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Año IX, 18 de noviembre de 2017

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Enrique Villanueva

Pactos de silencio y vergüenza nacional

Enrique Villanueva | Domingo 22 de octubre 2017 9:58 hrs.

Hace un tiempo atrás hubiera sido difícil ver a un ultra derechista reivindicando de manera desembozada el odio hacia la izquierda, reivindicando a la dictadura, empleando las cámaras de los canales de televisión, los medios de prensa escrita, para incitar a la violencia y victimizar a los asesinos condenados por crímenes de lesa humanidad.

Ante el creciente cuestionamiento ciudadano por la grosera mercantilización de derechos ciudadanos fundamentales, como la educación, la salud las pensiones, la derecha, con sus dos candidatos, se atrinchera y busca el apoyo desesperado en el gran empresariado y en las Fuerzas Armadas. Con discursos populistas, ambos validan el modelo económico que ubica a Chile en uno de los países más desiguales del planeta y bajo una supuesta mirada humanitaria, defienden el crimen y el genocidio dictatorial, intentando liberar a los criminales presos en Punta Peuco. (Cárcel de lujo que esperamos como se prometió deje de existir)

Nunca antes habíamos visto de manera tan nítida como grosera, las consecuencias del pacto político de no agresión con el cual se edificó el edificio político post dictadura, protegiendo a quienes asumieron colaborar con los gobiernos democráticos. Los ex funcionarios, civiles y militares de la dictadura, quienes se beneficiaron de los horrores de la represión mantuvieron sus privilegios y se les trato, salvo casos emblemáticos, como si nada hubiera ocurrido, porque lo que importaba era la transición a la democracia, estos bandidos aparecen hoy defendiendo abiertamente su pasado y aspirando a la presidencia de la república y a cargos en el congreso.

Poco importa que la apología de la tiranía y del terrorismo de estado ofenda abiertamente la dignidad de las víctimas y la memoria histórica colectiva, ante la mirada ambigua del gobierno y de los partidos herederos de la concertación. La derecha Pinochetista se impone, con prepotencia, cuenta con una gran cobertura en los medios de información y con el periodismo de la transición, cuya influencia para avalar la impunidad, salvo excepciones, ha sido fundamental, silenciando las violaciones a los derechos humanos y protegiendo a los victimarios.

Con esta misma impunidad, han operado hasta ahora los pactos de silencio que impiden la acción de la justicia, el reciente testimonio de Carmen Frei sobre el asesinato de su padre, el ex presidente Eduardo Frei, dejo en evidencia que un conjunto de civiles y militares se coludieron, por años, para ocultar el crimen, tal como lo han hecho con los miles de asesinatos cometidos en contra de chilenas y chilenos.

En este asesinato aparecen como autores o cómplices el ex ministro de defensa de Patricio Aylwin, Patricio Rojas, médicos, personal y funcionarios de la Clínica Santa María, de la Clínica de la Universidad Católica. En el Ejército los hoy ex generales Cheyre e Izurieta y el actual jefe del ejército Oviedo, señalaron siempre “que cooperaban con la justicia” mientras entregaron oficios intrascendentes a los jueces, indicando que no había antecedentes sobre el caso.

Así ha sucedido con la gran mayoría de los asesinatos que se cometieron en dictadura, con gobiernos que por 28 años han aceptado el silencio, aun conociendo los hechos a través de testimonios de sobrevivientes y testigos (comisión Valech y Rettig). La no intervención política, para exigir a las FFAA la entrega de la información sobre innumerables casos de violaciones a los derechos humanos, ha facilitado que los hechores mantengan el secreto pactado respecto de sus actuaciones criminales, impidiendo que la opinión pública y la justicia civil o penal interfieran.

Los pactos de silencio existen, en las FFAA, allí está la información que se requiere para saber el paradero de los chilenos y chilenas asesinados y desaparecidos, para conocer quienes planificaron y ejecutaron los crímenes de lesa humanidad, abusos, torturas y asesinatos. Quienes fuimos militares y nos opusimos al golpe, sabemos que los nombres de cada oficial que estuvo a cargo de las unidades militares, preparadas como campos de detención y de todo el personal a su cargo, están en los registros militares o en la memoria de quienes participaron en cada uno de esos hechos.

Los pactos de silencio, mal interpretados como un “código de honor”, más propio de la mafia siciliana, permiten que los autores intelectuales y materiales de abusos, torturas y crímenes guarden silencio, protegiéndose y protegiendo a sus superiores jerárquicos o pares. Un pacto de silencio que abarca no solo a militares, sino que, a políticos y empresarios, quienes en conjunto con los mandos superiores de las FFAA planificaron el golpe cívico militar, la represión y luego formaron gobierno.

En la Fuerza Aérea, se sabe quiénes planificaron el bombardeo a la Moneda y los pilotos que volaron los aviones, quienes dejaron caer sobre el palacio presidencial cohetes y ráfagas de ametralladoras para asesinar al presidente de la república, se sabe que el ex general Mathei era el director de la Academia de Guerra Aérea (AGA) uno de los principales centros de torturas, se conoce quienes allí torturaron a miles de chilenos y chilenas y se sabe quiénes actuaron como carceleros, en ese y en las demás dependencias de la Fach.

De la misma manera se conoce la información en el Ejercito, en la Marina, en Carabineros, de quienes, según datos oficiales del Estado Chileno, son los responsables de los 5373 chilenos y chilenas que fueron detenidos, torturados solamente durante los primeros tres días del golpe[1]. Toda esta información es la que ocultan los militares, ex oficiales que hoy están jubilados, quienes mantienen todos sus privilegios y que se amparan en las instituciones castrenses, apelando a una defensa corporativa, pretendiendo que todo lo que hicieron fue en bien de la patria y para salvar a chile del comunismo.

Hace menos de dos años se conoció públicamente que en el ejercito fueron asimilados 1200 agentes de la CNI, en 1990, y que la institución les cobijo y cobija hasta el día de hoy, como sucede en las demás ramas de la defensa nacional. Información que de manera reiterada ha sido negada por los altos mandos de las instituciones de la defensa nacional y de carabineros.[2] La mayoría de quienes aparecen en estas listas, con sus nombres y grados militares, no han sido investigados ni condenados por delitos de lesa humanidad, a pesar de que cumplieron funciones operativas en brigadas vinculadas a crímenes brutales.

Por lo tanto, lo que falta no es información, es falta de voluntad política para terminar con los pactos de silencio, ordenando a las FFAA que entreguen la información que se necesita para llevar a la justicia a quienes están comprometidos con crímenes de lesa humanidad.

Por aquellos que dieron sus vidas por la libertad de Chile, hay que continuar luchando contra la impunidad, para que nuestros hijos y nietos nunca les olviden.

[1] Cómputos de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2005)

[2] www.publimetro.cl/cl/politica/2013/11/25/ejercito-sigue-pagando-sueldos-ex-agentes-cni-dina.html