Según revela el reportaje de la periodista Pascale Bonnefoy, a principio del año 2000 aproximadamente 50 rollos de microfilmes que contenían información de los principales órganos represivos de la dictadura fueron quemados en la Escuela de Inteligencia del Ejército en la localidad de Nos.
Mientras esto ocurría, estaba en pleno desarrollo la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos, donde desde las Fuerzas Armadas aseguraron que no tenían información sobre los crímenes cometidos. Sin embargo, se comprometieron a obtener antecedentes útiles “para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o establecer su destino”.
Héctor Salazar, abogado de DDHH y miembro de la Mesa de Diálogo que se llevó acabo entre el año 1999 y 2000, fue crítico al referirse a la quema de microfilmes y enfatizó en que los compromisos suscritos por el Ejército nunca se cumplieron, ya que al pasar los años “solo entregaron información inexacta y respuestas burocráticas sin contenido. Lo que firmaron en la Mesa de Diálogo lo hicieron de mala fe”.
De acuerdo al abogado, “a estas alturas solo queda reforzar la actividad de los jueces y que los tribunales sigan haciendo su trabajo”. Esto porque, desde su perspectiva, las Fuerzas Armadas no han entregado información a pesar de las exigencias, además advirtió que tampoco hay voluntad para “poner en juego la estabilidad de los altos mandos al no cumplir esta obligación”.
Roberto Garretón, abogado que también participó de la Mesa de Diálogo, cuestionó el rol que han asumido las autoridades de Gobierno. El jurista advirtió que no han hecho nada por terminar con el pacto de silencio que mantienen las Fuerzas Armadas.
El jurista comentó que en “la lucha por los Derechos Humanos solo una minoría de los actores políticos ha hecho algo por investigar los crímenes de lesa humanidad”. Afirmó que no ha existido un interés real para que se haga justicia y que “todos los avances son gracias a los familiares de las víctimas, los defensores de DDHH y parte de las iglesias”.
“Esto no es para sorprender a nadie. Sabemos que las Fuerzas Armadas chilenas han hecho uso absoluto de la mentira y de las trampas, para eludir las violaciones a los Derechos Humanos que ellos cometieron. Esto revela una cobardía de los militares chilenos, quemar la información es un acto de cobardía para negar la justicia que se estaba comenzando a ejercer en Chile”, agregó.
Sobre la destrucción de los archivos en plena democracia y la promesa de las Fuerzas Armadas, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, señaló que “esto es parte de las realidades que vamos conociendo con los años”.
Para la subsecretaria, el tema de la verdad y la justicia en materia de Derechos Humanos no tiene una etapa, por lo que siempre aparecerán nuevos antecedentes que ayudarán a esclarecer situaciones.
A su juicio, lo importante que es los crímenes no se vuelvan a repetir. “Yo no estoy avalando el pacto de silencio, sino que más bien creo que en la medida que avanzamos en democracia se van rompiendo cadenas que eventualmente podrían mantener ciertos secretos o información que no aparece. Es lo que pasa y es lo que ha pasado en todos los países que han vivido crímenes de lesa humanidad”.
En el artículo “Cómo los archivos en microfilme de la dictadura de Pinochet se hicieron humo”, las fuentes del Ejército sostienen que se trataba de información administrativa. Sin embargo, en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, su autora enfatizó en que en este caso cualquier antecedente es relevante y que lo grave es que fueron destruidos en democracia.
Según revela el reportaje de la periodista Pascale Bonnefoy, a principio del año 2000 aproximadamente 50 rollos de microfilmes que contenían información de los principales órganos represivos de la dictadura fueron quemados en la Escuela de Inteligencia del Ejército en la localidad de Nos.
Mientras esto ocurría, estaba en pleno desarrollo la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos, donde desde las Fuerzas Armadas aseguraron que no tenían información sobre los crímenes cometidos. Sin embargo, se comprometieron a obtener antecedentes útiles “para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o establecer su destino”.
Héctor Salazar, abogado de DDHH y miembro de la Mesa de Diálogo que se llevó acabo entre el año 1999 y 2000, fue crítico al referirse a la quema de microfilmes y enfatizó en que los compromisos suscritos por el Ejército nunca se cumplieron, ya que al pasar los años “solo entregaron información inexacta y respuestas burocráticas sin contenido. Lo que firmaron en la Mesa de Diálogo lo hicieron de mala fe”.
De acuerdo al abogado, “a estas alturas solo queda reforzar la actividad de los jueces y que los tribunales sigan haciendo su trabajo”. Esto porque, desde su perspectiva, las Fuerzas Armadas no han entregado información a pesar de las exigencias, además advirtió que tampoco hay voluntad para “poner en juego la estabilidad de los altos mandos al no cumplir esta obligación”.
Roberto Garretón, abogado que también participó de la Mesa de Diálogo, cuestionó el rol que han asumido las autoridades de Gobierno. El jurista advirtió que no han hecho nada por terminar con el pacto de silencio que mantienen las Fuerzas Armadas.
El jurista comentó que en “la lucha por los Derechos Humanos solo una minoría de los actores políticos ha hecho algo por investigar los crímenes de lesa humanidad”. Afirmó que no ha existido un interés real para que se haga justicia y que “todos los avances son gracias a los familiares de las víctimas, los defensores de DDHH y parte de las iglesias”.
“Esto no es para sorprender a nadie. Sabemos que las Fuerzas Armadas chilenas han hecho uso absoluto de la mentira y de las trampas, para eludir las violaciones a los Derechos Humanos que ellos cometieron. Esto revela una cobardía de los militares chilenos, quemar la información es un acto de cobardía para negar la justicia que se estaba comenzando a ejercer en Chile”, agregó.
Sobre la destrucción de los archivos en plena democracia y la promesa de las Fuerzas Armadas, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, señaló que “esto es parte de las realidades que vamos conociendo con los años”.
Para la subsecretaria, el tema de la verdad y la justicia en materia de Derechos Humanos no tiene una etapa, por lo que siempre aparecerán nuevos antecedentes que ayudarán a esclarecer situaciones.
A su juicio, lo importante que es los crímenes no se vuelvan a repetir. “Yo no estoy avalando el pacto de silencio, sino que más bien creo que en la medida que avanzamos en democracia se van rompiendo cadenas que eventualmente podrían mantener ciertos secretos o información que no aparece. Es lo que pasa y es lo que ha pasado en todos los países que han vivido crímenes de lesa humanidad”.
En el artículo “Cómo los archivos en microfilme de la dictadura de Pinochet se hicieron humo”, las fuentes del Ejército sostienen que se trataba de información administrativa. Sin embargo, en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, su autora enfatizó en que en este caso cualquier antecedente es relevante y que lo grave es que fueron destruidos en democracia.
Según revela el reportaje de la periodista Pascale Bonnefoy, a principio del año 2000 aproximadamente 50 rollos de microfilmes que contenían información de los principales órganos represivos de la dictadura fueron quemados en la Escuela de Inteligencia del Ejército en la localidad de Nos.
Mientras esto ocurría, estaba en pleno desarrollo la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos, donde desde las Fuerzas Armadas aseguraron que no tenían información sobre los crímenes cometidos. Sin embargo, se comprometieron a obtener antecedentes útiles “para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos o establecer su destino”.
Héctor Salazar, abogado de DDHH y miembro de la Mesa de Diálogo que se llevó acabo entre el año 1999 y 2000, fue crítico al referirse a la quema de microfilmes y enfatizó en que los compromisos suscritos por el Ejército nunca se cumplieron, ya que al pasar los años “solo entregaron información inexacta y respuestas burocráticas sin contenido. Lo que firmaron en la Mesa de Diálogo lo hicieron de mala fe”.
De acuerdo al abogado, “a estas alturas solo queda reforzar la actividad de los jueces y que los tribunales sigan haciendo su trabajo”. Esto porque, desde su perspectiva, las Fuerzas Armadas no han entregado información a pesar de las exigencias, además advirtió que tampoco hay voluntad para “poner en juego la estabilidad de los altos mandos al no cumplir esta obligación”.
Roberto Garretón, abogado que también participó de la Mesa de Diálogo, cuestionó el rol que han asumido las autoridades de Gobierno. El jurista advirtió que no han hecho nada por terminar con el pacto de silencio que mantienen las Fuerzas Armadas.
El jurista comentó que en “la lucha por los Derechos Humanos solo una minoría de los actores políticos ha hecho algo por investigar los crímenes de lesa humanidad”. Afirmó que no ha existido un interés real para que se haga justicia y que “todos los avances son gracias a los familiares de las víctimas, los defensores de DDHH y parte de las iglesias”.
“Esto no es para sorprender a nadie. Sabemos que las Fuerzas Armadas chilenas han hecho uso absoluto de la mentira y de las trampas, para eludir las violaciones a los Derechos Humanos que ellos cometieron. Esto revela una cobardía de los militares chilenos, quemar la información es un acto de cobardía para negar la justicia que se estaba comenzando a ejercer en Chile”, agregó.
Sobre la destrucción de los archivos en plena democracia y la promesa de las Fuerzas Armadas, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, señaló que “esto es parte de las realidades que vamos conociendo con los años”.
Para la subsecretaria, el tema de la verdad y la justicia en materia de Derechos Humanos no tiene una etapa, por lo que siempre aparecerán nuevos antecedentes que ayudarán a esclarecer situaciones.
A su juicio, lo importante que es los crímenes no se vuelvan a repetir. “Yo no estoy avalando el pacto de silencio, sino que más bien creo que en la medida que avanzamos en democracia se van rompiendo cadenas que eventualmente podrían mantener ciertos secretos o información que no aparece. Es lo que pasa y es lo que ha pasado en todos los países que han vivido crímenes de lesa humanidad”.
En el artículo “Cómo los archivos en microfilme de la dictadura de Pinochet se hicieron humo”, las fuentes del Ejército sostienen que se trataba de información administrativa. Sin embargo, en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, su autora enfatizó en que en este caso cualquier antecedente es relevante y que lo grave es que fueron destruidos en democracia.
