Este viernes dos organizaciones llegaron hasta las oficinas del Ministerio de Salud para entregar una carta y pedir una reunión con la jefa de cartera, Carmen Castillo. El motivo era el eventual cambio en el modelo de atención integral para personas viviendo con VIH que no ha sido transparentado y que se ha tratado mayormente en instancias formales, como lo anunció este medio a comienzos de semana.

Lo anterior no solo representa un problema para las personas que reciben tratamientos de este tipo, sino que también para la Confederación Nacional de la Salud Municipal (Confusam), que no cuenta con los recursos disponibles para hacerse cargo de este tema.

Así lo dijo Esteban Maturana, presidente de la instancia, quien además contó que tras una reunión esta semana con miembros de la Plataforma Social en VIH/Sida y Derechos Humanos, decidieron que necesitaban recoger más antecedentes de la polémica iniciativa.

“Resolvimos que este es un tema que tiene que ser conversado con los actores directamente involucrados, dentro de ellos las organizaciones que representan al mundo de los portadores de VIH, y por supuesto a los trabajadores de la atención primaria que se verían involucrados en un eventual cambio del modelo para que se traten”, expresó a las afueras del edificio.

En la misiva que entregaron Confusam junto a la Plataforma al Ministerio se lee lo siguiente: “que de existir tal proyecto o estar en consideración en la cartera a su cargo, hasta la fecha, ninguna de las dos organizaciones que suscribimos la presente carta han sido contactadas, menos aún informadas de ello, razón por la cual consideramos de la mayor urgencia se nos entreguen todos los antecedentes a fin de poder tomar postura sobre un tema de nuestra mayor preocupación e interés”.

Por su parte, Víctor Hugo Robles, miembro de la Plataforma Social en VIH/Sida y Derechos Humanos, volvió a reiterar el problema central de este modelo que amenazaría la confidencialidad de los pacientes.

“Vemos con preocupación el cambio. No hemos participado de la decisión y no aceptamos el traslado a un sistema donde no existen especialistas y donde se podría abrir la puerta a la discriminación y el estigma”, dijo.

Queda ver entonces qué efectos podría tener el hecho de que se llegara a concretar la instancia entre la ciudadanía y el Ejecutivo, lo que a todas luces sería un revés para el jefe del Programa Nacional de Prevención y Control de VIH, Edgardo Vera, el hombre al que apuntan los activistas históricos.