El miércoles 23 de agosto un grupo de activistas llegó hasta las dependencias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ubicada en Vitacura. Uno de los principales objetivos era solicitar que la entidad intercediera frente al Ministerio de Salud ante una medida que pretendía mover los tratamientos del VIH al sistema de atención primaria de salud (APS). Pasadas las horas, y ante la imposibilidad de llegar a puerto, los dirigentes se acuartelaron en el edificio. Uno de ellos, Willy Morales, de la Red Nacional de Pueblos Indígenas, anunció que no se movería si es que no existía un compromiso efectivo. “Mi vida y la de muchos indígenas que viven con VIH está en peligro por la omisión del Estado, en complicidad con la OPS”, dijo.

Un mes después una funcionaria del Servicio de Salud de Iquique solicitó a un tercero que se diera inicio en esa ciudad a la derivación de mujeres viviendo con VIH al sistema de APS.

Alertados por esta noticia, miembros de la Plataforma Social del VIH/Sida y los Derechos Humanos realizaron la consulta pertinente al doctor Edgardo Vera, jefe del Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/Sida. Éste, en un mensaje fechado el 23 de octubre, contestó que para ese instante el control de personas seguía dependiendo del nivel secundario, es decir, de los centros de dispensación y terapia antiretroviral a lo largo del país, que en su totalidad suman 39.

“Lo observado por tu organización en el norte del país, responde a que el Servicio de Salud Iquique inició coordinaciones entre las distintas instancias y niveles de su red asistencial”, informó.

De todas maneras, desde la Plataforma miraron el mensaje con desconfianza, sospechando que lo que había detrás del correo electrónico era el puntapié inicial del plan piloto para trasladar los tratamientos al sistema de APS.

Retroceder el camino recorrido

En conversación con este medio, la doctora especialista en inmunología y VIH de la Universidad de Chile, Cecilia Sepúlveda, confirmó que, en una instancia asesora, desde Minsal les plantearon la intención de hacer efectiva la política pública. La medida supuestamente respondía a recomendaciones que venían desde Onusida, organización que alertó del aumento en un 34% de contagios en suelo nacional entre 2010 y 2016.

A juicio de la experta, lo que hizo Onusida fue recomendar una modernización al Modelo de Atención para pacientes Viviendo con VIH/Sida; lejos a lo que habría sido interpretado por las autoridades.

“Si hay aspectos que mejorar, eso debería ser actualizar el modelo y no cambiarlo por otro. Me parece que es un despropósito el traslado de los pacientes a ese nivel de atención. Todos sabemos de las dificultades que hay en la atención primaria, que no da abasto para resolver los problemas de salud de las personas que llegan allí. No se entiende cómo se podría estar trasladando, además, a estos pacientes que son complejos”, dijo.

La doctora Sepúlveda también indicó que este escenario se podría llevar a cabo solo si en la APS existieran las condiciones idóneas. Es decir: presencia de equipos multidisciplinarios que dispongan del número de horas necesarias para atender a pacientes; espacios físicos; recursos económicos; y asegurar la confidencialidad a las personas en sus tratamientos.

“En la actualidad, los centros de dispensación y terapia antiretroviral a lo largo del país son especializados y multidisciplinarios, donde no solamente hay médicos o enfermeras, sino que también atención sicológica, asistente social, matronas, etc. Por lo demás, son centros que se han ido conformando de acuerdo a lo señalado en el modelo de atención que se generó el año 2005 y que ha dado a mi juicio y a juicio de los pacientes una atención de gran calidad y muy humana a lo largo de estos años”, agregó la doctora Sepúlveda.

Consultado por la posibilidad de disponer de estas prácticas en lugares como consultorios, el presidente de la Confederación Nacional de la Salud Municipal, Esteban Maturana, comentó algo que va en la misma línea.

“Si uno genera las condiciones (confianza y adecuada reserva) no habría ningún problema. Ahora, para que la atención primaria asuma esa responsabilidad hay que hacerse cargo, primero, que hoy en día no estamos preparados para asumirla. Nos faltan condiciones en términos de infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Eso tiene que ver con un tema de financiamiento”, explicó.

Mucho más enfático, por su parte, fue Víctor Hugo Robles, activista más conocido como “El Che de los Gays” e integrante de la Plataforma Social del VIH/Sida y los Derechos Humanos. En entrevista con este medio declaró que la medida es algo absolutamente descontextualizado a la realidad chilena.

“En localidades pequeñas y cerradas, como lo son los consultorios, donde se atiende la vecina, el hermano, el primo, podría abrir la puerta a la discriminación y al estigma. Si esto no es conversado y no existe participación de la sociedad civil, de las personas que vivimos con VIH que nos hemos organizado para dar una respuesta social, vamos a pedir la renuncia de Edgardo Vera”, dijo.

Robles contó que como Plataforma se reunieron en la tarde de este martes con Ximena Zavala, asesora de la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Lorena Fríes. En la reunión, los dirigentes sociales habrían compartido la posición contraria al cambio de modelo de atención integral que implicará el traslado a los consultorios primarios.

Robles, además, habría advertido a Zavala que este trato “discriminador e inconsulto viola los derechos humanos”; y que, en caso de ser dispuesto como política pública, recurrirán a organismos internacionales.

Hasta el cierre de esta edición este medio intentó comunicarse con el doctor Edgardo Vera. La autoridad se encontraba en trabajo en terreno, sin señal, por lo que no fue posible realizar la entrevista.