Víctor Queipul señaló que ha tenido acceso a la carpeta de investigación de la “Operación Huracán” y aseguró que las detenciones de los ocho acusados bajo la ley antiterrorista es un nuevo montaje del Gobierno. A su juicio, los argumentos y las pruebas presentadas por la Fiscalía y el Ministerio del interior son débiles.
De acuerdo al longko, esta operación es parte de una campaña política y una disputa electoral que ha posicionado nuevamente el tema mapuche como uno de los ejes principales de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias.
“A nosotros como mapuche esto no nos va a amedrentar, todo lo contrario, no da más fuerza porque todo el mundo está cuestionando la acusación por el caso Huracán, donde se aplicó la Ley Antiterrorista. Esto no va a llegar a ninguna parte, solo tienen las pruebas de conversaciones de whatsapp y eso no es suficiente para mantener la prisión de los ocho peñi”, afirmó.
Por su parte, Rodrigo Curipan indicó que la operación Huracán es un montaje gatillado por la negociación que sostuvo el gremio de camioneros con el Gobierno a principio de septiembre, luego de las amenazas de paro. El werken aseguró que las detenciones son el resultado de las presiones políticas y económicas del empresariado de la zona.
“En reiteradas ocasiones hemos estado en presencia de montajes. Lo que estamos señalando ahora es que cuando vino el gremio de camioneros a La Moneda y le abrieron las puertas, vimos un acuerdo muy débil del punto de vista público después de la reunión. Sin embargo, por lo visto existe un segundo acuerdo secreto que hoy nos permite pensar que efectivamente gatilló en una operación política que hoy mantiene a mapuches tras las rejas”, sostuvo.
El werken dijo que dudan de los mensajes de whatsapp que se presentaron como prueba en las acusaciones, ya que consideran que podrían ser falsos. En esa línea, agregó que los alegatos que la defensa presentó este martes en la Corte Suprema fueron claros en demostrar lo que desde las comunidades han calificado como “una conspiración de parte del Estado”.
“No hay que olvidar que en la reunión del 21 de septiembre no solo se sentó la policía, el Ministerio Público y el Gobierno, que era lo habitual, sino también los presidentes de las cortes de apelación de Concepción, Temuco y Valdivia. Esto evidencia que la independencia de los poderes del Estado no existe y que la conspiración contra los mapuche es una realidad”, explicó.
Por otro lado, Víctor Queipul se refirió a la situación actual de La Araucanía, donde manifestó que no se respeta el estado de derecho para el pueblo mapuche, principalmente por la violencia con que Carabineros entra a las comunidades.
En ese sentido, recordó su secuestro en junio del año pasado. “Yo estoy amenazado de muerte. Esas personas que me secuestraron eran cuatro civiles, pero no dudo que sean realmente carabineros, porque ese día 14 de junio cuando llegaron a mi casa a invadirme, lo hicieron junto a 20 vehículos blindados. Eso parecía guerra, yo tengo pruebas suficientes si es que el Ministerio Público y la justicia quisiera investigar”.
Respecto del nuevo trato para el pueblo mapuche que prometió la presidenta Michelle Bachelet durante su campaña, Rodrigo Curipan dijo que esto es una más de las promesas que no se han cumplido, por lo que desde las comunidades han decidido no creer en una institucionalidad que ocupa ilegítimamente un territorio.
El werken indicó que como mapuche han buscado otras formas de reivindicar tanto sus derechos políticos como territoriales, lo que ejemplifica en “los procesos de recuperación de tierras por la vía de los hechos”.
Mientras que sobre la mesa de diálogo y el proceso constituyente, señaló que no han participado porque se mantiene la lógica en la que el Estado impone la institucionalidad chilena por sobre la mapuche. Los dirigentes coincidieron en que quienes hoy han acudido a esas instancias como representantes del pueblo mapuche no cuentan con el respaldo de las comunidades.
Víctor Queipul señaló que ha tenido acceso a la carpeta de investigación de la “Operación Huracán” y aseguró que las detenciones de los ocho acusados bajo la ley antiterrorista es un nuevo montaje del Gobierno. A su juicio, los argumentos y las pruebas presentadas por la Fiscalía y el Ministerio del interior son débiles.
De acuerdo al longko, esta operación es parte de una campaña política y una disputa electoral que ha posicionado nuevamente el tema mapuche como uno de los ejes principales de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias.
“A nosotros como mapuche esto no nos va a amedrentar, todo lo contrario, no da más fuerza porque todo el mundo está cuestionando la acusación por el caso Huracán, donde se aplicó la Ley Antiterrorista. Esto no va a llegar a ninguna parte, solo tienen las pruebas de conversaciones de whatsapp y eso no es suficiente para mantener la prisión de los ocho peñi”, afirmó.
Por su parte, Rodrigo Curipan indicó que la operación Huracán es un montaje gatillado por la negociación que sostuvo el gremio de camioneros con el Gobierno a principio de septiembre, luego de las amenazas de paro. El werken aseguró que las detenciones son el resultado de las presiones políticas y económicas del empresariado de la zona.
“En reiteradas ocasiones hemos estado en presencia de montajes. Lo que estamos señalando ahora es que cuando vino el gremio de camioneros a La Moneda y le abrieron las puertas, vimos un acuerdo muy débil del punto de vista público después de la reunión. Sin embargo, por lo visto existe un segundo acuerdo secreto que hoy nos permite pensar que efectivamente gatilló en una operación política que hoy mantiene a mapuches tras las rejas”, sostuvo.
El werken dijo que dudan de los mensajes de whatsapp que se presentaron como prueba en las acusaciones, ya que consideran que podrían ser falsos. En esa línea, agregó que los alegatos que la defensa presentó este martes en la Corte Suprema fueron claros en demostrar lo que desde las comunidades han calificado como “una conspiración de parte del Estado”.
“No hay que olvidar que en la reunión del 21 de septiembre no solo se sentó la policía, el Ministerio Público y el Gobierno, que era lo habitual, sino también los presidentes de las cortes de apelación de Concepción, Temuco y Valdivia. Esto evidencia que la independencia de los poderes del Estado no existe y que la conspiración contra los mapuche es una realidad”, explicó.
Por otro lado, Víctor Queipul se refirió a la situación actual de La Araucanía, donde manifestó que no se respeta el estado de derecho para el pueblo mapuche, principalmente por la violencia con que Carabineros entra a las comunidades.
En ese sentido, recordó su secuestro en junio del año pasado. “Yo estoy amenazado de muerte. Esas personas que me secuestraron eran cuatro civiles, pero no dudo que sean realmente carabineros, porque ese día 14 de junio cuando llegaron a mi casa a invadirme, lo hicieron junto a 20 vehículos blindados. Eso parecía guerra, yo tengo pruebas suficientes si es que el Ministerio Público y la justicia quisiera investigar”.
Respecto del nuevo trato para el pueblo mapuche que prometió la presidenta Michelle Bachelet durante su campaña, Rodrigo Curipan dijo que esto es una más de las promesas que no se han cumplido, por lo que desde las comunidades han decidido no creer en una institucionalidad que ocupa ilegítimamente un territorio.
El werken indicó que como mapuche han buscado otras formas de reivindicar tanto sus derechos políticos como territoriales, lo que ejemplifica en “los procesos de recuperación de tierras por la vía de los hechos”.
Mientras que sobre la mesa de diálogo y el proceso constituyente, señaló que no han participado porque se mantiene la lógica en la que el Estado impone la institucionalidad chilena por sobre la mapuche. Los dirigentes coincidieron en que quienes hoy han acudido a esas instancias como representantes del pueblo mapuche no cuentan con el respaldo de las comunidades.
Víctor Queipul señaló que ha tenido acceso a la carpeta de investigación de la “Operación Huracán” y aseguró que las detenciones de los ocho acusados bajo la ley antiterrorista es un nuevo montaje del Gobierno. A su juicio, los argumentos y las pruebas presentadas por la Fiscalía y el Ministerio del interior son débiles.
De acuerdo al longko, esta operación es parte de una campaña política y una disputa electoral que ha posicionado nuevamente el tema mapuche como uno de los ejes principales de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias.
“A nosotros como mapuche esto no nos va a amedrentar, todo lo contrario, no da más fuerza porque todo el mundo está cuestionando la acusación por el caso Huracán, donde se aplicó la Ley Antiterrorista. Esto no va a llegar a ninguna parte, solo tienen las pruebas de conversaciones de whatsapp y eso no es suficiente para mantener la prisión de los ocho peñi”, afirmó.
Por su parte, Rodrigo Curipan indicó que la operación Huracán es un montaje gatillado por la negociación que sostuvo el gremio de camioneros con el Gobierno a principio de septiembre, luego de las amenazas de paro. El werken aseguró que las detenciones son el resultado de las presiones políticas y económicas del empresariado de la zona.
“En reiteradas ocasiones hemos estado en presencia de montajes. Lo que estamos señalando ahora es que cuando vino el gremio de camioneros a La Moneda y le abrieron las puertas, vimos un acuerdo muy débil del punto de vista público después de la reunión. Sin embargo, por lo visto existe un segundo acuerdo secreto que hoy nos permite pensar que efectivamente gatilló en una operación política que hoy mantiene a mapuches tras las rejas”, sostuvo.
El werken dijo que dudan de los mensajes de whatsapp que se presentaron como prueba en las acusaciones, ya que consideran que podrían ser falsos. En esa línea, agregó que los alegatos que la defensa presentó este martes en la Corte Suprema fueron claros en demostrar lo que desde las comunidades han calificado como “una conspiración de parte del Estado”.
“No hay que olvidar que en la reunión del 21 de septiembre no solo se sentó la policía, el Ministerio Público y el Gobierno, que era lo habitual, sino también los presidentes de las cortes de apelación de Concepción, Temuco y Valdivia. Esto evidencia que la independencia de los poderes del Estado no existe y que la conspiración contra los mapuche es una realidad”, explicó.
Por otro lado, Víctor Queipul se refirió a la situación actual de La Araucanía, donde manifestó que no se respeta el estado de derecho para el pueblo mapuche, principalmente por la violencia con que Carabineros entra a las comunidades.
En ese sentido, recordó su secuestro en junio del año pasado. “Yo estoy amenazado de muerte. Esas personas que me secuestraron eran cuatro civiles, pero no dudo que sean realmente carabineros, porque ese día 14 de junio cuando llegaron a mi casa a invadirme, lo hicieron junto a 20 vehículos blindados. Eso parecía guerra, yo tengo pruebas suficientes si es que el Ministerio Público y la justicia quisiera investigar”.
Respecto del nuevo trato para el pueblo mapuche que prometió la presidenta Michelle Bachelet durante su campaña, Rodrigo Curipan dijo que esto es una más de las promesas que no se han cumplido, por lo que desde las comunidades han decidido no creer en una institucionalidad que ocupa ilegítimamente un territorio.
El werken indicó que como mapuche han buscado otras formas de reivindicar tanto sus derechos políticos como territoriales, lo que ejemplifica en “los procesos de recuperación de tierras por la vía de los hechos”.
Mientras que sobre la mesa de diálogo y el proceso constituyente, señaló que no han participado porque se mantiene la lógica en la que el Estado impone la institucionalidad chilena por sobre la mapuche. Los dirigentes coincidieron en que quienes hoy han acudido a esas instancias como representantes del pueblo mapuche no cuentan con el respaldo de las comunidades.
