona venía de días antes en los supuestos puntos estratégicos donde habría operado la “escuela de guerrillas en el Wallmapu“. El procedimiento se enmarcaba en la tan bullada acción contra los autores de la  “violencia rural” y que tanto la Intendencia de La Araucanía como el Director Nacional de Inteligencia de Carabineros, General Inspector Gonzalo Blu, y el Jefe de la IX Zona Araucanía, General Christian Franzani, han catalogado como una política prioritaria para la región.

Pero toda esa estructura que había acusado el Ministerio Público en coordinación con Carabineros, finalmente, se desmoronó. El 26 de septiembre pasado el Tribunal Oral en lo Penal de Angol dictó la absolución de Melinao por no lograr acreditarse que la supuesta escopeta calibre 22, que los funcionarios del Gope y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros encontraron en su casa, se hubiese utilizado para dichos fines. Más aún, parte del arsenal que se vinculaba a la Operación eran armas de juguete, para jugar paintball. Con esta fallida jugada a cargo del fiscal jefe de Collipulli, Héctor Leiva Martínez, la decisión de los jueces – Viviana García, Solange Sufán y Germán Varas- fue unánime.

Pero lo que al comienzo ingresó por el supuesto delito de formación de milicias privadas luego fue recalificado por el propio Ministerio Público y los dos imputados en la causa, Hugo Melinao y Michel Escobar, finalmente fueron indagados por la eventual tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. Las causas quedaron separadas y, en el caso de Escobar, hasta ahora se mantiene detenido en la cárcel Santiago 1, en la Región Metropolitana, y su proceso está en curso. Para el jurista José Luis Correa queda en evidencia lo desprolijo de la actuación de los funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que desarrolló esta diligencia y lo arbitrario de la imputación que se le hizo al dirigente mapuche. “En definitiva, pudimos probar que nunca tuvo participación por una supuesta escopeta antigua que encontraron en el predio por los hechos que se le acusaban”.

Pero Hugo, que habla pausado y con una mirada profunda, sabe de encarcelaciones injustificadas. En noviembre de 2015 el Tribunal de Angol lo condenó, junto a Juan Patricio Queipul de la comunidad autónoma de Temucuicui, por el delito de incendio de dos camiones, registrado en octubre de 2014 en la ruta de Pailahueque. En esta misma causa se le imputaban los delitos de amenazas reiteradas y homicidio frustrado en contra de un carabinero en servicio. La Fiscalía solicitaba 15 años de condena para Melinao y 20 años para Queipul, lo que finalmente fue desestimado por el tribunal y ambos absueltos de esos últimos cargos. En esa oportunidad, Hugo estuvo más de un año en prisión preventiva.

Y ante la pregunta que innumerables veces se ha hecho él y su familia sobre ¿quién nos devuelve el tiempo perdido en prisión? ¿Quién reparará el daño que nos hicieron?, Hugo reflexiona:

“Este es un tema que afecta a todos los presos políticos que pasamos largo tiempo enfrentando la cárcel. El Estado, sabiendo que se equivoca, no paga nada por ese perjuicio. Y si fueran tan conscientes del pueblo- nación mapuche entonces si repararían ese daño, pero sólo les interesa explotar acá. Yo voy a partir de cero, dignamente voy a trabajar como siempre lo he hecho por mi familia y por mis cuatro hijos y también para costear mi abogado que son saldos pendientes que a uno le van quedando”, comenta el dirigente mientras se sirve mate sentado en la mesa del comedor.

Pero luego repara en un punto que, en su opinión, es el golpe más profundo que deja un proceso judicial: “Por más que seamos absueltos y que ahora estemos en libertad, nos dejan empobrecidos. Es el arma que tiene el Estado”.

La comunidad Rodrigo Melinao

Hugo Melinao da las instrucciones por teléfono para llegar a su comunidad, ubicada a dos kilómetros y medio de Pailahueque, apegada a la ruta 5 Sur. “Del otro lado de la carretera, están en el cerro las antenas satelitales y enfrente un montículo de árboles. Ahí está el cerco de la entrada”, se apura al indicar.

La lluvia de los días anteriores dejó su huella en el camino de tierra, la maleza crece con fuerza por los costados del sendero mientras las ovejas pastan a unos metros de la casa.

La primera imagen al ingresar al terreno es la de un galpón pintado en medio de dos casas de madera. Aunque los dibujos se han decolorado por las condiciones climáticas, se distingue un volcán en la cima, pájaros, un río que cruza el bosque y, en medio, una caseta blanca con un signo peso. Lo último alude a las forestales, y de ahí se desprende el conflicto que enfrentan en la zona.

El mural lo pintó un grupo de personas, muchos de ellos activistas, que participaron de un encuentro sobre la escasez hídrica, precisamente durante los días en que Carabineros efectúo la citada “Operación Tauro”. “Desde aquí se pueden ver los huemules, los siervos, las águilas. Todo está conectado con nuestro saber. Y, por lo mismo, no sólo los mapuche participaron de ese encuentro, también hubo gente de Santiago, Valparaíso y Chiloé. Es muy importante generar conexiones para que hablemos sobre una situación tan preocupante para nosotros como pueblo”, explica el comunero.

Las gallinas se mueven entre las casas y más allá, en un establo, está colgada una bandera mapuche. Es la comunidad “Rodrigo Melinao”, nombre que le dieron al lugar en honor al hermano de Hugo asesinado en 2013, y que hasta ahora no tiene a ninguna persona inculpada. El 6 de agosto de ese año, el joven mapuche fue encontrado muerto al interior de una parcela en el sector de Chiguaihue en Pidima. Horas más tarde, el ex fiscal adjunto de Collipulli, José Ricardo Traipe, confirmó que se trataba de un asesinato debido al impacto de bala que presentaba en su tórax.

Rodrigo Melinao era un reconocido dirigente que, junto a la antes llamada comunidad Rayen Mapu, denunció el hostigamiento policial y la devastación territorial que han generado las forestales. Su lucha era la recuperación histórica de las tierras. Pero a la vez su situación judicial era compleja. El entonces fiscal jefe de Collipulli, Luis Chamorro, junto a la forestal Bosques Cautín, acusó al comunero por el delito de incendio de bosques, por el cual obtuvo una condena de cinco años y un día, además, de 541 por daños a la empresa. Melinao se dio a la fuga y en esa condición fue hallado muerto.

Pero su causa daría un giro con el relato del único condenado hasta ahora bajo la Ley Antiterrorista, Raúl Castro Antipán. Reconocido como un agente infiltrado de Carabineros que les proporcionaba información falsa, en medio de un juicio oral Antipán se adjudicó la autoría de innumerables ataques que fueron calificados de terroristas por el Tribunal de Angol y que bajo la figura de “delator compensado” había atribuido a varios dirigentes mapuche que se encontraban en prisión preventiva por el plazo que duraran las respectivas investigaciones. Uno de ellos fue Rodrigo Melinao, que a seis meses de su muerte- febrero de 2014-, fue absuelto de todos los cargos que se le imputaban. La tan cuestionada justicia llegó, pero tarde.

“Reivindicamos esta comunidad con el nombre de mi hermano, en su memoria, y como siempre él me da la fuerza para seguir avanzando. No podemos estar ausentes ni dejar en ningún momento nuestra demanda en los distintos sectores del Wallmapu“, cuenta Hugo Melinao después de casi dos horas de conversación, donde también estuvo presente su esposa, Claudia Necul.

Pero Pailhueque no sólo lleva marcado el nombre de Rodrigo Melinao en su historia. En esta localidad estudió Alex Lemún Saavedra, reconocido como el primer mapuche asesinado en los gobiernos de la Concertación, en específico durante el mandato del PPD Ricardo Lagos, en 2002. El joven fue baleado en la cabeza en las inmediaciones del Fundo Santa Elisa, de Forestal Mininco, mientras participaba de una recuperación de tierras impulsada por la Comunidad Mapuche “Montutui Mapu” del sector Aguas Buenas, de la comuna de Ercilla. La bala fue disparada por el entonces Mayor de Carabineros, Marco Aurelio Treuer, que en primera instancia fue procesado por los cargos de violencia innecesaria, de acuerdo a las indagaciones de la Fiscalía Militar. Ningún informe pericial arrojó pruebas sobre algún supuesto disparo proveniente de Lemún para atemorizar al carabinero. Pese a eso, la Corte Marcial señaló que el disparo fue en “legítima defensa” y retiró todos los cargos en contra del policía. Las comunidades de Pailahueque reconocen la figura de Alex Lemún como un mártir del pueblo mapuche y han iniciado campañas para que alguna de las calles del pueblo lleve su nombre.

Conflicto territorial: las forestales y el parque eólico

Aunque a ratos Hugo asume un tono más duro, con mensajes que reflejan su profundo convencimiento sobre la causa, nunca pierde el carisma. Cuenta su estadía en la cárcel con ironía y hasta con chistes. “A mí los fiscales me decían el ´Comandante Melinao´, supuestamente por dirigir la escuela de guerrillas. Muchas gracias, le decía yo por el grado al que me ascendió. ¿Qué iba a hacer? No quedaba de otra que seguirles el juego”, comenta con risa. Con risa y resignación.

 Durante los meses en que el dirigente estuvo recluido siguió articulando la defensa de su comunidad, principalmente, la protección del territorio ante la arremetida de las empresas forestales, donde la forestal Arauco y Mininco concentran el monocultivo en el sector. Esto ha generado dos fenómenos: por un lado, Ercilla mantiene las cifras de pobreza más altas de la región, según la Casen 2013 registra un 44,3 por ciento superando el índice regional de 27,9 por ciento. Y, por otro, la tasa de emigración campo- ciudad también va en ascenso: según los datos del censo 2002, en esa fecha ya la población de la provincia de Malleco había disminuido alrededor de un 10 por ciento, lo que podría acentuarse en el cuadro demográfico que presente el censo 2017.

Por lo mismo, para Hugo Melinao y su familia la situación es crítica y la respuesta del Gobierno, equivocada. “Yo soy un werkén que me opongo al convencimiento de las autoridades de darnos un trabajo pequeño para evitar que sigamos en esto, que nos den bonos mensuales para que no sigamos trabajando como dirigentes. Muchas veces me han dicho que todavía estoy a tiempo de estudiar una carrera. Pero no entienden que mi propósito como mapuche es vivir de la tierra, por eso no quiero que la afecten, que la contaminen”, comenta.

La atención ahora esta puesta en el proyecto “Parque Eólico Los Trigales”, que se ubicaría a un kilómetro y medio de Pailahueque. Por tratarse de una central que superaría la generación eléctrica de 3 Mega Watts (MW), el titular Atacama Energy debió ingresar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) –  a cargo de la consultora Inerco- que fue aprobado en marzo de 2016 por la autoridad regional competente. Según el documento visado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el proyecto abarcaría una superficie total de 39 hectáreas donde se ubicarían 43 generadores eólicos. Las dimensiones de esas torres podrían alcanzar los 120 metros de altura con aspas de hasta 65 metros de longitud. “En algunos momentos han tenido la intención de iniciar la instalación, pero como nosotros estamos al tanto no lo hemos permitido”, enfatiza el dirigente.

Dentro de la ficha técnica se cuenta que esta central generaría una capacidad energética de entre 141,9 y 154,8 MW, la cual sería trasmitida hacia el Sistema Interconectado Central (SIC), el mayor de los cuatro sistemas que abastecen  al país y que se extiende desde la región de Atacama hasta Los Lagos. Pero también se contempla una subestación elevadora/seccionadora que cumpliría tanto la función de elevar la tensión de la transmisión, como la de entregar la energía producida a la Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) Charrúa – Cautín (220 kV) pre existente en la zona.

Todos estos antecedentes, impactos, proyecciones económicas y otros factores implicados se resolvieron el lunes 7 de marzo de 2017. La tabla de la Comisión de Evaluación de la Región de La Araucanía, reunida en el salón Ulises Valderrama de Intendencia Regional, planificaba para esa jornada, además de revisar el acta de la sesión anterior, otros dos puntos: evaluar algunas calificaciones ambientales y, lo más significativo, votar ese proyecto.

El entonces intendente DC Andrés Jouannet presidió la instancia junto a diez seremis y la dirección del SEA regional. La decisión de aprobar la iniciativa fue unánime. Sin embargo, pese a que el alcalde de Ercilla, el UDI José Vilugrón, no se mostró contrario a las obras, sí comprometió la patente de funcionamiento a un plan de compensación económica durante los 30 años de vida útil que tendría la central. Aunque ese plazo también sería relativo porque en el propio estudio aclaran que “en virtud de su justificación técnica y económica”, podría ser ampliado.

Sin la autorización del municipio no podrían operar las obras asociadas como una sala de control, servicios higiénicos, planta de Tratamiento de Aguas Servidas, estanque de Agua Potable, Bodega de Almacenamiento de Insumos y de Residuos.

El proyecto eólico tendría una inversión superior a los 300 millones de dólares y, como lo solicita la institucionalidad ambiental, también plantea su “contribución” a la zona.  Indican que la central desarrollaría a las comunidades mapuche vecinas al proyecto de Pitriqueo, Pichilén, Pinoleo y Los Lolocos, dentro del marco de un Plan de Relacionamiento Comunitario y, además, aportaría con puestos de trabajo porque en las etapas de construcción y operación del proyecto necesitarían demanda de mano de obra  local no calificada. Se suman otros cuatro objetivos, entre los que se destaca el “alinearse al desafío gubernamental 20/25, referido a la meta que busca para el año 2020 tener una matriz energética donde las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) tengan una representación del 20 por ciento en conformidad a lo establecido por la Ley Nº 20.698/13 del Ministerio de Energía”.

Y con esto último se vuelven a escuchar las palabras de Hugo Melinao al reflexionar sobre trabajos precarios, empobrecimiento, sequía y usurpación. “Han pasado por encima de los cementerios indígenas, echan abajo árboles que tienen más de cien años. Para construir el parque eólico ya destruyeron hectáreas de árboles nativos”, comenta con desazón el comunero.

Pero la comunidad sabe que posiblemente van a pasar diez o quince años antes de que comiencen a desaparecer las aves silvestres, escaseen alimentos o que ya no se reconozcan los árboles autóctonos, como el ulmo o el coigüe (koywe en mapudungun significa ´lugar de mucha agua´). “Lo mismo que pasó con las forestales, cuando llegaron hace más de cuarenta años todas las comunidades mapuche tenían agua, pero ahora todas las localidades de Ercilla  son abastecidas con camiones aljibe debido a que las napas subterráneas ya se secaron casi por completo”, precisa Melinao. Pero en respuesta a los impactos, Atacama Energy Holdings SpA propone, como una de las medidas de mitigación, un acondicionamiento del paisaje en las áreas que no sean cubiertas por mantos verdes (bosques), es decir, posiblemente parte de la central se pinte de color verde para que la estructura quede “camuflada”.

La arista judicial

La historia de la “Operación Tauro” está sepultada por completo para Hugo Melinao. Pero como los procesos anteriores que enfrentó el comunero, éste también fue extenuante. Eran salidas recurrentes de la familia a Angol, desde adentro él sabía que como werkén dejaba en parte desprotegida a la comunidad y que también debía cuidarse emocionalmente de todo lo que enfrentaba. A los cinco meses del proceso judicial, y  en medio de la prisión preventiva, la Fiscalía le dio la opción de que aceptara un juicio abreviado. “Con mi abogado me mandaron a decir que lo aceptara, que era mejor, pero yo tenía que hacerme responsable de algo que nunca había hecho. Sabía que todo estaba a mi favor, que no tenía ningún vínculo con lo que se me imputaba”, relata.

Como los procesos anteriores que enfrentó el comunero, éste también fue extenuante. Eran salidas recurrentes de la familia a Angol, desde adentro Hugo sabía que como werkén dejaba en parte desprotegida a la comunidad y que también debía cuidarse emocionalmente de todo lo que enfrentaba.

A los cinco meses del proceso judicial, y  en medio de la prisión preventiva, la Fiscalía le dio la opción de que aceptara un juicio abreviado. “Con mi abogado me mandaron a decir que lo aceptara, que era mejor, pero yo tenía que hacerme responsable de algo que nunca había hecho. Sabía que todo estaba a mi favor, que no tenía ningún vínculo con lo que se me imputaba”, relata.

Pero el volver a la comunidad Rodrigo Melinao es también reconocer que el control policial en la zona es constante. Por el mismo camino de tierra que está a un costado del predio, y por donde Carabineros allanó durante dos días seguidos en enero pasado, siguen entrando y saliendo carros policiales casi a diario. En parte se debe a la base policial que se instaló en el ex Liceo Politécnico e Intercultural de Pailahueque, que abarcaba casi 40 hectáreas en el sector y que recibía a un 80 por ciento de estudiantes mapuche.

A no más de 100 metros de la casa de los Melinao se observa una cámara posicionada en altura y apuntando hacia la puerta. “Me sacaron una foto entrando a la casa y la mostraron como prueba en el juicio. Ahí vimos que con esa cámara nos estaban monitoreando”. Lo mismo comenta sobre el drone que sobrevuela el lugar en algún horario del día. “Además, está lleno de cámaras en toda la carretera”, agrega Claudia Necul.

La familia también apunta sus críticas a los medios de comunicación, saben de sensacionalismo, de morbo y de cómo erradamente se asumen verdades estando en curso un proceso judicial. “El día en que Carabineros presentó el arsenal de armas de juguete estaban todos los grandes medios ahí. Después, cuando me formalizaron, también se llenó el tribunal pero de cámaras, hasta había una pegada a los jueces. Pero cuando salí absuelto, eso no se vio”, recuerda Hugo Melinao.

Mientras el dirigente mapuche espera la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco, debe seguir cumpliendo una pena de libertad vigilada que obtuvo en 2015 por la supuesta quema de camiones junto a Patricio Queipul. Durante cuatro años debe asistir al Centro de Reinserción Social (CRS) de Angol, una medida dictada por tribunales a cargo del equipo de Gendarmería. El primer año acudía todas las semanas y, actualmente, una vez al mes. Cuenta que se trata de una asistencia psicológica donde los profesionales a cargo le aplican distintos test para saber si ha cambiado su “actitud violenta”. Pero hay serios desencuentros en esos criterios que utilizan los profesionales. Hugo reproduce parte de los diálogos que mantiene con ellos- o que alguna vez mantuvo porque confiesa que cada vez espera que las sesiones sean más cortas-:

– Usted, con lo primero que me pregunta, lo único que hace es que yo piense en cómo voy a venir la próxima semana – comenta el dirigente mapuche con angustia.

– Pero esa no es la pregunta- le han dicho los encargados mientras siguen llenando las fichas que registran su situación.

– Claro, si no les interesa mucho. Todo eso genera gastos, pérdida de tiempo. Yo podría estar sin problema trabajando en lo que fuera, incluso aquí mismo.

En medio de los balbuceos de su hija, continúa: “Yo les pido ´díganme lo que tengo que decir´, pero entre pregunta y pregunta a veces también tiran cosas de la Biblia y de Dios. Entonces, yo les insisto en que no me digan eso, si yo soy mapuche y tengo mis creencias. Pero después, pienso en que quiero terminar todo, y les doy ese Amén que tanto quieren”.

Cabe señalar que desde la PDI sostuvieron que ellos no habrían sido parte de la operación, sino que ésta habría estado a cargo exclusivamente de Carabineros.

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