La semana pasada el Archivo Nacional convocó a distintos expertos a debatir en sobre el rol de los centros de documentación frente a la información relacionada con los derechos humanos. Esto, en el marco del seminario Archivos y archiveros para los DDHH: ejerciendo la ciudadanía en el siglo XXI.
En la ocasión, Mariana Nazar, historiadora y archivista quien desde 1998 forma parte del Archivo General de la Nación de Argentina, donde coordina el Programa de Capacitación, conversó con Radio y Diario Universidad de Chile para analizar la situación de los archivos en el continente.
¿Cómo ha sido la experiencia argentina respecto de la conservación de documentos ligados a DDHH?
Organizaciones como Madres de Plaza de Mayo, entre otras, reclamaron desde antes que finalizara la dictadura la información, pero una vez terminado este periodo los reclamos llegaron a un nivel mayor. En el gobierno de Raúl Alfonsín se creó la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep), que tomó los testimonios de víctimas y familiares de detenidos desaparecidos para luego dar a conocer el informe Nunca más. Pero recién en el año 2003, cuando el gobierno de Néstor Kirchner toma como bandera la cuestión de los DDHH, se empieza a ver un proceso que integra mucho más puntualizadamente o focalizadamente los archivos.
Entonces, se generó una política de memoria …
Claro, pero las políticas de memoria se sobre entendieron, porque una política de memoria no es una política archivística. En nuestro caso la política de memoria fue muy amplia. Incluyó muchos procesos de conocimiento, de construcción colectiva, pero dentro de esa política lo que se hizo en materia de archivo fue crear un archivo nacional que fue emulado en distintas provincias que tienen por función recolectar documentación con criterios temáticos y cronológicos. Es decir, está la idea de que hay que juntar documentos, pero eso genera muchos inconvenientes a la hora de quién decide qué información es pertinente.
Eso quiere decir que esa política de memoria estableció una especie limitación …
Claro , lo que se hizo fue condicionar las posibilidades de construcción de la historia.
Pero entonces, ¿qué rol deberían asumir los museos y sitios de memoria para eludir ese condicionamiento?
Todos los que son sitios de memoria, museos de memoria, espacios de memoria son elementos súper potenciadores para generar conciencia en la sociedad, para que existan y se sostengan determinadas políticas de Estado, para difundir la memoria. Pero no necesariamente porque exista un espacio de memoria se van a preservar los archivos. Insisto: qué haya una política de memoria a nivel estatal no lleva a que haya una política de archivo. Hoy todos los estudios dicen que la memoria es una construcción social que se hace desde el presente, otorgándole sentido a cuestiones del pasado. Entonces, si los archivos se instrumentalizan, en verdad se obturan las posibilidades de que la sociedad pueda construir otras memorias a futuro.
¿Qué elementos debe tener una política de archivos vinculada a los DDHH?
La política archivística de la documentación vinculada a los DDHH no tiene ningún tipo de especifidad más que algunos cuidados que hay que tener para poder resolver y responder rápidamente determinados pedidos. Entonces, el Estado tiene que hacerse cargo de tener una política de cuidado, de preservación, de difusión y de acceso a la información y esto también implica tener una política de evaluación documental, o sea, no todo lo que se produce debe ser guardado, ahora los criterios para saber qué se guarda y qué se tira tampoco pueden ser arbitrarios. Un Estado democrático debe sostenerse en la idea de que la información que produce no es de los funcionarios, sino de la ciudadanía y lo que tiene que hacer es facilitar el acceso.
Y, ¿qué pasa con la información contenida en, por ejemplo, la comisión Valech?
La comisión Valech me parece que es una fuente de información importantísima para la memoria, para la historia y para el ejercicio de derechos. Quedé maravillada de la posibilidad de que se pueda quitar la restricción de acceso. A mí siempre me pareció, una locura que no se brindara la información de la comisión Valech a la justicia, porque una cosa es reservar la información sensible que pueda haber en determinados documentos para que no esté al acceso público, para proteger la intimidad. Pero hay un derecho colectivo a la justicia que debe prevalecer por sobre ese derecho individual a la protección. La justicia tiene que ser superior a la clasificación.
La semana pasada el Archivo Nacional convocó a distintos expertos a debatir en sobre el rol de los centros de documentación frente a la información relacionada con los derechos humanos. Esto, en el marco del seminario Archivos y archiveros para los DDHH: ejerciendo la ciudadanía en el siglo XXI.
En la ocasión, Mariana Nazar, historiadora y archivista quien desde 1998 forma parte del Archivo General de la Nación de Argentina, donde coordina el Programa de Capacitación, conversó con Radio y Diario Universidad de Chile para analizar la situación de los archivos en el continente.
¿Cómo ha sido la experiencia argentina respecto de la conservación de documentos ligados a DDHH?
Organizaciones como Madres de Plaza de Mayo, entre otras, reclamaron desde antes que finalizara la dictadura la información, pero una vez terminado este periodo los reclamos llegaron a un nivel mayor. En el gobierno de Raúl Alfonsín se creó la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep), que tomó los testimonios de víctimas y familiares de detenidos desaparecidos para luego dar a conocer el informe Nunca más. Pero recién en el año 2003, cuando el gobierno de Néstor Kirchner toma como bandera la cuestión de los DDHH, se empieza a ver un proceso que integra mucho más puntualizadamente o focalizadamente los archivos.
Entonces, se generó una política de memoria …
Claro, pero las políticas de memoria se sobre entendieron, porque una política de memoria no es una política archivística. En nuestro caso la política de memoria fue muy amplia. Incluyó muchos procesos de conocimiento, de construcción colectiva, pero dentro de esa política lo que se hizo en materia de archivo fue crear un archivo nacional que fue emulado en distintas provincias que tienen por función recolectar documentación con criterios temáticos y cronológicos. Es decir, está la idea de que hay que juntar documentos, pero eso genera muchos inconvenientes a la hora de quién decide qué información es pertinente.
Eso quiere decir que esa política de memoria estableció una especie limitación …
Claro , lo que se hizo fue condicionar las posibilidades de construcción de la historia.
Pero entonces, ¿qué rol deberían asumir los museos y sitios de memoria para eludir ese condicionamiento?
Todos los que son sitios de memoria, museos de memoria, espacios de memoria son elementos súper potenciadores para generar conciencia en la sociedad, para que existan y se sostengan determinadas políticas de Estado, para difundir la memoria. Pero no necesariamente porque exista un espacio de memoria se van a preservar los archivos. Insisto: qué haya una política de memoria a nivel estatal no lleva a que haya una política de archivo. Hoy todos los estudios dicen que la memoria es una construcción social que se hace desde el presente, otorgándole sentido a cuestiones del pasado. Entonces, si los archivos se instrumentalizan, en verdad se obturan las posibilidades de que la sociedad pueda construir otras memorias a futuro.
¿Qué elementos debe tener una política de archivos vinculada a los DDHH?
La política archivística de la documentación vinculada a los DDHH no tiene ningún tipo de especifidad más que algunos cuidados que hay que tener para poder resolver y responder rápidamente determinados pedidos. Entonces, el Estado tiene que hacerse cargo de tener una política de cuidado, de preservación, de difusión y de acceso a la información y esto también implica tener una política de evaluación documental, o sea, no todo lo que se produce debe ser guardado, ahora los criterios para saber qué se guarda y qué se tira tampoco pueden ser arbitrarios. Un Estado democrático debe sostenerse en la idea de que la información que produce no es de los funcionarios, sino de la ciudadanía y lo que tiene que hacer es facilitar el acceso.
Y, ¿qué pasa con la información contenida en, por ejemplo, la comisión Valech?
La comisión Valech me parece que es una fuente de información importantísima para la memoria, para la historia y para el ejercicio de derechos. Quedé maravillada de la posibilidad de que se pueda quitar la restricción de acceso. A mí siempre me pareció, una locura que no se brindara la información de la comisión Valech a la justicia, porque una cosa es reservar la información sensible que pueda haber en determinados documentos para que no esté al acceso público, para proteger la intimidad. Pero hay un derecho colectivo a la justicia que debe prevalecer por sobre ese derecho individual a la protección. La justicia tiene que ser superior a la clasificación.
La semana pasada el Archivo Nacional convocó a distintos expertos a debatir en sobre el rol de los centros de documentación frente a la información relacionada con los derechos humanos. Esto, en el marco del seminario Archivos y archiveros para los DDHH: ejerciendo la ciudadanía en el siglo XXI.
En la ocasión, Mariana Nazar, historiadora y archivista quien desde 1998 forma parte del Archivo General de la Nación de Argentina, donde coordina el Programa de Capacitación, conversó con Radio y Diario Universidad de Chile para analizar la situación de los archivos en el continente.
¿Cómo ha sido la experiencia argentina respecto de la conservación de documentos ligados a DDHH?
Organizaciones como Madres de Plaza de Mayo, entre otras, reclamaron desde antes que finalizara la dictadura la información, pero una vez terminado este periodo los reclamos llegaron a un nivel mayor. En el gobierno de Raúl Alfonsín se creó la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep), que tomó los testimonios de víctimas y familiares de detenidos desaparecidos para luego dar a conocer el informe Nunca más. Pero recién en el año 2003, cuando el gobierno de Néstor Kirchner toma como bandera la cuestión de los DDHH, se empieza a ver un proceso que integra mucho más puntualizadamente o focalizadamente los archivos.
Entonces, se generó una política de memoria …
Claro, pero las políticas de memoria se sobre entendieron, porque una política de memoria no es una política archivística. En nuestro caso la política de memoria fue muy amplia. Incluyó muchos procesos de conocimiento, de construcción colectiva, pero dentro de esa política lo que se hizo en materia de archivo fue crear un archivo nacional que fue emulado en distintas provincias que tienen por función recolectar documentación con criterios temáticos y cronológicos. Es decir, está la idea de que hay que juntar documentos, pero eso genera muchos inconvenientes a la hora de quién decide qué información es pertinente.
Eso quiere decir que esa política de memoria estableció una especie limitación …
Claro , lo que se hizo fue condicionar las posibilidades de construcción de la historia.
Pero entonces, ¿qué rol deberían asumir los museos y sitios de memoria para eludir ese condicionamiento?
Todos los que son sitios de memoria, museos de memoria, espacios de memoria son elementos súper potenciadores para generar conciencia en la sociedad, para que existan y se sostengan determinadas políticas de Estado, para difundir la memoria. Pero no necesariamente porque exista un espacio de memoria se van a preservar los archivos. Insisto: qué haya una política de memoria a nivel estatal no lleva a que haya una política de archivo. Hoy todos los estudios dicen que la memoria es una construcción social que se hace desde el presente, otorgándole sentido a cuestiones del pasado. Entonces, si los archivos se instrumentalizan, en verdad se obturan las posibilidades de que la sociedad pueda construir otras memorias a futuro.
¿Qué elementos debe tener una política de archivos vinculada a los DDHH?
La política archivística de la documentación vinculada a los DDHH no tiene ningún tipo de especifidad más que algunos cuidados que hay que tener para poder resolver y responder rápidamente determinados pedidos. Entonces, el Estado tiene que hacerse cargo de tener una política de cuidado, de preservación, de difusión y de acceso a la información y esto también implica tener una política de evaluación documental, o sea, no todo lo que se produce debe ser guardado, ahora los criterios para saber qué se guarda y qué se tira tampoco pueden ser arbitrarios. Un Estado democrático debe sostenerse en la idea de que la información que produce no es de los funcionarios, sino de la ciudadanía y lo que tiene que hacer es facilitar el acceso.
Y, ¿qué pasa con la información contenida en, por ejemplo, la comisión Valech?
La comisión Valech me parece que es una fuente de información importantísima para la memoria, para la historia y para el ejercicio de derechos. Quedé maravillada de la posibilidad de que se pueda quitar la restricción de acceso. A mí siempre me pareció, una locura que no se brindara la información de la comisión Valech a la justicia, porque una cosa es reservar la información sensible que pueda haber en determinados documentos para que no esté al acceso público, para proteger la intimidad. Pero hay un derecho colectivo a la justicia que debe prevalecer por sobre ese derecho individual a la protección. La justicia tiene que ser superior a la clasificación.
